La Generalitat destina 4,5 millones para recuperar viviendas públicas dañadas por la riada
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La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un amplio plan de actuación para reparar y habilitar las viviendas públicas afectadas por la riada del pasado 29 de octubre. La iniciativa, gestionada a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), cuenta con una inversión superior a los 4,5 millones de euros y persigue garantizar una solución habitacional a cientos de familias damnificadas.
Una respuesta inmediata ante la emergencia
El impacto de la riada dejó a numerosas familias sin hogar ni pertenencias básicas, generando una situación de necesidad extrema. Ante ello, la Generalitat decidió activar de manera urgente recursos de su parque público de vivienda en la provincia de Valencia, al tiempo que reforzó el equipo de trabajadores sociales para coordinar los realojos.
Según explicó la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, “muchas personas perdieron sus casas de manera definitiva o temporal, y la prioridad era ofrecerles una alternativa rápida y digna”.
De los 4,5 millones invertidos, más de 4,3 millones se han destinado directamente a la reparación de inmuebles públicos dañados. La intervención más costosa se produjo en el edificio de 184 viviendas de La Torre, en la calle Remigio Soler de València. Allí fue necesario invertir 2,2 millones de euros para reacondicionar bajos, zonas comunes y sótanos seriamente afectados por las aguas.
Además, se destinaron 1,34 millones de euros a obras en Alfafar, Aldaia, Algemesí, Torrent y València, y otros 758.000 euros para mejorar elementos comunes en promociones públicas de localidades como Alzira, Paiporta o Picanya.
Refuerzo del equipo social
La magnitud de la emergencia obligó a la Generalitat a ampliar temporalmente la plantilla de trabajadores sociales de la EVHA. Inicialmente, estaba previsto un refuerzo de tres meses, pero la necesidad real llevó a prolongarlo hasta el 30 de junio.
Este equipo fue clave para coordinar la atención con los servicios sociales municipales, identificar a las familias más vulnerables y canalizar las demandas de realojo con la mayor rapidez posible.
En total, la Generalitat ofreció 260 viviendas de su parque público a las familias afectadas. De estas, 127 aceptaron la propuesta y se trasladaron a los pisos asignados, mientras que el resto optó por otras soluciones.
Las viviendas se adjudicaron de forma gratuita durante seis meses. Pasado ese periodo, cada caso fue revaluado y, si persistía la necesidad, la estancia se prorrogó otros seis meses. Para aquellas familias que no pudieron regresar a sus hogares y cumplían los requisitos de vivienda social, la Generalitat ofreció la posibilidad de permanecer en los inmuebles pagando un alquiler asequible.
Requisitos y equipamiento de las viviendas
Para acceder a una vivienda pública, las familias debían acreditar que residían en la zona afectada, que la vivienda dañada era su residencia habitual y que carecían de otra alternativa habitacional. También se exigía que el inmueble estuviera destruido, necesitara reparaciones estructurales o que su recuperación excediera los seis meses.
Las viviendas se entregaron completamente equipadas gracias a una doble vía: donaciones de empresas privadas en mobiliario y menaje, y una partida de 183.000 euros destinada a la compra de electrodomésticos y enseres básicos por parte de la EVHA.
Además de los realojos, la Generalitat aplicó descuentos en el alquiler a aquellas familias que ya vivían en pisos públicos y cuya situación económica empeoró tras la riada. En total, 84 unidades familiares se beneficiaron de estas bonificaciones, que supusieron un desembolso global de 12.785 euros.
Este apoyo fue decisivo para evitar que los damnificados se vieran obligados a abandonar sus viviendas por dificultades de pago.
Reconocimiento a la gestión
La labor de la Generalitat y de la EVHA no ha pasado desapercibida. La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) reconoció en mayo la gestión de realojos y la evaluación de daños realizada en la Comunitat Valenciana.
Los Premios AVS a las Buenas Prácticas pusieron en valor la coordinación entre la EVHA y el Instituto Valenciano de Edificación (IVE), que inspeccionó miles de edificios en los municipios más afectados.
El esfuerzo económico y humano desplegado demuestra, según fuentes del Consell, “la voluntad de no dejar a nadie atrás tras un desastre natural que golpeó duramente a la ciudadanía”.
Más allá de la inversión en ladrillo, el Gobierno valenciano resalta que el programa ha permitido atender no solo necesidades materiales, sino también sociales, gracias a la atención personalizada de los equipos desplazados en cada municipio.
Mirando hacia el futuro
Con las viviendas recuperadas y muchas familias ya instaladas en sus nuevos hogares, la Generalitat quiere reforzar la resiliencia del parque público ante futuros fenómenos meteorológicos extremos. Para ello, se estudian medidas de prevención adicionales en materia de drenajes, aislamiento y sistemas eléctricos en edificios públicos.
Al mismo tiempo, se continuará con la política de apoyo a familias vulnerables, ya que la emergencia ha dejado al descubierto la importancia de contar con un parque público de vivienda ágil, dotado y preparado para dar respuesta a situaciones de crisis.
La inversión de 4,5 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana representa mucho más que una obra de reparación. Es una apuesta por la protección social, la recuperación de la dignidad de las familias y el refuerzo de un sistema público de vivienda capaz de responder ante emergencias.
En palabras de la directora de la EVHA, “no se trata solo de reconstruir paredes, sino de devolver esperanza y seguridad a quienes lo han perdido todo”.
