Coalición Canaria presiona a Sánchez para que Baleària se quede Armas pese a las trabas de Boluda
Guillermo Utor, vicepresidente de Baleària, junto con su padre, Adolfo Utor, presidente de Baleària
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Coalición Canaria y Comisiones Obreras han elevado la presión sobre el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, para que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia autoricen la compra de Armas por parte de Baleària. El escrito de alegaciones presentado por Vicente Boluda es uno de los frenos en esta decisión que convertiría a Baleària en el operador más relevante del tráfico en Canarias y con competencia directa en la ruta entre el archipiélago y la península entre ambos operadores marítimos.
La diputada Cristina Valido (Coalición Canaria) ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que acusa al Gobierno de España de dañar la «economía, el empleo y la cohesión territorial en las Islas Canarias» mientras cuestionan si CNMC «en su afán por velar por la libre competencia, los tiempos administrativos están impidiendo precisamente que dicha competencia se desarrolle en un sector tan estratégico».
La explicación de Coalición Canaria, completamente alineada con Baleària igual que lo está Comisiones Obreras, recuerda que la naviera Armas desde su fundación en el año 1941 ha constituido «un pilar fundamental en la conectividad de las Islas Canarias» pero que tras la operación con Trasmediterránea, «la compañía entró en una grave crisis financiera derivada de la pandemia en 2020. Esto ha provocado un deterioro visible y progresivo del servicio: abandono de líneas, venta de buques (reduciendo la flota de 27 a solo 11 unidades) y averías recurrentes».
«Esta situación está afectando negativamente a los servicios de transporte que se prestan a ciudadanos y empresas, y también al normal desarrollo de la libre competencia«, señalan desde Coalición Canaria.
En este sentido indican que, «según lo publicado en los últimos meses en diversos medios de comunicación, la naviera Baleària se encuentra a la espera de una resolución de Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, CNMC, para intervenir y reestablecer la normalidad de los servicios, y con ello la libre competencia en el sector».
Aseguran que «la situación actual es crítica» ya que «la incertidumbre afecta y preocupa a 1.500 empleados y sus representantes sindicales, a las asociaciones empresariales, a las instituciones públicas (Gobierno de Canarias y Cabildos) y sobre todo a los millones de ciudadanos que viven y visitan Canarias o que utilizan a diario este transporte marítimo (casi 6 millones de pasajeros al año, el suministro de mercancías a todas las islas y las exportaciones de plátano y productos hortofrutícolas a la península)».
Desde Coalición Canaria sentencia: «No estamos ante una autorización administrativa rutinaria sino ante un problema grave de una infraestructura esencial a la que no se puede aplicar la lentitud propia de la burocracia que justifica su lentitud en pretextos de transparencia. En este caso solo hay opacidad para quien cierra los ojos y no quiere ver los problemas reales de un territorio, donde es exigible un proceso de urgencia en la resolución del expediente».
La petición del partido político está alineado con la reclamación sindical, tal y como explica Francisco Martínez, responsable de acción sincdical del sector estatal del mar de Comisiones Obreras (CC OO) a Economía Digital. “Desde Comisiones Obreras nos hemos manifestado a favor de que a Armas se le diera una solución, porque los trabajadores viven un momento difícil. La empresa que compró en su momento Trasmediterranea tiene una deuda grandísima que afecta a la infraestructura, a los barcos y al mantenimiento”, asegura el sindicato.
La advertencia no es baladí porque supone que cada día que la CNMC no autoriza la compra, se deprecia el objeto de compra de Baleària sin que el precio se actualice. “Las rutas desde Tenerife a La Palma, Gomera y Hierro se han paralizado en varias ocasiones por los fallos en el servicio”, señala el responsable de CCOO, que destaca que los vendedores “no quieren invertir porque están pendiente de la venta”.
En el terreno laboral, desde Comisiones Obreras señalan que las “condiciones laborales se están viendo afectadas. El objetivo es vender para poder seguir explotando los servicios y las líneas”. Y advierten: “Las garantías de los 1.500 empleados están con la subrogación de Baleària. Cuanto antes se haga la subrogación, mejor para los empleados”.
Desde Comisiones Obreras añaden un asunto adicional. “Quiero hacer hincapíe en la eficiencia energética y esto lo tienen que tener en cuenta todos los organismos. La propulsión eléctrica y el gas licuado que está desarrollando Baleària es un beneficio para toda la ciudadanía española y un avance para la reducción de emisiones en 2030 y la emisión nula para 2050”, inciden.
