CSIF en pie de guerra: demanda a Función Pública por este motivo
El sindicato presenta una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está en pie de guerra contra el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El motivo, que ha llevado al sindicato a presentar una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), no es otro que el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).
CSIF opta por interponer una demanda contra el Ministerio de la Función Pública a raíz del retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la administración pública
El colectivo de trabajadores ha lamentado que no se hayan producido avances y ha emplazado a la justicia a condenar el departamento encabezado por Óscar López por inactividad. De esta manera, pretende obligar al ministerio a regular el trabajo en remoto para los funcionarios y culminar el desarrollo reglamentario del real decreto en el ámbito de sus competencias.
Conflicto judicial
La modalidad de trabajo a distancia en el ámbito de la Administración Pública se creó en 2020 a raíz del estallido de la crisis sanitaria originada por la expansión del coronavirus. Como consecuencia, no solo se modificó el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que también se fijó un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas.
La introducción del teletrabajo comportó la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público y el establecimiento de un plazo de seis meses para adaptar la normativa
Después de que el real decreto quedase aprobado, un año más tarde firmaron el acuerdo que regulaba el teletrabajo para los trabajadores públicos, si bien al concluir el año presentaron alegaciones durante la fase de consulta pública. Entonces, optaron por reclamar al ministerio que cumpliera lo recogido en el real decreto y, ante la falta de respuesta, presentaron la primera reclamación administrativa.
Posteriormente, presentaron un anuncio de recurso contencioso administrativo admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar la demanda. Finalmente, el expediente fue remitido al TSJM más de dos años después, por lo que el sindicato ha procedido a formalizar dicha demanda.
Acusación de CSIF de dejación de funciones
El sindicato ha alertado a Función Pública que no está cumpliendo sus funciones en el desarrollo de cuestiones fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos. «No sólo hablamos del teletrabajo, sino también de normas sobre la evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación, movilidad y carrera profesional, incluidas en sendos proyectos de Ley de Función Pública, paralizados en el Congreso», destacan.
Más allá de la implantación del teletrabajo, los trabajadores públicos han señalado que no se ha alcanzado aún un nuevo acuerdo salarial que permita aprobar la subida de este año, ni tampoco se han pactado las condiciones necesarias para formular una oferta de empleo público sin tasa de reposición.
Una subida salarial «insuficiente»
Otro de los puntos que el sindicato mayoritario entre los funcionarios ha criticado duramente ha sido el desembolso del incremento del 0,5% del salario pendiente desde el año pasado. Según se desprende de los publicados en el Boletín Oficial del Estado, la subida en la remuneración se hará efectiva en el abono de la nómina de julio.
El sindicato denuncia que los funcionarios públicos continúan con los sueldos «congelados» y recuerda que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8%
A ojos de CSIF, el aumento salarial llega tarde. «Han hecho falta, decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en la Moncloa», han criticado para después tachar la subida de insuficiente.
En este sentido, el colectivo de trabajadores ha subrayado que los funcionarios continúan con los sueldos «congelados» y ha recordado que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8% si se toma como referencia el acuerdo salarial alcanzado en 2022.
