PSOE y Podemos ultiman el gasto que incluirán los presupuestos, con el foco en la ley de familias

El Gobierno se ha comprometido a incluir en la ley de presupuestos medidas que beneficien a los ciudadanos con rentas más bajas

Montero carga contra Ayuso por hacer gala de bajar impuestos y luego "pedir dinero a papá Estado". En la imagen, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de enmiendas de totalidad. Foto: EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: EFE

Tras el acuerdo en materia de ingresos para los presupuestos generales del Estado (PGE), los dos partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- siguen trabajando en las medidas que se incluyen en el lado del gasto público. Según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Derechos Sociales, es en esta negociación donde se incluirán políticas que beneficien a las rentas más bajas.

Hacienda defiende que las deflactaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) no tienen impacto sobre los ciudadanos con ingresos inferiores a los 14.000 euros, puesto que no tienen que declarar este tributo. Con el paquete fiscal, este mínimo se elevará el próximo año hasta los 15.000 euros.

Este, la exclusión de las rentas más bajas, es uno de los motivos por los que el departamento que dirige María Jesús Montero ha descartado deflactar el IRPF, opción puesta en marcha en la Comunidad de Madrid, pero también en la Comunidad Valenciana. En cambio, ha optado por ampliar la reducción por los rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros, elevar el mínimo exento e incluir medidas de gasto público, que todavía no se han concretado, para las personas con rentas inferiores a las mencionadas.

Una ley anunciada pero sin pasar por el Consejo de Ministros

En este punto juega un papel clave la ley de familias, según explican fuentes de la formación morada a Economía Digital. Esta ley, que estaba previsto que empezase a tramitarse en septiembre, incluye una prestación universal por crianza, la ampliación de las bajas por maternidad y paternidad y la equiparación a familias numerosas a las familias que tengan algún hijo con discapacidad.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció en el mes de mayo un acuerdo en el Gobierno para tramitarla en septiembre, pero la norma que ha impulsado Belarra no ha visto la luz en ningún Consejo de Ministros de este mes.

Desde Podemos han denunciado que esta es una de las leyes que están sufriendo el bloqueo de su socio de Gobierno, junto a la ley de Vivienda, tal como publicó este periódico. Esta ley de Familias, que avanza en la protección de las familias monomarentales, se encuentra terminada desde hace un año y bloqueada por el PSOE. Según fuentes de la negociación de los PGE, a día de hoy, los socialistas «se niegan» a elevar al Consejo de Ministros la norma.

Estas mismas voces apuntan que uno de los principales escollos que impiden el cierre del acuerdo total entre las dos partes es precisamente este texto legal, pero es fundamental e irrenunciable. Tanto, que vinculan el acuerdo presupuestario a que se agilice el trámite de estas dos normas. Derechos Sociales, por su parte, insiste en la mesa de negociación sobre la necesidad urgente de proteger a estas familias y recuerda que uno de cada dos hogares monomarentales viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuenta atrás para los PGE

Ambos partidos trabajan a contrarreloj para cerrar un acuerdo también en el lado de los gastos, y es que la fecha en la que deberán presentar el proyecto presupuestario ante el Congreso de los Diputados, tres meses antes de que venzan los actuales, se cumple este viernes. Sin embargo, el objetivo último es que las cuentas estén aprobadas el 31 de diciembre.

Esto no es algo que asuste. Distintos cargos de Podemos sonríen en privado por la manera de negociar del PSOE, siempre ajustados hasta el último minuto. Además, en el caso de que el acuerdo se retrase y los PGE no sean presentados antes de octubre, no es óbice para que se puedan aprobar. Fuentes parlamentarias explican a este periódico que es posible acelerar trámites eliminando o acortando plazos y llegar al objetivo real, que es aprobarlos antes del 31 de diciembre.