Feijóo muestra perfil pactista tras el espaldarazo de Bruselas a las medidas fiscales del Gobierno

La batalla fiscal continúa en nuestro país: con una guerra condicionando el desarrollo económico español, el mayor punto de conflicto político se encuentra en los bolsillos de los contribuyentes. Así lo han entendido tanto el Gobierno como el Partido Popular, que en sus recetas para salir de esta crisis han encontrado la coyuntura perfecta para mostrar lo diferente de sus modelos. Máxime, con un año electoral por delante, que incluirá no sólo municipales y autonómicas en primavera, sino que culminará con unas generales, aún sin fecha definida.

El Partido Popular quiere bajarlos, dado que a su «ADN», tal y como lo definen sus propios dirigentes, se suma la situación tan frágil que viven las familias con rentas más vulnerables. Entienden en el equipo económico del PP que además de deflactar el IRPF para compensar la inflación -una subida de impuestos «enmascarada»-, hay que eliminar todas las cargas fiscales posibles, «intentar dar a los ciudadanos la posibilidad de qué hacen con su dinero antes de que lo decida el Gobierno».

Pero el Gobierno lo ve de manera distinta. Más allá de los tributos ya anunciados -a la banca, a las eléctricas, a las grandes riquezas- ahora redobla su apuesta, con la preparación, anunciada este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de un nuevo «paquete de medidas fiscales» que dará a conocer en los próximos días. Y no lo ha hecho solo: la Comisión Europea apoya estos movimientos que no sean generalizados y sí progresivos, según el comisario de Economía, Paolo Gentilloni.

Bruselas no está por reducir el IVA

“En general”, le contestó este lunes Gentiloni a la eurodiputada popular Isabel Benjumea, que le preguntaba específicamente por las bajadas del IVA que defiende el PP, “tenemos unas reglas muy claras sobre las posibilidades de reducir el IVA o los impuestos al consumo, y unas orientaciones muy claras sobre lo que se puede o no se puede que decidimos en abril pasado, no hace tanto tiempo. Esto es algo que respetar, no se puede reducir más allá de terminados límites”.

Es algo que choca frontalmente con la última propuesta de pacto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha puesto sobre la mesa al presidente Pedro Sánchez. Más allá de los productos que ya tienen un IVA superreducido, como el pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, el PP quiere sumar la carne, el pescado, aceites, agua, pasta seca y conservas.

Supondrían, según los cálculos del PP, hasta 970 millones de euros menos para las arcas del Estado, pero que se cubrirían con la recaudación extra de más de mil millones de euros que supone el incremento de la recaudación del IVA actual por la subida de los precios de los alimentos a causa de la inflación. Sería generalizada, y eso no está en la línea de Bruselas, que quiere medidas más acotadas, dirigidas a los vulnerables, y no la actitud universal que sí se adoptó con las medidas económicas posteriores a la crisis generada por el covid.

La deflactación del IRPF

Sin embargo, en el PP son conscientes de que, poco a poco, su discurso permea, a pesar de que la Comisión esté dando espaldarazos estos espaldarazos Sánchez. Su plan A continúa siendo la deflactación del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, que va en línea con Bruselas. El B, este pacto por el IVA, como ya sucedió con la reducción del IVA al gas, a la luz y a los pellets, que partieron de los planes económicos del PP y el Gobierno hizo suyos.

Fuentes de la dirección de Génova dan por hecho que, tarde o temprano, Moncloa tendrá que ceder y claudicar, al igual que ha pasado con otras medidas. Ya no sólo porque consideren que es «lo mejor» y «más efectivo», sino porque otras comunidades autónomas, más allá de las gobernadas por el PP, han dado el paso. Por ejemplo, el País Vasco. A sus ojos, es un punto de inflexión. «Si quieren hacerlo con nosotros, mejor que mejor. Si no, que lo modifiquen algo, se lo apunten como algo suyo y lo hagan igualmente, que seguirá siendo lo mejor para España», sonríen.

En Moncloa no quieren ni oír hablar del tema. En conversación con Economía Digital, fuentes del Gobierno destacan la «propaganda» de la medida. «No va a ayudar a los más vulnerables. Por una cuestión sencilla: los más vulnerables, los que menos ganan, no hacen la declaración de la renta. No están obligados», zanjan.