Acciona cierra su primer año como gestor de las aguas catalanas sin invertir un euro en la red

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'GUERRA DEL AGUA'

En primer término, Luis Castilla, presidente de Acciona Agua y Pau Villòria, secretario general del departamento de Territori

22 de diciembre de 2013 (21:07 CET)

La privatización estrella del gobierno de Artur Mas (CiU), la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona, está a punto de cumplir un año. La batalla judicial ha marcado el primer aniversario. Casi 24 meses después de tomar el mando de las aguas catalanas, la cotizada cerrará el ejercicio con un incumplimiento importante al planificar las obras comprometidas en el contrato.

La planificación de la concesión de la Generalitat marcaba que en 2013 la adjudicataria del servicio tenía que poner en marcha 20 iniciativas destinadas a mejorar la red de distribución Ter-Llobregat, que da servicio a 4,5 millones de ciudadanos de Barcelona y su área de influencia. Incluso contabilizaba el importe total de los trabajo en 14,28 millones de euros, según la documentación del departamento de Territorio y Sostenibilidad a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Ocho proyectos en fase inicial

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha confirmado que sólo hay ocho actuaciones en curso destinadas a mejorar puntos de la red de ATLL y realizar nuevas conexiones en zonas concretas de las comarcas de Vallès Occidental y Anoia, ambas en la provincia de Barcelona. También ha puesto en marcha actuaciones para mejorar las potabilizadoras de los municipios de Cardedeu y Abrera. Todos estas iniciativas están en fase inicial, aseguran fuentes de la compañía. La mayoría de ellas no han transcendido el papel, corroboran.

Los mismos interlocutores señalan que desde que el nuevo adjudicatario del servicio desembarcó en la empresa no ha modificado “casi nada” de su funcionamiento. Incluidas las mejoras contratadas para la red en la concesión. “Todo está como hace un año”, sentencian.

139 millones en 10 años

La ACA saca hierro a la falta de inversión. Fuentes de la empresa pública recuerdan que la concesionaria tiene la obligación de invertir 139 millones de euros en 10 años y que puede planificar los proyectos como le parezca oportuno siempre que no vaya más allá de ese periodo de tiempo. Una condición que, por el momento, se cumple.

Sin embargo, el calendario de obras ha sido el detonante de la guerra del agua en Catalunya. Ha provocado que primero el organismo que vela por los contratos públicos de la administración catalana, el OARCC, y después el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decretaran que la oferta de Acciona no se ajustaba al pliegue de condiciones del contrato y la invalidaba.

Documento de garantías

Ambas instituciones decretaron que el adjudicatario incumplía los requisitos de la adjudicación y que se tenía que convocar otro concurso público en el menor tiempo posible. Ello, para evitar una compensación lo más baja posible a Acciona y a su socio financiero, el banco de inversión brasileño BTG Pactual, que no hundiera las finanzas públicas catalanas. Se trata de una concesión a 50 años de 994,8 millones de euros.

El presidente de la cotizada española, José Manuel Entrecanales, anunció en la última junta de accionistas del grupo que tenía blindado el contrato por la propia Generalitat. Un documento de garantías firmado por el responsable de Economía del Govern, Andreu Mas-Colell (CiU), y el de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila (CiU), casi un mes después de que se diera a conocer su existencia.

Recurso Tribunal Supremo

La Generalitat y la concesionaria han recurrido la decisión del máximo órgano judicial catalán al Tribunal Supremo. Por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

Acciona y BTG celebrarán el aniversario en la concesión de las aguas catalanas con la incertidumbre jurídica sobre su vigencia. En este año, incluso el President Artur Mas se ha desplazado a Brasil para intentar tranquilizar al socio financiero, que también ha invertido en las autopistas catalanas junto a Abertis. Dos concesiones concebidas por el mismo Ejecutivo y que son como la noche y el día. Una realidad de la que ha tomado nota el grupo de Sao Paulo (Brasil). Por el momento, ha puesto en cuarentena cualquier nueva inversión en España hasta que se vea la luz en ATLL.
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