DGT propone nuevas normas: mínimo 2 personas por coche y 1 euro al día para circular
En España, la DGT estudia la implantación de sensores o radares capaces de detectar el número de ocupantes en cada vehículo, siguiendo el ejemplo de Francia
El control de la DGT estará activo desde el jueves al lunes. Foto: Jesús Hellín / Europa Press 31 OCTUBRE 2024;;PIXELADA 31/10/2024
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto sobre la mesa un ambicioso paquete de medidas para transformar la movilidad urbana en España.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran la exigencia de una ocupación mínima de dos personas por coche en las grandes ciudades y el pago de un euro diario para los vehículos no residentes que circulen por determinadas zonas.
Aunque estas iniciativas aún se encuentran en fase de análisis, su objetivo es claro: reducir la congestión, las emisiones y avanzar hacia una movilidad más sostenible y eficiente.
El director de la DGT, Pere Navarro, ha sido contundente en sus declaraciones recientes: “El futuro de la movilidad será compartido o no será”.
Según datos del propio organismo, en las grandes ciudades españolas, entre el 80% y el 85% de los vehículos que circulan en hora punta lo hacen con un solo ocupante. Esta situación, además de generar atascos y pérdida de tiempo, implica un consumo excesivo de energía y un aumento de las emisiones contaminantes.
Navarro insiste en que mover 1.500kg de vehículo para transportar a una sola persona es “un disparate” desde el punto de vista energético y medioambiental.
La saturación de las infraestructuras viarias en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga ha llevado a la DGT a plantear medidas que incentiven el uso compartido del coche y la optimización del espacio viario.
DGT: pagos
La propuesta estrella consiste en exigir que los vehículos que circulen por determinadas vías urbanas y metropolitanas lleven al menos dos ocupantes.
Esta iniciativa se inspira en el modelo francés, donde ciudades como París ya han reservado carriles específicos para coches con más de un ocupante, especialmente en horas punta.
En la capital francesa, desde mayo de 2025, se multa a los conductores que no cumplen con esta norma, y la medida se activa mediante señalización variable según el horario y la congestión.
En España, la DGT estudia la implantación de sensores o radares capaces de detectar el número de ocupantes en cada vehículo, siguiendo el ejemplo de Francia.
Actualmente, los carriles VAO (Vehículo de Alta Ocupación) ya existen en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Sevilla o Mallorca, pero la intención es extender la obligatoriedad de la doble ocupación a más vías y franjas horarias.
Un euro diario por circular para no residentes
Otra de las propuestas es el cobro de una tasa diaria de un euro a los vehículos que no sean residentes y circulen por determinadas zonas urbanas o insulares.
La medida ya se aplica en las Islas Baleares, donde tanto en Ibiza como en Formentera los coches no residentes deben pagar un euro por día de circulación, además de estar sujetos a límites de horario y controles de acceso.
En Mallorca, se plantea ampliar la tarifa entre 35 y 150 euros diarios, según las emisiones del vehículo, para disuadir el uso excesivo del coche privado, especialmente durante la temporada alta turística.
El objetivo es reducir la presión sobre la red viaria insular, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial del parque móvil, en parte debido al turismo y al aumento de segundas residencias.
Limitar a un solo coche por vivienda
En paralelo, el Consell de Mallorca debate una normativa para limitar a un solo coche por vivienda a los propietarios no residentes en la isla.
Esta medida, que aún no ha sido aprobada, busca frenar la entrada masiva de vehículos y aliviar la congestión en las carreteras insulares.
Las excepciones contemplan casos de emergencia, personas con movilidad reducida y residentes empadronados en la isla, que no estarían sujetos a esta restricción.
Es importante subrayar que esta iniciativa no es una propuesta de la DGT ni del Gobierno central, sino de las autoridades insulares, y por ahora solo afectaría a los no residentes con vivienda en Mallorca.