Carles Puigdemont y Quim Torra, durante uno de sus encuentros en Bélgica. EFE

La gran contradicción de Quim Torra con los tribunales

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El president convierte la vía penal en un recurso habitual para escenificar su "respuesta combativa" cada vez que tiene que acatar decisiones que rechaza

Barcelona, 28 de marzo de 2019 (21:06 CET)

Quim Torra sigue abonado al reproche al Gobierno de España, a la Fiscalía y a los partidos constitucionalistas por la “judicialización de la política”, cuya máxima expresión entiende que son el juicio del procés en el Tribunal Supremo y las otras causas abiertas por el mismo asunto en el juzgado 13 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Audiencia Nacional.

Este mismo miércoles, en una entrevista en la Ser, Torra reprochaba a Ciudadanos, sin nombrarlo, su afición “a presentar querellas”, y volvía a abogar por sublevarse contra esa forma de actuar. “Hagámos política de una vez, no nos envíemos a los juzgados”, clamaba.

Pero insistir en esos planteamientos no le parece incompatible al presidente de la Generalitat con haber convertido la vía penal en un recurso habitual. Tanto como, hasta la fecha, estéril. La querella que ha presentado esta semana Torra por prevaricación contra la Junta Electoral Central (JEC) es ya la quinta que interpone en los 10 meses que lleva en la Generalitat.

De hecho, el president ya arrancó así su mandato, con una primera demanda presentada ante el Tribunal Supremo 24 horas antes de la toma de posesión de sus consellers y que iba dirigida contra Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, a los que acusó de “prevaricación por omisión”. ¿El motivo? Que el Gobierno, todavía en aplicación del 155, se había negado a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el primer decreto de nombramiento de miembros de su gobierno dictado por Torra, para no así dar luz verde a la toma de posesión de consellers en prisión o en el extranjero, algo que el ejecutivo central entendía  que constituía un acto ilegal.

Esa querella le permitió a Torra escenificar que presentaba batalla tras acatar una decisión a la que se oponía. Y esa estrategia, la de dar “una respuesta combativa”, en palabras de la hasta la semana pasada portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, es la que ha repetido ahora a modo de colofón a su peculiar pulso sobre los lazos (primero amarillos, luego blancos) tras acatar la orden de la JEC de retirarlos.

La inadmisión o el archivo, destino habitual

Está por ver si esta vez tendrá más recorrido. Aquella primera querella fue inadmitida a trámite por el Supremo el 12 de junio. Y ese, el de la inadmisión o el archivo, fue también el destino de las que vinieron detrás.

Apenas una semana después de su primera demanda penal, Torra presentó la segunda. Esta vez, contra el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, al que acusó de “incitación al odio” por haberle llamado “nazi” en un programa de radio. Esta sí fue aceptada por un juzgado de Sevilla, pero solo para acabar archivada en noviembre.

En esos meses finales de 2018, Torra puso otras dos demandas por asuntos similares contra el exministro José Bono y el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. El primero también había asociado expresiones presentes en varios textos firmados por Torra con planteamientos nazis, y el segundo le llamó “racista” y “golpista” en un debate y en las redes sociales. Las dos querellas fueron inadmitidas respectivamente por un juzgado de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En ambos casos, los autos hacían prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor del president.

En diciembre, además, Torra también anunció que se querellaría por motivos parecidos contra el presidente del PP, Pablo Casado, después de que este lo tachara en un míting de "desequilibrado". Pero de esa demanda nunca más se supo.

Apuesta estratégica

Más allá de las querellas presentadas personalmente por Torra, el gobierno catalán también ha interpuesto una demanda por presuntas detenciones ilegales contra la Policía Nacional por la operación efectuada en Girona en enero pasado y saldada con 16 detenciones relacionadas con los incidentes del primer aniversario del referéndum del 1-O. Y se ha sumado a los recursos presentados por el Parlament y Podemos contra el acuerdo del Senado que validó la aplicación del 155.

La apuesta del independentismo por recurrir ante el mismo poder judicial que no cesa en su empeño de desacreditar responde no solo a la vocación de escenificar la voluntad de mantener las espadas en alto. Además, permite, en caso de ganar, esgrimir la resolución de turno como argumento de autoridad, y, en caso de perder, usarla políticamente como ejemplo para denunciar el sesgo ideológico de los tribunales españoles y recurrir después a la justicia europea, a la que no se puede acceder antes de agotar las vías judiciales en España. De ahí que esa apuesta no se circunscriba solo al gobierno catalán.

De hecho, el expresident Carles Puigdemont también se ha abonado a esa misma vía, aunque, en su caso, con la mirada puesta directamente en la internacionalización de la causa.

Ataque de Puigdemont a Llarena (y a Torrent)

Así, aparte de presentar ante los tribunales belgas -y con la vista puesta a largo plazo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- una demanda civil contra el juez instructor de la causa del 9-N, Pablo Llarena, que hace dos semanas extendió al Reino de España, el antecesor de Torra recurrió ante el Tribunal Constitucional primero el auto de Llarena que le suspendía como diputado y, después, la decisión de la Mesa del Parlament de retirarle el voto delegado en cumplimiento de ese auto.

Ese último recurso supone de paso un ataque al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a ERC, el partido al que pertenece, pero la formación de Puigdemont, Junts per Catalunya (JpC), lo justifica como una medida “técnica” e imprescindible para poder recurrir en última instancia a la justicia internacional.

La propia mayoría independentista en la Mesa del Parlament había anunciado a su vez meses antes, y contra el criterio de los servicios juríricos de la cámara, una querella contra Llarena y tres magistrados de la sala de apelaciones del Supremo por la suspensión de Puigdemont y los demás diputados independentistas procesados, pero finalmente todo quedó en una denuncia interpuesta por Torrent y que fue archivada por un defecto de forma: el alto tribunal alegó que lo que debería haber presentado Torrent era, precisamente, una querella, al ser ese el mecanismo previsto en el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para pedir responsabilidades penales contra jueces y magistrados.

"Acusar al Estado"

Pese a que nunca ha llegado a interponer ninguna demanda penal, esa no era la primera vez que la Mesa del Parlament amagaba con una. La legislatura pasada la mayoría independentista ya acordó presentar una querella contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por no acudir a la comisión de la "operación Cataluña", que, tras ser anunciada a los cuatro vientos, acabó rebajada a una mera notificación a la fiscalía.

No importó mucho, ni cuenta demasiado el por lo general corto recorrido de cada una de las demandas. La simple presentacion de la misma, o el mero anuncio de que se presentará, ya cumple con la función de poner en escena esa "respuesta combativa", esa perpetua actitud de "acusar al Estado" de la que habla Torra y para la el independentismo sigue recurriendo de forma sistemática a esa justicia en la que se desgañita por dejar claro que no cree.

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