La Diputación de Valencia reduce su deuda un 70%

Desde 2015 a 2020 la deuda se ha reducido a la mitad, del 50% al 24%

Pleno Diputació en la Beneficència

Pese a las buenas noticias económicas, los dos eexpresidentes de la institución están siendo investigados. Foto: Biel Aliño.

La Diputación de Valencia ha reducido a más de la mitad su deuda entre 2015 y 2020. Y, si tenemos en cuenta los tres años anteriores, cuando el PPCV estaba en el Consell, la evolución del endeudamiento la disminución es aún más acusada.

En 2012 la deuda de la Diputación de Valencia era del 94,7%, año que cerró con 6,3 millones de euros de gastos financieros. Tres años más tarde, esta pasó al 50,65% con pagos a las entidades financieras de 1,7 millones de euros. Y en 2020 se registró un 24,67% con 370.181 euros.

Según el diputado de Hacienda, la bajada de la deuda no ha supuesto una inversión menor en los municipios

El diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, ha indicado que esta tendencia descendente en la última década «no ha condicionado la inversión directa en los municipios, principal objeto de la Diputación, que en los últimos ejercicios ha duplicado las ayudas directas que reciben los ayuntamientos”.

“La institución ha ido cumpliendo con sus obligaciones con los bancos al tiempo que reduce tanto la deuda como los gastos financieros, que se encuentran en valores mínimos, muy lejos de los límites que marca la ley”, ha añadido.

De hecho, la semana pasada se anunció que se iban a invertir 14,2 millones de euros en las comarcas centrales a través del Fondo de Cooperación Municipal, y es la que más subvenciones directas da a los ayuntamientos. Concretamente, el último año las ha aumentado un 17% con la pandemia.

Polémicas

Esta noticia surge tras algunas semanas de polémicas en las que la institución ha sido condenado por tener falsos becarios por parte de los asesores de Compromís y el PSPV.

Además, miembros de ambos partidos, incluido el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, están siendo investigados por el ‘Caso Alquería’. En estos se les acusa de delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial en la empresa pública, Divalterra.

Pero no solo hay esta investigación sobre exmiembros de la organización provincial. El Caso Imelsa investiga a los cargos públicos de la legislatura en la que el PPCV gobernó entre 2007 y 2015 y presuntamente delinquieron sobre lo que era la antigua Divalterra.