El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dispuesto a convocar el referéndum este viernes. EFE

El soberanismo exhibe ya su orgullo por desobedecer al Estado

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Junts pel Sí y la CUP votan los presupuestos, con una partida para el referéndum, a pesar del rechazo de los letrados del Parlament y buscan ya la confrontación

Manel Manchón

Economía Digital

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dispuesto a convocar el referéndum este viernes. EFE

Barcelona, 22 de marzo de 2017 (20:50 CET)

Es una revuelta, que se quiere vestir de legitimidad política frente a la legalidad del Estado. Los dos grupos que apoyan al presidente Carles Puigdemont, Junts pel Sí y la CUP, mostraron este miércoles su orgullo por desobeceder al Estado, con la idea de buscar cuanto antes la confrontación y retar al Gobierno de Mariano Rajoy. Los dos grupos votaron los presupuestos de 2017 que incluye una partida para convocer el referéndum. Con ello dieron luz verde a las advertencias de la oposición, que ya habían anunciado que, en ese caso, presentarían recursos ante el Tribunal Constitucional, que se acaba de renovar, con Juan José González Rivas de presidente, y la catalana Encarna Roca de vicepresidenta. Esos recursos, sin embargo, sólo los puede presentar el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo que puede ocurrir, si actúa el Gobierno central, es que se suspendería de forma automática la disposición adicional 31 de los presupuestos, que es la que hace referencia a la partida económica para poder convocar el referéndum, pero no la totalidad de las cuentas para 2017. La presión de la CUP llevó a Junts pel Sí a suprimir un detalle del texto nada menor. Si en la disposición original se establecía que el Gobierno catalán “dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso de referéndum sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria”, en el texto final se eliminó esa referencia a la 'legislación vigente', dando pie a una vía unilateral.

El soberanismo se había prometido actuar desd la legalidad, y ha decidido una huida hacia adelante

De nada sirvió que los dos principales letrados del Parlament, el secretario general y el letrado mayor, pidieran la lectura de la nota que habían elaborado en la que advertían de que el texto contraviene un auto del Tribunal Constitucional. Los letrados señalaron “las responsabilidades que se derivarían” de la votación final. Pero, a pesar de las reuniones que se produjeron entre Junts pel Sí y la CUP, se decidió seguir adelante, con la idea clara de desobeceder al Estado, como así lo verbalizaron los diputados de la CUP.

La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, denegó la solicitud de los grupos de Ciudadanos y del PSC para convocar una reunión de la Mesa del Parlament. No se quería retroceder. No se hizo cuando el Consejo de Garantías Estatutarias elaboró un dictamen asegurando que esa disposición adicional era contraria a la Constitución. El soberanismo ha decidido, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, buscar la confrontación, hasta el final. Ya habrá tiempo de la retirada, pero no será ahora.

Los letrados del Parlament han advertido de la ilegalidad de la partida para el referéndum

La estrategia que ha elaborado Carles Puigdemont, junto con Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, y responsable de gestionar esa partida como consejero de Economía, es forzar la situación, ir al límite y convocar el referéndum. Sólo en el último minuto, y, en función de cómo actúe el Gobierno español, se tomará una decisión, que podría derivar en la convocatoria de elecciones al Parlament.

Lo que ocurre es que, primero con Artur Mas, y luego con Carles Puigdemont, el soberanismo se había prometido a sí mismo actuar “con todas las garantías”, sin forzar la legalidad. Y ahora el gobierno catalán desobecede a sus propios órganos jurídicos y al Parlament, en una huida hacia adelante, mientras, al mismo tiempo, se pide diálogo con el Gobierno central. Una gran paradoja.

 

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