El Gobierno asumirá el coste de la traducción del BOE a las lenguas cooficiales
El PSOE y el PDeCat logran este pacto a través de una enmienda transaccional a una iniciativa en el Congreso
El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, interviene en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/ Zipi
El Gobierno asumirá íntegramente el coste de la traducción de las disposiciones generales del Boletín Oficial del Estado (BOE) a las diferentes lenguas cooficiales del Estado a partir del año 2023, tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre el PSOE y PDeCAT mediante una enmienda transaccional a una iniciativa en el Congreso.
“Si realmente aceptamos que vivimos en un Estado plurinacional y con diferentes lenguas cooficiales, lo normal es que los ciudadanos podamos acceder a la legislación que se publica en el BOE en nuestra lengua”, ha defendido el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, durante la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados.
La iniciativa de esta formación catalana ha contado con el apoyo de los partidos del Gobierno y de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo, llegando, finalmente a un pacto con los socialistas sobre el proyecto piloto que está poniendo en marcha la Agencia Estatal del BOE para traducir automáticamente con inteligencia artificial las disposiciones normativas a las lenguas cooficiales.
De esta manera, el texto resultante del acuerdo entre ambos partidos, que ha sido aprobado por la Comisión, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a trabajar en este plan con el objetivo que pueda estar disponible a través de su página web a lo largo del segundo semestre de 2022 y que tenga plena efectividad en el año 2023.
La Generalitat y el Gobierno sufragaban al 50% los gastos hasta 2020
El presidente de PDeCAT, Ferran Bel, ha explicado que un convenio entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno se encargaba de traducir al catalán los textos legislativos desde el año 1998, el cual preveía la publicación de las leyes en las lenguas oficiales distintas al castellano.
De esta manera, ambas administraciones sufragaban al 50% los gastos de la traducción de los textos para que aparecieran publicados en el BOE. Una labor que se ha venido cumpliendo año tras año hasta octubre de 2020.
A partir de dicha fecha, la Generalitat pasó a hacerse cargo de financiar la totalidad de esa traducción debido a un cambio legislativo en el régimen del sector público de 2015, que obligaba a revisar este tipo de acuerdos. Sin embargo, esta reforma no sólo provocó que ese convenio decayera sino que obligaba además a firmar uno nuevo para recuperar el suplemento del BOE en lengua catalana.
