Un furgón policial entra en el Tribunal Supremo. EFE/Chema Moya

El coste de la independencia (calculado en años de cárcel)

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El Tribunal Supremo abre este martes el juicio del 'procés'. Las peticiones de prisión a los dirigentes soberanistas suman 174 años

Barcelona, 12 de febrero de 2019 (04:55 CET)

El juez Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) lo tenía sencillo para no estar este martes al frente del tribunal que comienza a juzgar a 12 dirigentes independentistas por el 'procés'.

A Marchena le bastaba con haber aceptado la plaza que le ofrecieron PP y PSOE para ser presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el magistrado rechazó el regalo de PP y PSOE porque no quiso ser partícipe de ningún cambalache político y siguió a lo suyo como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) también tenía una alternativa para no estar este martes en el Tribunal Supremo. Podía haberse dado a la fuga tras la declaración de independencia de Cataluña. Si lo hubiera hecho, hoy podría explicar que es un "exiliado" y pasarse el día colgando mensajes en las redes sociales. Es lo que hizo Carles Puigdemont. Pero Junqueras optó por permanecer en su sitio y por pagar el precio.

Es posible que no le salga barato. La fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras. Algo menos (17 años) pide para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. El ministerio público completa sus peticiones de prisión con 16 años para otros ex consellers (Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa) y con 6 años para los también ex consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. En total, 174 años de cárcel.

Marchena vs Junqueras

Marchena y Junqueras, dos hombres que podían haber evitado la cita de este martes, tuvieron un ataque de dignidad por distintos motivos y este martes se verán las caras en el Tribunal Supremo. Comienza un juicio que debe servir para muchas cosas, entre otras para medir la talla de estos dos protagonistas.

El juez Marchena, enmarcado en el sector conservador de la judicatura, conoce las intenciones de Junqueras y compañía: todos piensan llevar su caso a instancias internacionales y, por tanto, no puede cometer errores —sobre todo, procedimentales— para que no ocurra algo parecido a lo que ocurrió con Otegi (Estrasburgo sacó los colores a la Audiencia Nacional). 

Junqueras, por su parte, lleva meses intentando mostrarse como una especie de hombre del tanque de Tiananmen. No puede desviarse de este relato. Nadie entendería, a estas alturas, que optara por escabullirse de las culpas, tal y como harán otros de los acusados. "Lo volvería a hacer", dijo hace poco el presidente de ERC.

Escribir la sentencia

Pero el juicio trascenderá las figuras de Marchena vs Junqueras, por importantes que sean. Todos los implicados están ante la exigencia de medir su influencia. El independentismo intenta que los catalanes graben sobre mármol que el estado español, "antidemocrático y posfranquista", encarcela a "inocentes".

El constitucionalismo, por su parte, tiene a su alcance un relato efectivo, consistente en recrearse en las contradicciones de algunos dirigentes soberanistas que, tiempo después, intentan fingir que la proclamación de la independencia fue poco más que una chiquillada. Y también tiene otro relato, más adusto, que puede hilvanar mezclando el golpismo, la sedición y la rebelión. Llega la hora de llamar a las cosas por su nombre.

Anoten este pronóstico, dicho en privado, de un antiguo magistrado del Tribunal Constitucional: "No los van a condenar por rebelión".

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