Xavier Trias en una comparencia ante los medios cuando lideraba el grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona. /EFE

Una denuncia pide el derribo del camping de la familia de Xavier Trias

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Un empresario navarro solicita por la vía judicial y administrativa el derribo de uno de los principales campings de la Costa Brava

Josep Maria Casas

Economía Digital

Xavier Trias en una comparencia ante los medios cuando lideraba el grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona. /EFE

Barcelona, 30 de agosto de 2019 (13:40 CET)

Un empresario ha solicitado por la vía judicial y administrativa el derribo de más de 300 bungalós del camping La Ballena Alegre, en la localidad de Sant Pere Pescador (Girona), propiedad de la familia política del exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

El denunciante es el empresario navarro Víctor Latorre. En los escritos que ha presentado en las últimas semanas ante la fiscalía de medio ambiente, el Ayuntamiento de Sant Pere Pescador y la Generalitat, reclama el precinto y derribo de los bungalós. No consta si las denuncias se han admitido a trámite.

Latorre mantiene que, cuando el plan director urbanístico del sistema costero (Pdusc) ya estaba vigente, se edificaron 315 bungalós, de los que solo 17 tendrían licencia aunque supuestamente estaría “tramitada en fraude de ley”. Además, destaca que 99 de estos bungalós se encontrarían dentro de la servidumbre de protección de la ley de costas, que prohíbe cualquier uso habitacional.

Desde La Ballena Alegre se indicó que desconocen la existencia de denuncias y que siempre se han ajustado a la legalidad. Recordaron que abrieron en la década de los setenta.

Latorre llegó a Sant Pere Pescador en 2001 cuando adquirió el puerto fluvial de esta localidad. Lo reformó para que pudiera albergar 400 embarcaciones de hasta nueve metros de eslora. Proyectó un complejo turístico adjunto, pero la Generalitat lo paralizó en 2003 a instancias de la Consejería de Obras Públicas que por aquel entonces estaba encabezada por Felip Puig.

En declaraciones a Economía Digital, el empresario navarro indicó que invirtió cerca de 13 millones de euros en las obras. Calcula que los daños causados, el lucro cesante y los intereses se elevarían en estos momentos a 60 millones de euros. Incluso se reunió recientemente con la UDEF para informarles del proyecto del puerto de Sant Pere Pescador. En las denuncias apunta que la decisión habría beneficiado a otros intereses turísticos locales.

La familia política del exalcalde Trias

La Ballena Alegre está gestionada por la empresa Camping Car. Su director general es Àlex Trias Arraut, hijo del exalcalde de Barcelona. En el consejo de administración aparecen los hermanos JavierJosé Manuel y Montserrat Arraut, cuñados del exalcalde, y la esposa de éste, Puri Arraut, está entre los accionistas. Sin embargo, como socios mayoritarios figuraron hasta fechas recientes dos sociedades suizas que ahora se encuentran en liquidación, según consta en bases de datos empresariales.

En la denuncia presentada ante la Consejería de Territorio de la Generalitat, la más prolija, Latorre recalcó que, en su origen, los bungalós se levantaron “sin licencia y sin plan especial que los ampare”. En los dos últimos años, añade que se demolieron 61 bungalós del antiguo modelo Mediterráneo para sustituirlos por el nuevo modelo E-Devesa, de dos plantas. Pese a la reducción de 16 unidades, la superficie construida aumentó en 1.112 metros cuadrados porque se reemplazaron edificaciones de 31 metros cuadrados por otras de 77.

En las denuncias mantiene que no se han subsanado las deficiencias legales de su origen y que los bungalós no serían legalizables. Latorre esgrime que el artículo 25 de la ley de costas determina que en la zona de servidumbre de protección estarán prohibidas las edificaciones destinadas a residencia y habitación. Subrayó que los bungalós se construyeron en suelo no urbanizable y que, además, estaría protegido por la normativa urbanística y la ley de Costas.

Por este motivo, Latorre pide que precinten los bungalós, que desaloje a sus ocupantes y que se requiera de forma voluntaria su derribo y la reposición de los terrenos a su estado inicial. En caso contrario, reclama a la administración que ejecute su derribo.

Latorre recuerda que la Generalitat paralizó su proyecto en el puerto de Sant Pere Pescador. Esta cuestión todavía está judicializada

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