¿Por qué Twitter mantiene abierto el perfil de Tsunami Democràtic?

La cuenta de la plataforma vulneraría la política interna de la red social después de que la Audiencia Nacional la investigue como organización criminal

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Tsunami Democràtic podría tener los días contados. Al menos, su aplicación para smartphone. La Guardia Civil ha enviado este miércoles una carta, a instancias de la Audiencia Nacional, a la tecnológica estadounidense GitHub, encargada del desarrollo de la app de Tsunami, pidiendo el cierre de la misma. En la misiva se aluden motivos como que el tribunal investiga a la plataforma como una organización criminal. Este matiz vulnera la política de Twitter, donde la organización mantiene un perfil en que acumula más de 209.000 seguidores. 

La carta enviada a GitHub está firmada por el Grupo de Interceptación de las Telecomunicaciones de la Guardia Civil, una unidad que trabaja desde hace 20 años con distintos proveedores de servicios en internet. En ella se explica que Tsunami «ha sido confirmado como una organización criminal que impulsa la comisión de ataques terroristas». «El objetivo principal de Tsunami Democràtic es coordinar estos disturbios y acciones terroristas usando cualquier medio posible», añade el texto. 

La «confirmación» de que la plataforma que convocó el bloqueo del aeropuerto del Prat el mismo día en que se emitió la sentencia al juicio del ‘procés’ impulsa ataques terroristas es suficiente para vulnerar las normas de uso de Twitter. La red social creada por Jack Dorsey tiene una política especialmente dedicada al terrorismo y extremismo violento. 

En este apartado se especifican cuatro motivos que vulneran las normas de uso. «Cometer o promover actos en nombre de una organización; ejercer actividades de reclutamiento; proporcionar o distribuir servicios para beneficiar los objetivos declarados y usar la insignia o los símbolos de organizaciones terroristas o grupos extremistas violentos», reza manual. La nueva etiqueta impuesta por la Audiencia Nacional propicia que Tsunami incumpla todas estas indicaciones. 

Asimismo, Twitter añade otro apartado complementario en el que se indican las cosas que no incumplen esa política. En él se apuntan que la red social hace «un número limitado de excepciones» en caso de que se trate de «grupos reformados o que participen en un proceso de resolución pacífico»; otros que «cuenten con representantes que hayan sido elegidos en elecciones democráticas» y «en caso de debates sobre terrorismo que tengan fines educativos o documentales». Tampoco se aplican las normas a entidades militares ni gubernamentales. 

La red social podría estar amparándose en estos motivos para mantener abierto el perfil de Tsunami Democràtic. Sin embargo, el avance de la investigación de la Audiencia Nacional y, si finalmente se produce una orden directa por parte del tribunal, podría finalmente cambiar el criterio de Twitter y propiciar el cierre de la cuenta, creada el pasado agosto. 

La respuesta de Tsunami

Minutos después de conocer la noticia, Tsunami Democràtic usó tanto su perfil de Twitter como su canal de Telegram, desde donde ha realizado la convocatoria de sus concentraciones y en el que cuenta con más de 380.000 seguidores, para dar a conocer su respuesta ante lo que consideran «censura». «Constatamos que la censura del Estado español para intentar detener las descargas de la app» y, además, «emplazan a la ciudadanía» a seguir instalando la aplicación, señala el comunicado emitido por la plataforma. 

Asimismo, Tsunami concluye asegurando que se trata de un «movimiento ciudadano que se enmarca en el más estricto no a la violencia» y considera que las acusaciones son una «vulneración flagrante de los derechos fundamentales». También se convoca a sus seguidores para los próximos actos que realizará la plataforma, que serán los días 9, 11, 12 y 13 de noviembre. 

Precisamente, al comienzo de los altercados que se suceden en Cataluña​ en protesta por la resolución condenatoria de los líderes independentistas se conoció que la app de Tsunami Democràtic podría vulnerar la ley de protección de datos europea (GDPR, por sus siglas en inglés) y se responsabiliza a la organización de convocar, junto a los Comités de Defensa de la República (CDR), algunas de las marchas más violentas de las últimas fechas. 

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