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Los empresarios lamentan que sea tan complicado negociar e, incluso, sentarse a hablar con la alcaldesa de Barcelona

Barcelona, 08 de julio de 2017 (05:55 CET)

Ada Colau mantiene conflictos con hoteleros, restauradores, comerciantes, bancos, fondos de inversión, inmobiliarias y, en especial, con las concesionarias, ya sean empresas energéticas o de servicios funerarios. Incluso se enfrenta a los sindicatos, que representan a los trabajadores. En resumen, la alcaldesa ha declarado hostilidades a los sectores más dinámicos de la economía barcelonesa. Sus empresarios más representativos lamentan que sea “tan difícil”, por no decir imposible, establecer un dialogo con el gobierno municipal. El hartazgo ha estallado.

El turismo abrió la caja de los truenos. Utilizado como arma arrojadiza durante la campaña electoral, empresarios y asociaciones vecinales se tiraban los trastos a la cabeza cada vez que se encontraban. A propuesta de Colau, hace poco más de un año se constituyó el Consejo de Turismo y Ciudad para limar asperezas y debatir sobre los problemas que genera la avalancha de visitantes extranjeros. Los empresarios se han hartado de este foro. Se sienten en minoría porque sólo son 13 de sus 60 miembros, en su mayoría críticos con el turismo.

Por ello han creado lo que denominan la mesa Miramar. Reunidos en el hotel homónimo, patronales, agentes de viajes, hoteleros y responsables de la promoción se reúnen periódicamente con tal de analizar las razones por las que en 12 meses no se ha tomado ni una sola decisión. Ni relevante ni de segunda categoría, nada. "Es más, el turismo se acostumbra a tratar desde una perspectiva negativa y no constructiva", lamentan. Los comerciantes se han encontrado en situaciones parecidas. Se les ha invitado a menudo a “procesos participativos” de barrio en los que siempre se imponían las tesis del partido de la alcaldesa.

El muro de Colau

A nivel particular, los hoteleros fueron los primeros en toparse con el muro de Colau: ni hablar de nuevas licencias turísticas. La edil se encontró en un primer momento con el apoyo, siempre fuera de cámaras y lejos de los micrófonos, del Gremi d'Hotels, que veía como el cierre del grifo frenaba la llegada de nuevos competidores internacionales a la ciudad y permitía a sus asociados subir los precios. Mientras, las constructoras se tiraban de los pelos lideradas por Nuñez y Navarro.

Por el camino han quedado enfrentamientos con Emin Capital, el fondo de inversión que trató de convertir la Torre Agbar en un hotel, o Praktik Hoteles, que todavía lucha por erigir dos establecimientos en les Drassanes. Los que sí han logrado rebasar la valla al contar con un permiso previo han tenido que navegar sobre mares de papeleo y certificados en las constantes comisiones que surgían a su paso.

"Todo son pegas, pero algo hay que reconocerles: lo hacen por convencimiento y no por motivaciones ocultas", explica un promotor.

Un año y medio ha durado la moratoria. Dieciocho meses hasta que el consistorio ha definido una política alrededor de los inmuebles turísticos. La relación entre los cerebros del gremio y el ayuntamiento se ha agrietado con la aprobación del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que obliga a los empresarios a perder un 20% de las camas si desean acometer reformas estructurales. Ahora, un centenar de hoteleros ha llevado a los tribunales el plan mientras Jordi Clos, presidente de la asociación, y Janet Sanz, regidora de urbanismo, tratan de encauzar el conflicto sin éxito.

Nula sensibilidad con los comerciantes

Los comerciantes también se han hartado. Consideran que la alcaldesa les ha generado más problemas que soluciones. Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, señala que la relación es más fluida con los concejales del PSC, liderados por Jaume Collboni, que con los de Barcelona en comú, la formación de Colau. Indica que existe una diferencia “abismal” entre ésta y sus antecesores en la alcaldía –Xavier Trias, Jordi Hereu, Joan Clos o Pasqual Maragall-, a los que considera más “interesados” y “sensibles” por el comercio. Barcelona Oberta aglutina los establecimientos de los principales ejes comerciales y turísticos del centro de la ciudad.

Jené indica que el ayuntamiento no promociona el shopping turístico porque “fomentar el turismo parece un sacrilegio”, pero tampoco ayuda a los comercios emblemáticos, que están abandonados a su suerte. La entidad se opone a las “supermanzanas” porque penalizan a las tiendas, pero el consistorio sigue con los planes previstos. Ahora se ha abierto un nuevo frente con la ordenanza de convivencia. El ayuntamiento perseguirá a los turistas incívicos pero reducirá la presión sobre los incívicos que molestan a los turistas.

Ada Colau: la alcaldesa suma enemigos en los sectores económicos más productivos de la ciudad

Salva Vendrell, de Barcelona Comerç, pone énfasis en la pervivencia del top manta y en la presión sobre las terrazas. Barcelona Comerç defiende el tejido comercial de los barrios de la ciudad. Desde estas entidades se apunta que el ayuntamiento dedica más recursos a la creación de una cooperativa de manteros -800.000 euros en tres años- que a la promoción del comercio.

Otro que alza la voz es el Gremi de Restauració. El director general de la agrupación, Roger Pallarols, ve inexplicable que tras dos años al frente de la capital catalana el conflicto por las terrazas todavía no esté resuelto. Tras dos años de batalla, en primavera tuvieron lugar las primeras conversaciones. "Ellos mismos dicen que la normativa es pésima, pero su gestión ha provocado un descontrol", lamenta.

Patronales en contra

Las patronales tampoco sintonizan con Colau aunque prefieren guardar las formas por tratarse de la alcaldesa de Barcelona. Sus presidentes no entran al trapo, pero si sus respectivas organizaciones de los sectores más perjudicados por sus políticas. Desde Pimec, la mayor patronal catalana en el ámbito del comercio, se insiste en que no se ha puesto coto al top manta.

La Cambra de Comerç ha entrado de lleno en el debate de las remunicipalizaciones. Acaba de editar un estudio en el que se advierte a las administraciones públicas de que deben respetar la normativa europea porque, en caso contrario, podrían incurrir, en diversos delitos. 

El equipo de gobierno se ha propuesto remunicipalizar servicios como el agua, la electricidad o los servicios funerarios. Han empezado por éstos últimos, pero se han visto obligados a frenar en seco. Colau no dispone de mayoría suficiente para crear la anunciada funeraria municipal. Además, diversos estudios han desmontado los argumentos de que la funeraria serviría para abaratar los precios de los sepelios. Fuentes de Áltima, uno de los operadores privados, indican que han pedido reunirse con el concejal Eloi Badia, responsable de servicios municipales, en tres ocasiones sin conseguirlo. Siempre les han remitido a técnicos.

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