Antoni Marsal insiste en que su remuneración en la UPM era legal
El ex presidente de la patronal, acusado de apropiación indebida, señala que él acabó con la mala praxis de remunerar a trabajadores en negro
Antoni Marsal se siente víctima de un engaño. El ex presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), una de las sectoriales más potentes de Foment del Treball, considera que su imputación por malversación de caudales públicos y apropiación indebida, es injusta. En un escrito remitido al juzgado donde se instruye el caso, recuerda que él fue el encargado de acabar con los pagos en negro dentro de la organización, además de asegurar que los fondos que percibió fueron por trabajos reales.
El ex presidente de la UPM está a un paso del juicio. Con la investigación ya acabada, en las próximas semanas se conocerá la petición de pena que exige la Fiscalía. Sobre él existe la sospecha de que desvió fondos de la organización y de subvenciones públicas a su bolsillo. En concreto, Marsal se habría apropiado de 600.000 euros a través de facturas a sociedades de su propiedad. Se trataría de fondos públicos –subvenciones para cursos– de los ejercicios 2007, 2008 y 2009. El dinero sustraído de la organización corresponde a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
La defensa de Marsal
Marsal, a través de su abogado Enric Carulla, del despacho Garrigues, lo niega todo. Lo hizo primero presentando un escrito en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona donde señalaba que la propia UPM estaba al corriente de los pagos. Se trataría de una manera de remunerar a su cliente ya que los estatutos de la organización prohíben que perciba cantidad alguna.
Y lo vuelve a hacer ahora para defenderse de un recurso presentado por una ex trabajadora, que trata de zafarse de la causa traspasando toda la culpa al empresario. «Los pagos efectuados a mi representado lo fueron por trabajos efectivamente realizados que excedían de sus funciones estatutarias y que dichos pagos fueron debidamente contabilizados, poniendo fin con ello a la práctica consolidada en la UPM de realizar pagos periódicos y no declarados en favor de sus máximos responsables y de la mayoría de sus trabajadores», asegura el documento.
Otros imputados
La defensa, además, iba un paso más allá. Su letrado apuntaba que, de existir delito en la apropiación de las subvenciones públicas, la UPM debería ser responsable civil al ser conocedora de la práctica y no acusación particular.
En la causa, también está imputado Ángel Hermosilla, director de la UPM, responsable de autorizar los pagos, además de desviar dinero a su esposa Margarita Sánchez, también acusada. El acusado, defendido por el abogado David Aineto, aseguró que el dinero que percibió su mujer fue una parte de su sueldo, ya que los estatutos le imponían un tope salarial. También están acusadas Maria Magdalena Grau, responsable del departamento de formación; Cristina Isabel, del departamento de administración; y Ángel Blesa, asesor de Marsal que también realizó facturas supuestamente mendaces.
