España se llena de funcionarios: ya hay 346.000 trabajadores públicos más que autónomos
El avance del empleo público y las crecientes dificultades para emprender explican una brecha histórica que redefine el modelo laboral y económico
Aula de un examen de oposiciones. Foto: Francisco J. Olmo / Europa Press
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España atraviesa un momento histórico en el mercado laboral. Con el empleo total en máximos y liderando la creación de puestos de trabajo en la eurozona, el país ofrece una imagen de fortaleza que, sin embargo, esconde un cambio estructural profundo. Por primera vez en décadas, el número de trabajadores públicos supera con holgura al de autónomos, una tendencia que no solo se consolida, sino que se amplía año tras año.
Los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa reflejan una brecha inédita de 346.000 ocupados entre ambos colectivos. A cierre de 2025, España contaba con 3,64 millones de asalariados del sector público, frente a 3,29 millones de trabajadores por cuenta propia. Una diferencia que contrasta con la fotografía laboral de hace apenas una década y que evidencia un cambio de preferencias, incentivos y expectativas entre los trabajadores.
Este fenómeno no es casual ni coyuntural. Responde a dos fuerzas que avanzan en direcciones opuestas: mientras el empleo público crece impulsado por la estabilidad, el salario y la protección laboral, el trabajo autónomo se enfrenta a un entorno cada vez más complejo, marcado por riesgos elevados, rentabilidades inciertas y una regulación que muchos consideran poco favorable al emprendimiento.
De la España emprendedora a la España funcionaria
Hubo un tiempo en el que emprender era sinónimo de oportunidad. Durante los años previos a la crisis financiera de 2008, España se situó entre las principales economías del mundo y vivió un ciclo de crecimiento intenso. En ese contexto, miles de personas optaron por trabajar por cuenta propia, atraídas por un mercado dinámico y por la posibilidad de construir un proyecto propio.
En 2007, el número de autónomos superaba en más de 650.000 personas al de empleados públicos. El trabajo por cuenta propia representaba entonces una parte esencial del tejido productivo, con un peso cercano al 18% del empleo total, impulsado en gran medida por el auge de la construcción y las actividades asociadas.
Ese equilibrio se rompió de forma abrupta con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El cierre del crédito y el desplome de la demanda provocaron la desaparición masiva de pequeños negocios, dejando una huella profunda en la percepción social del riesgo empresarial. Desde entonces, el emprendimiento arrastra un estigma que todavía pesa en las decisiones laborales de muchas personas.
El autónomo, el gran rezagado del ciclo económico
Pese a que el empleo total ha alcanzado máximos históricos, los trabajadores por cuenta propia no han logrado recuperar los niveles previos a la crisis. Su techo se alcanzó en 2006, con 3,65 millones de ocupados, una cifra que sigue sin igualarse casi veinte años después.
Hoy, los autónomos representan apenas el 14,6% del empleo, el porcentaje más bajo de toda la serie histórica para un cuarto trimestre. Esta pérdida de peso relativo evidencia que, incluso en fases de crecimiento económico, el emprendimiento no despega al mismo ritmo que el empleo asalariado.
Las causas son estructurales. Fiscalidad, cotizaciones poco ajustadas a los ingresos reales, retrasos en los pagos, escasa protección social y una burocracia compleja conforman un escenario en el que el binomio riesgo-beneficio resulta poco atractivo. A ello se suma una mayor preferencia por la estabilidad tras años de crisis encadenadas.
El empleo público, blindado frente a las crisis
En contraste, el empleo público ha demostrado una resiliencia notable frente a los ciclos económicos. Durante la Gran Recesión, mientras cientos de miles de autónomos cerraban sus negocios, las administraciones públicas mantuvieron e incluso reforzaron sus plantillas mediante políticas de gasto destinadas a sostener el empleo.
Aunque los ajustes aplicados a partir de 2012 redujeron temporalmente el número de funcionarios, esa etapa fue breve. A partir de 2017, con la relajación de las exigencias fiscales europeas, el empleo público retomó la senda del crecimiento y no ha vuelto a mirar atrás.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el número de empleados públicos ha aumentado con especial intensidad. Solo en un trimestre reciente, el colectivo creció en casi 100.000 personas, consolidándose como uno de los principales motores de creación de empleo en España.
Un cambio que también se refleja en las cuentas públicas
El avance del empleo público tiene un impacto directo en las finanzas del Estado. El gasto en salarios públicos se ha multiplicado por más de tres desde mediados de los años noventa y ya supera los 180.000 millones de euros anuales, según datos de Eurostat.
Este desembolso equivale actualmente a más del 11% del PIB, una proporción claramente superior a la media de la eurozona. La cifra refleja no solo el aumento del número de empleados, sino también la mejora salarial y la consolidación de derechos laborales dentro del sector público.
Para algunos analistas, este modelo plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico y elevada deuda pública. Para otros, se trata de una apuesta por la estabilidad social y la calidad de los servicios públicos, aunque con un coste presupuestario elevado.
Un país que elige seguridad frente a riesgo
El creciente diferencial entre funcionarios y autónomos dibuja un retrato claro de la España actual. Cada vez más personas priorizan la seguridad, la previsibilidad y la conciliación frente a la incertidumbre inherente al emprendimiento.
Este cambio cultural y económico plantea un desafío de fondo: cómo recuperar el atractivo de crear empresa sin renunciar a la protección social ni a la calidad del empleo público. Mientras esa ecuación no se reequilibre, la tendencia parece clara.
La España funcionaria avanza, mientras la emprendedora resiste, pero sin recuperar el protagonismo que tuvo en el pasado. Un giro silencioso que redefine el modelo laboral y económico del país y que marcará el futuro del empleo en las próximas décadas.
