El Tribunal de Cuentas señala trato de favor a Cataluña con el FLA

La Generalitat destina parte de los fondos del FLA a servicios públicios que no son prioritarios y vulnera los plazos de devolución sin ninguna penalización

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Un informe del Tribunal de Cuentas denuncia que el ministerio de Hacienda ha dado trato de favor a la Generalitat de Cataluña a la hora de gestionar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), generando un «agravio» respecto de otros ejecutivos autonómicos.

El documento, que fiscaliza los ejercicios 2015 y 2016, constata que el catalán, que es el gobierno que más dinero recibió del fondo, destina parte de los ingresos a capítulos que no eran el de servicios públicos prioritarios, como está estipulado, y que además vulnera los plazos de devolución del dinero sin ser penalizada por ello.

El Tribunal de Cuentas reclama en ese sentido que se suprima el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos  en virtud del cual se decidió en 2016 perdonar todos los intereses, incluidos los de demora, a las comunidades que incumplieran los plazos de devolución de los préstamos del Gobierno, una medida de gracia que beneficia sobre todo al ejecutivo catalán, que es el que acumula más morosidad en el periodo analizado.

Cataluña acumula el 67% de morosidad autonómica

El informe, cuyo contenido recoge El Mundo, apunta en un anexo que entre 2016 y 2018, 5.516 de los 8.150 millones que no han sido devueltos a tiempo por parte de las comunidades autonómas corresponden a la Generalitat, que acumula por tanto el 67% del total de la morosidad autonómica referida a las devoluciones del FLA. La segunda en ese ránquing, es la Comunidad Valenciana, con 2.265 millones. En 2016 y 2017, el gobierno catalán dejó de atender vencimientos por valor de 1.351 millones anuales, mientras que en 2018, la cifra ascendió a 2.812 millones. 

El Tribunal de Cuentas advierte además de que Cataluña y otras comunidades acaban pagando lo que deben a base de nuevos préstamos del FLA, un procedimiento que Hacienda acepta con el argumento de que si no fuera así, «tendrían dificultades para atender los vencimientos», a lo que el tribunal replica planteando que el Gobierno distribuya los préstamos «con suficiente antelación» para evitar retrasos en las devoluciones.

Un ahorro de 18.229 millones por no salir al mercado

No es el único agravio. El informe también revela que el ministerio no distribuye de forma equitativa entre las comunidades el ahorro que les supone recibir préstamos del FLA a tipo nulo o mínimo de interés en lugar de salir al mercado, lo que favorece a las más endeudadas. En ese sentido, entre 2012 y 2016, por concretar, el gobierno catalán ahorró gracias al FLA un total de 18.229 millones; la Generalitat valenciana, 11.375, y la Junta de Andalucía, 7.459, mientras que el resto de ejecutivos autonómicos ahorraron en conjunto 11.426 millones.

El Tribunal concede que lo que sí discriminaría a Cataluña es el control especial que se le aplica desde 2015, pero lo relativiza y además aporta datos que lo justifican, como que la Generalitat ha destinado 270 millones a «una entidad pública cuya entidad está relacionada con telecomunicaciones y tecnologías de la información», es decir, que no encaja en la categoría de «servicios públicos prioritarios», que es a lo que se supone que tiene que destinarse el dinero del FLA.

Es más, de ese dinero, el destino de 96 millones no ha podido verificarse porque los proveedores que acabaron recibiéndolos no han aportado facturas, sino solo contratos, y otros 84,4 no han sido certificados de forma específica, como corresponde

El Estado, principal acreedor de la Generalitat

En septiembre del año pasado, la Generalitat debía al Estado 57.513 millones, lo que supone más del 70% del total de su deuda. En esa misma fecha, la deuda de la Comunidad Valenciana ascendía a 38.734 millones, y la de Andalucía, tercera clasificada, a 27.101 millones. El gobierno de Quim Torra ha anunciado que no pedirá más dinero al FLA, pero seguirá pidiendo préstamos estatales, a partir de ahora, al Fondo de Facilidad Financiera, reservado a las autonomías que cumplen los objetivos de déficit, deuda pública y pago a proveedores.

 

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