La Comisión de Ética Judicial avala que los jueces se manifiesten contra la amnistía

Para la Comisión de Ética Judicial no debería haber problemas, al menos desde el punto de vista ético, en que los miembros de la carrera judicial protesten contra la ley de amnistía o los acuerdos políticos que faciliten la investidura.

Según este cuerpo independiente del Poder Judicial, concurrir a este tipo de actos no choca con los principios de ética judicial si hay una condición: “que exista en el juez o jueza un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que el motivo de protesta “pueda afectar al Estado de Derecho”.

El dilema ético de manifestarse

Esta comisión recuerda que los jueces tienen -como cualquier otro ciudadano- el derecho constitucional de manifestación.

Sin embargo, recuerda que su ejercicio está limitado por las exigencias de su trabajo, que los obliga a mantener “dentro y fuera del tribunal” una conducta que “reafirme la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial”.

Ciudadanos y servidores públicos

En este sentido, califica a los jueces como ‘bifrontes’, o sea que son tanto ciudadanos privados como servidores públicos, por lo que tienen que ejercer sus derechos con “prudencia y moderación”, y además, “sin poner en entredicho los principios de independencia, imparcialidad e integridad”.

La Comisión pone de ejemplo la concentración silenciosa de jueces de noviembre, donde expresaron su desacuerdo con “un acuerdo político” que, a su criterio, ponía en entredicho la independencia judicial.

Estas situación, considera, genera un “dilema ético de alta densidad”, entre el deber de neutralidad política y el compromiso por la independencia del Poder Judicial, frente a “la obligación de defender activamente los principios rectores del Estado de Derecho si se encuentran amenazados”.

A cada juez le corresponde, en este caso, resolver el dilema ético por medio de una reflexión “profunda, serena, sincera y alejada de sesgos políticos”, donde debe decidir si su asistencia a una concentración se hace por cumplir con su deber ético de protestar contra actos contrarios al Estado de Derecho, o si es por una “personal sintonía o antipatía con una ideología política”.