El Gobierno tensa la relación con las comunidades autónomas con su propuesta de duplicar los impuestos de vivienda a los extracomunitarios

El Gobierno ha anunciado una medida que ha generado inquietud en el sector inmobiliario y ha abierto un nuevo frente fiscal con las comunidades autónomas: los compradores extracomunitarios deberán pagar el doble de impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) al adquirir una vivienda, pasando del 6% al 12%.

Aunque se presenta como una medida para facilitar el acceso a la vivienda para los nacionales, desde el sector se apunta que el impacto será sobre viviendas de lujo que no están al alcance de la mayoría de españoles. La medida afectará especialmente a compradores británicos en la costa, latinoamericanos y mexicanos que invierten en inmuebles de alto valor.

Según Dfive, firma internacional especializada en el sector inmobiliario, en conversaciones con ECONOMÍA DIGITAL, estos compradores no compiten con el mercado nacional de vivienda habitual, ya que su perfil es muy distinto: buscan propiedades de alto standing, muchas veces como inversión o segunda residencia.

Además, señalan que esta subida impositiva entra dentro de una narrativa populista que recuerda al debate en torno a la Golden Visa, cuando se argumentaba que los extranjeros compraban residencia a cambio de inmuebles.

«Eso no era cierto: la compra no otorgaba automáticamente la residencia, y ningún extranjero quería ser residente fiscal en España para tributar al 47%», indican desde Dfive. «La Golden Visa representaba solo el 0,34% del mercado inmobiliario«.

La decisión del Ejecutivo se asemeja a lo ocurrido con el Impuesto de Patrimonio y el de Grandes Fortunas, cuando algunas comunidades, como Madrid, tuvieron que reintroducir estos tributos para evitar que la recaudación se la quedara el Estado.

Dfive indica que algo similar podría suceder ahora: la Comunidad de Madrid podría verse obligada a elevar el ITP al 12% para retener la recaudación.

Desde el sector se advierte que esta doble imposición podría ser inconstitucional. «Las comunidades autónomas tienen potestad legislativa sobre tributos como el ITP. Si el Estado impone una tasa adicional, se estaría produciendo una doble imposición que vulnera la Constitución», explican. Esta situación, apuntan, reproduce el conflicto competencial ya visto con tributos autonómicos anteriores.

Dfive señala también que compradores como los mexicanos suelen pagar entre un 20% y un 30% por encima del precio de mercado, y que lo hacen con mecanismos contractuales que permiten al vendedor descontar ese sobreprecio, por lo que la subida del impuesto no necesariamente les disuadirá. Tampoco buscan residencia fiscal en España, por lo que no entran en el régimen de tributación progresiva nacional.

Desde el punto de vista político, la narrativa que respalda esta medida se basa en la idea de que los extranjeros extracomunitarios están encareciendo la vivienda y dificultando el acceso a los nacionales, una percepción que el sector rechaza. «El español medio no accede a esas viviendas, que están muy por encima de su capacidad adquisitiva«, reiteran desde Dfive.

Frente a esta situación, se prevé que las comunidades autónomas adopten medidas propias para proteger su autonomía fiscal y evitar que el Estado absorba competencias exclusivas, lo que podría desencadenar nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional.

Más allá de la vivienda

Guillermo Revilla, socio director de Diza Consultores, advierte que las implicaciones de esta medida van más allá del ámbito estrictamente inmobiliario. Según explica, este tipo de decisiones puede proyectar una imagen de incertidumbre ante los inversores internacionales, lo que a su juicio podría desincentivar futuras inversiones en España.

Además, destaca que los compradores extracomunitarios suelen generar un efecto arrastre en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios personales, especialmente en zonas turísticas o de alto poder adquisitivo.

La restricción de su acceso al mercado inmobiliario nacional, subraya, puede terminar afectando a economías locales que dependen en buena medida de este tipo de actividad económica complementaria.