Puigdemont y Junqueras exprimen a los presos para el 28-A- En la imagen la ex consejera Dolors Bassa en el juicio al "procés". Foto: Tribunal Supremo
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La exconsellera declara que la Generalitat nunca planteó el 1-O como "un acto concluyente" para la independencia ni contempló la unilateralidad

Iván Vila

Economía Digital

Puigdemont y Junqueras exprimen a los presos para el 28-A- En la imagen la ex consejera Dolors Bassa en el juicio al "procés". Foto: Tribunal Supremo

Barcelona, 20 de febrero de 2019 (19:29 CET)

Desde que el 7 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la ley del Parlament que lo avalaba, la Generalitat no movió un dedo para hacer posible el referéndum del 1-O. Y tampoco se planteó nunca que el referéndum fuera “un acto concluyente” para lograr la independencia, un objetivo que el gobierno de Carles Puigdemont se planteó siempre exclusivamente en un marco acordado con el Estado. Eso es lo que afirmó este miércoles la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, durante su declaración ante el Tribunal Supremo.

Bassa es una de entre los tres acusados en el juicio del procés de ERC junto con Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero a diferencia de estos, con los que no comparte abogado, Bassa sí se sometió al interrogatorio del fiscal y la abogada del Estado. Sí rechazó contestar a la acusación popular ejercida por Vox, como han hecho hasta ahora todos los procesados.

El testimonio de la exconsellera estuvo mucho más en la línea de la de Joaquim Forn. Ambos han sido los procesados que de una forma más explícita han insistido en que el govern nunca tuvo la intención real de declarar la independencia. Es decir, en que todo fue un simulacro.

Desobedientes y nada más

La exconsellera insistió en una tesis compartida por todos los interrogados hasta ahora: la convicción de que celebrar el referéndum no era delito, pese a la media docena de  requerimientos emitidos con carácter preventivo por el Tribunal Constitucional advirtiendo a la Generalitat de que se abstuviera de impulsar la consulta. Así que, en todo caso, admitía, como los demás procesados, la desobediencia al TC, un delito que nadie les atribuye en la causa, y que es mucho más leve que los de malversación, sedición y rebelión, que son los que les imputan las acusaciones.

Más allá de esa admisión, subrayó que desde que  el Constitucional suspendió la ley del referéndum aprobada por el Parlament el 6 de septiembre de 2017, la Generalitat no dio ni un solo paso más para hacer posible la consulta ilegal del 1-O.

Si se llevó a cabo, fue, según su relato, sin ningún concurso del ejecutivo catalán, que se limitó a no desconvocarlo, por lo que tampoco gastó un euro. Al menos, tras esa suspensión del TC. Y si hubo algún gasto antes, Bassa dijo desconocerlo. La abogada del estado Rosa María Seoane, le preguntó cómo pensaba celebrar el referéndum sin dotarlo de medios, y la acusada se  limitó a replicar que el pensamiento es libre y que no le iba a contestar lo que pensaba.

Una "situación excepcional" ajena al 1-O

Ese relato de  la inacción lo defendió Bassa hasta extremos inverosímiles. Cuando el fiscal Fidel Cadena le preguntó por el motivo por el cual su departamento asumió directamente la dirección de los centros cívicos de la Generalitat durante el fin de semana del 1-O, alegó que fue “por la gran cantidad de peticiones de actividades” planteadas por entidades de la sociedad civil para esas fechas.

Muchos directores de esos equipamientos, que fueron usados como centros de votación, expresaron reticencias a abrirlos el sábado y el domingo alegando la posible responsabilidad civil que podrían tener en caso de incidentes, por lo que el departamento asumió por escrito la dirección de los centros desde el viernes 29 de septiembre hasta el día 2 de octubre.

En el documento en el que se concreta esa asunción temporal de las competencias de los directores se decía que la decisión a raíz de la “situación excepcional” que vivía Cataluña. Pero, según Bassa, esa excepcionalidad no hacía referencia al 1-O, sino a la gran cantidad de peticiones de actividades.

Desconocimiento e inacción

Bassa también dijo desconocer los borradores de facturas encontradas en una sede de la empresa de mensajería Unipost por valor de un millón de euros y con cargo a la Generalitat, una de las cuales, por un valor de más de 200.000 euros, señalaba como cliente al departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. “Es la primera vez que lo veo”, zanjó.

También aseguró que el registro de voluntarios que gestionaba su departamento no era para organizar el 1-O, como alega la fiscalía, sino que era un registro de entidades existente desde 1994, y que no conocía el documento Enfocats, encontrado en casa del exsecretario general de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y que describía un plan para declarar la independencia.

Y sobre el otro plan, el que constaba en el programa electoral de Junts pel Sí de declarar la independencia en 18 meses, y que quedó aparcado a las primeras de cambio, aseguró que no participó en su redacción y que le explicaron que el plazo se inspiró en el tiempo que se tardó en el Reino Unido en pactar el referéndum de autodeterminación de Escocia. Siempre sin más intención, como en el caso escocés, de llegar a un acuerdo con el gobierno español.

La DUI, "declaración de intenciones"

Eso, antes del 1-O. Pero para después, vale lo mismo. Así, insistió en que la huelga organizada el 3 de octubre en protesta por las cargas policiales para impedir el referéndum era “una huelga laboral” y no formaba parte de ningún plan independentista. Y también negó que la Generalitat planteara no descontar el sueldo a los funcionarios que secundaran la huelga, como se anunció en su día y como recogen los escritos de acusación, sino que lo que acordó el govern fue que los huelguistas tuvieran cuatro meses de margen para recuperar las horas perdidas.

Eso, sobre el 3 de octubre. Sobre el 27, su planteamiento fue intercambiable con el de Forn. Como en el caso del exconseller, a preguntas de su defensor, Mariano Bergés, Bassa remarcó que lo que votó el Parlament era una propuesta de resolucion, es decir, "una declaración de intenciones", que solo recogía la declaración unilateral de independencia (DUI) en su parte declarativa, y no en la resolutiva, que es la que se vota.

Y añadió, también como Forn, que, tras la votación, la resolución no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ni en el Boletín Oficial del Parlament. Y que, en definitiva, “no se hizo nada”, porque nunca hubo más intención que la de la negociación y el pacto. La idea de la unilateralidad, a decir y repetir de Bassa, nunca existió.

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