El futuro Govern de la Generalitat decidirá quién se queda Aigües Ter Llobregat

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ADJUDICACIÓN

Lluís Recoder

16 de octubre de 2012 (20:52 CET)

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) será uno de los primeros grandes contratos que cierre el Govern de la Generalitat que salga de las urnas el próximo 25 de noviembre. “El proceso de licitación es muy complejo”, afirman desde la conselleria de Territori i Sostenibilitat, y no se completará hasta “la segunda semana de diciembre”.

Inicialmente, el departamento dirigido por Lluís Recoder quería cerrar la privatización de la gestión del agua en Catalunya, desde los pantanos a los depósitos de cabecera de los municipios, antes de los comicios. Pero la burocracia que conlleva un concurso de esta índole ha “prolongado el proceso”, reconocen los mismos interlocutores. Eso sí, también dejan claro que nunca ha existido un “compromiso explícito” en este sentido.

Ofertas

Los técnicos de la conselleria aún tienen que terminar el informe técnico sobre los pliegos de los interesados y hacer posteriormente una valoración económica de los mismos, recuerdan desde el entorno de Recoder. Cuando terminen, las dos compañías que han pujado, Acciona y Agbar, aún podrán mejorar sus iniciativas con la presentación de la oferta definitiva.

Acciona y Agbar han podido pujar gracias a un crédito sindicado liderado por La Caixa y la aportación económica del banco brasileño BTG Portugal, respectivamente. Ambas entidades les permiten pagar los 1.000 millones de euros que cuesta la empresa pública.

Deuda ordinaria


El adjudicatario final tendrá que desembolsar 300 millones de euros en el momento de firmar el contrato de concesión. Los restantes, los pagará a lo largo de los 50 años en los que presete el servicio.

Es muy importante que la privatización se cierre antes del 31 de diciembre. La Generalitat se podrá descontar los 1.000 millones de euros de deuda ordinaria cuando finalice la operación, y le urge que este balón de oxígeno compute en el ejercicio actual para cumplir con los límites de déficit marcados desde Bruselas y Madrid. La concesión de los servicios de ATLL no servirá para pagar los 663 millones de euros de deuda que arrastra la compañía.
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