La Generalitat redobla su desafío y sigue defendiendo el incumplimiento de la sentencia

El Govern desvincula la sentencia de la inmersión lingüística con un nuevo caso en Canet de Mar donde la justicia obliga al centro a impartir un 25% de castellano en un grupo clase

Runión semanal del Consell Executiu de la Generalitat, presidido por el presidente Pere Aragonès / Rubén Moreno

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La Generalitat defiende que el caso de un colegio de Canet de Mar (Barcelona), que ha conseguido que se aplique el 25% de castellano en el centro, está desvinculado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a acabar con la inmersión lingüística en todo el sistema educativo catalán.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha tildado de «coincidencia» que estos dos pronunciamientos judiciales se hayan producido en el mismo lapso temporal. Además, ha insistido en que la sentencia de este colegio concreto «va directamente al centro» y no a la conselleria de Educación, lo que «impide que se pueda mediar o hacer alguna cosa al respecto».

«Lo que creemos es que es una vulneración flagrante», la lamentado Plaja, sobre la posibilidad de que «un solo alumno obligue a cambiar» a todo el centro la lengua vehiclar de la enseñanza. Además, ha asegurado que «no hay que poner el foco sobre una escuela concreta» donde los más perjudicados son los alumnos.

Plaja condena la violencia contra la familia de Canet de Mar

Preguntada sobre las amenazas que ha recibido la familia del centro que ha conseguido que se imponga el 25% de castellano, ha asegurado que «desde el Govern siempre estará en contra de cualquier manifestación violenta», y que siempre «lo van a condenar en el contexto que sea».

La familia de Canet de Mar exigió que se cumpliera en su grupo de educación infantil que se diera un 25% de castellano recibió el rechazo de muchos de los padres y también del propio centro. Incluso hubo quien planteó ir a lanzar «piedras» contra el domicilio donde residía la familia del menor que pidió que se cumpliera la sentencia.

La Generalitat se mantiene firme en su postura de desvincular a los directores, pese a los reiterados avisos de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que insiste en que los responsables de los centros son corresponsables de la aplicación del 25% de castellano, y que podrían incluso incurrir en responsabilidades que implicaran multas o inhabilitaciones.

El Govern blinda a la CUP como «socio preferente»

Preguntada sobre una entrevista publicada en la Agència Catalana de Notícies donde la CUP ha acusado al Govern de usar la mesa de diálogo de usar la mesa de diálogo como «cortina de humo» y de no avanzar hacia el «referéndum», Plaja ha insistido en que siguen siendo el «socio preferente» del Ejecutivo presidido por Pere Aragonès.

En paralelo, la entidad educativa de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido a la Fiscalía que lleve a cabo las actuaciones necesarias «a fin de evitar la distribución» de una encuesta a la que se refiere el presente escrito, en realción con la encuestas del Síndic de Greuges sobre los usos lingüísticos para que respondan escolares catalanes.

La presidenta de AEB, Ana Losada, ha asegurado que esta encuesta carece de utilidad informativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998) «y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad».

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