El alquiler ahoga a Valencia: jóvenes que no se mueven y pisos que nadie puede pagar

La escalada de los precios del alquiler en Valencia y su área metropolitana está generando un efecto colateral que preocupa a familias, estudiantes e instituciones: la desigualdad territorial en el acceso a la universidad. Cada vez más jóvenes que viven lejos de la capital se ven obligados a viajar diariamente desde sus municipios de origen o renunciar a cursar estudios superiores, debido a la imposibilidad de asumir el coste de una vivienda en la ciudad.

El Consell de la Joventut de Valencia (CJV) alerta de que esta situación “limita el derecho a la educación universal” y está creando una brecha entre los estudiantes que pueden permitirse residir en Valencia y aquellos que no. “Hay familias que se ven obligadas a renunciar a llevar a su hijo a la universidad porque no pueden afrontar el pago del alquiler”, denuncia Blanca Melià, responsable de vivienda de la entidad.

Alquiler de pisos caros y precarios

La paradoja es que, pese a la elevada demanda potencial, algunas viviendas destinadas a estudiantes permanecen vacías en zonas tradicionalmente universitarias como el Marítim o Blasco Ibáñez. Según la Asociación Valenciana de Inmobiliarias (Asicval), la causa no es la abundancia de oferta, sino el precio desorbitado y las condiciones deficientesde muchos inmuebles.

“Este año los alquileres más baratos han sido de mil euros, a dividir entre tres personas, aunque esa es la excepción. La media está en unos 500 euros por habitación, a lo que hay que añadir gastos”, explica Nora García, presidenta de Asicval.

En estas circunstancias, cada vez más estudiantes optan por residencias privadas, que aunque son más caras, ofrecen mejores servicios y, hoy en día, una diferencia de precio menor respecto a los pisos compartidos.

García prevé que los precios bajen ligeramente en las próximas semanas para dar salida a las viviendas aún vacías, aunque insiste en que la raíz del problema es la escasez de oferta de vivienda.

A ello se suma un fenómeno creciente: las estafas a estudiantes, con anuncios fraudulentos de pisos a precios atractivos que desaparecen tras el cobro de una fianza.

Reclamación de medidas estructurales

Para el Consell de la Joventut, las ayudas y becas actuales resultan claramente insuficientes. “No cubren lo que cuesta vivir en Valencia, de modo que no solucionan el problema de fondo”, subraya Melià.

La consecuencia, advierte, es que se limita la igualdad de oportunidades y se perpetúa un modelo educativo inaccesible para muchas familias.

En este sentido, tanto el CJV como la Federación Vecinal de Valencia reclaman medidas a largo plazo y coinciden en una propuesta: que la ciudad sea declarada zona tensionada en materia de vivienda.

Esto permitiría limitar los precios del alquiler y frenar su escalada, tal y como ya se ha planteado en otros municipios españoles afectados por dinámicas similares.

Una brecha que amenaza la cohesión territorial

El trasfondo del problema es más amplio que la coyuntura del mercado inmobiliario. La imposibilidad de residir en la capital no solo condiciona el presente académico de muchos jóvenes, sino que también puede tener efectos a largo plazo en la cohesión territorial y en la movilidad social.

“Estamos creando una desigualdad estructural entre quienes pueden estudiar en Valencia y quienes se ven obligados a quedarse en su municipio”, advierten desde el Consell.

Mientras tanto, la presión inmobiliaria sigue marcando el pulso de la ciudad, con pisos vacíos a precios inasumibles y familias enteras replanteándose el futuro universitario de sus hijos.

La crisis del alquiler en Valencia no solo tensiona el mercado inmobiliario, sino que amenaza con profundizar la desigualdad territorial y social, limitando el acceso de muchos jóvenes a la universidad.

Sin medidas estructurales que contengan los precios y garanticen alternativas habitacionales asequibles, la brecha entre quienes pueden estudiar en la capital y quienes no seguirá ampliándose.