El 55% de los españoles desconfía aún de la vacuna de coronavirus

Más de la mitad de la población prefiere esperar a conocer los efectos secundarios antes de vacunarse, según un estudio del CIS

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La mayoría de la población española tiene aún muchas dudas sobre la vacuna contra el coronavirus. El 55% de los ciudadanos no están dispuestos a vacunarse inmediatamente, sino que prefieren esperar a ver los efectos secundarios de la inyección, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

Por lo contrario, el 32,5% afirma que está dispuesto a vacunarse cuanto antes, mientras que un 8,4% no estaría dispuesto a inyectarse en ningún caso. Menos del 4% no sabe o no contesta. Si se da el caso de que el médico recomendara la vacuna por historia clínica o riesgo de contagio, el 59,6% de los escépticos afirma que lo haría pero un 26,2% dice que no se vacunaría en ningún caso.

El 55% que dice que prefiere esperar es superior al 47% que en el barómetro del CIS de noviembre rechazaba vacunarse inmediatamente. Varias encuestas han mostrado una tendencia similar. Y, aunque el Gobierno ha confirmado que la vacunación no será obligatoria, es cierto que prevé lanzar campañas informativas para animar a los ciudadanos a vacunarse para poner fin a la pandemia.

Los ciudadanos no son los únicos que se cuestionan la vacuna de Covid-19. Varios expertos también han reprochado la falta de transparencia en torno a las que se han aprobado o están camino de autorizarse, y todavía no está claro cuánto tiempo podrán proteger de una infección o cuáles son sus efectos en distintos tipos de poblaciones.

En el más reciente estudio del CIS, que se realizó con una muestra de 2.131 entrevistas en toda España entre el 23 y el 26 de noviembre, consta que casi el 83% de los españoles se ha informado últimamente sobre los avances de la vacuna, frente a un 16,5% que no. De todos los encuestados, solo una tercera parte se vacunaría de inmediato si su médico se lo aconsejase.

El CIS sondea el endurecimiento de sanciones por incumplir medidas

El estudio publicado este viernes por el CIS, organismo dependiente de Presidencia dirigido por el socialista José Félix Tezanos, es exclusivo sobre los efectos y consecuencias del coronavirus en la sociedad española tras casi nueve meses desde que fue declarada como tal y asumida por los dirigentes con la mayor emergencia sanitaria, social y económica del último siglo.

El CIS de Tezanos ha preguntado, entre otras cosas, por el cumplimiento de las medidas de protección contra la Covid-19, como lo son el uso obligatorio de mascarillas y la distancia interpersonal. El 78,4% ha respondido afirmativamente a su pregunta de si son necesarias medidas impositivas como sanciones o multas a quienes incumplan estas medidas, frente a un 16% que opta por confiar en la voluntad ajena.

De los que creen que son necesarias medidas impositivas, el 49,4% señala que hay que endurecer las sanciones mientras que un 42,2% no cree que sea necesario. La división se muestra también con el dato de que casi empatan quienes creen que la reacción de los españoles a la crisis ha sido ejemplar (el 45,5%) y quienes más bien opinan lo opuesto (el 43,5%).

Ocho de cada diez españoles considera que, después del confinamiento que acabó a finales de junio, muchas personas empezaron a saltarse las normas, lo que también sugiere desconfianza en el civismo de los coterráneos. Y solo un 36,3% cree que, cuando termine la pandemia, las cosas volverán a ser más o menos como antes.

La mayoría (el 63,1%) rechaza un nuevo confinamiento domiciliario para atajar la segunda ola de la pandemia, pero también hay consenso con respecto a la declaración del segundo estado de alarma, que estará vigente hasta el próximo mayo, dado que el 19% dijo estar muy de acuerdo y el 38,2% bastante de acuerdo.

Sobre quiénes son más indisciplinados con respecto al cumplimiento de las medidas, más del 60% señala a los jóvenes. Y sobre la situación de las residencias de mayores, un impresionante 80% cree que deben ser intervenidas, ya sea por el Gobierno, por las comunidades autónomas o por los ayuntamientos.

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