«Expropiar suelo y construir», el mantra promotor ante la «emergencia nacional» de la vivienda

Los promotores valencianos pidieron ayer grandes procesos de expropiación de suelo (de a partir de dos millones de metros cuadrados) como única vía para solucionar el problema de la vivienda en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Se piden inversiones pequeñas para el presupuesto de la Generalitat (en el entorno de 20 millones de euros por actuación) para generar suelo donde construir miles de viviendas.

Se advierte que estas actuaciones serían de menor calado que la realizada en Parc Sagunt para el beneficio de una multinacional cotizada como Volkswagen con el desarrollo del suelo que se expropió a agricultores y que ahora es donde se está levantando la gigafactoría de baterías de PowerCo. El nuevo mantra promotor es: «expropiar y construir».

La propuesta se planteó en una jornada de Aprova, patronal de los promotores de la provincia de Valencia, que tuvo como protagonista a Vicente Llácer (Grupo Ática), Alejandro Escribano, arquitecto que diseñó el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia durante la alcaldía del socialista Pérez Casado y Agnés Noguera (Libertas 7).

Vicente Llácer apuntó que estamos ante una «emergencia nacional», «con una sociedad altamente crispada y polarizada donde la vivienda se utiliza como campo de batalla».

El promotor incidió en que «no sólo tenemos que construir sino que tenemos generar un cambio en las políticas de vivienda» ya que hay un problema «no sólo de jóvenes» sino de «mucha gente que no puede comprar». Ante esta situación, el deseo es un «gran pacto de vivienda, pero no de cuatro años sino de 12 o 16 años».

En paralelo, el dueño de Grupo Ática llegó a la jornada con el ejemplo del gran hospital que China levantó en días con el coronavirus. La conclusión fue que cuando hay grandes problemas, hacen falta soluciones extraordinarias y que, por ello, había que decretar la emergencia nacional y liberar suelo que de manera acelerada para permitir la construcción de viviendas.

El mecanismo para llegar a este objetivo es la expropiación, un método que requiere baja inversión directa aunque venga acompañada de una inversión mucho más significativa ya que los terrenos expropiados tienen que ser conectados con Valencia con una línea directa de metro, una condición absolutamente necesaria desde el punto del vista de los promotores.

La expropiación se propuso mientras se censuró duramente a los «falsos medioambientalistas», que son, según explicó Llácer, «los que pintan las casas de verde» y convierten en huerta protegida terrenos que no se cultivan. Como ejemplo puso: «el suelo de enfrente del Oceanogràfic».

«Sustituir parques por huertos urbanos es lo más egoísta que hay porque uno utiliza lo que podrían disfrutar 100″, concluyó.

La política de izquierda de Franco

La perspectiva más histórica de la jornada la ofreció Alejandro Escribano, padre del urbanismo de la ciudad de Valencia al ser que diseñó el plan general de ordenación urbana de 1988 y que aseguró que había que hacer políticas de «izquierda» como las de «Franco», es decir, construir muchas vivienda protegida, como proclama la izquierda que quiere hacer, utilizando el método de la expropiación que se usó durante la etapa de Franco.

Alejandro Escribano pidió a la administración «que se deje de bobadas y entienda al sector privado». Partió de la base de que hay que «salir» del problema que se ha creado con la legislación limitante.

«En el franquismo se expropiaba y mucho. El instituto nacional de Vivienda hizo millones de viviendas expropiando. ¿Era de izquierdas el régimen de Franco? Simplemente hizo lo que tocaba hacer. Hay que generar suelo porque sin suelo no puede haber política de vivienda», afirmó.

Escribano deja atrás las «políticas liberales de los años 90 anteriores a la declaración de impacto ambiental» que, recuerda, «era un momento en el que los promotores nos podíamos mover y se urbanizó». Aquellas prácticas ahora las considera irrecuperables por la enorme burocracia existente y aboga directamente por expropiar terrenos para poder construir.

En la misma línea se postuló Agnés Noguera, que aseguró que la «política tiene que decidir si quiere vivienda o huerta protegida» mientras remarcó que «nos cuesta cuatro años desde que se compra el suelo hasta que se escritura por lo que no valen planes a corto plazo».

Sobre la vivienda protegida, la consejero delegada de Libertas 7 abogó por crear un parque público en alquiler de manera que no exista lucro cuando se liberaliza una vivienda protegida.

Respecto al alquiler, Nogera añadió: «Con la actual legislación, los propietarios dificilmente se atraven a poner el piso en alquiler». E incidió en «el problema de tener un inquilino que no paga por las múltiples oportunidades que le da la ley«.

Y como conclusión, remató: «Es más caro ahora alquilar que comprar y eso no tiene ningún sentido«. «Esto pronostica un crecimiento del precio brutal», apostilló Llácer.