Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, entre Pedro Sánchez y la ministra en funciones Magdalena Valerio. /EFE/Mariscal

El 'sí' a Sánchez y la anemia muscular del IBEX

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La eliminación de la exención fiscal en el cobro de dividendos entre matriz y participada puede reducir a un solo dígito el crecimiento de beneficios

Cristina Triana

Economía Digital

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, entre Pedro Sánchez y la ministra en funciones Magdalena Valerio. /EFE/Mariscal

Madrid, 07 de enero de 2020 (04:55 CET)

La contrarreloj del Congreso para cerrar la investidura de Pedro Sánchez, que debería quedar cerrada este martes si no se produce algún imprevisto, marca el inicio de la nueva legislatura, pero deja al futuro Ejecutivo ante el mismo reto que fue incapaz de superar en 2019: sacar adelante sus propios Presupuestos. Es un objetivo que se le ha resistido desde la moción de censura, que provocó los dos procesos electorales del año pasado, y que es clave para que los socialistas entierren la herencia económica de Mariano Rajoy.

La bestia negra el año pasado fue ERC, que tumbó la propuesta, y que volverá a tener al PSOE en sus manos otra vez este año; en una especie de déjà vu que parece complicado que se resuelva sin nada más a cambio. Los independentistas ya se han cuidado de marcar al nuevo gobierno desde el primer momento —el pacto fija que la primera reunión de la mesa de diálogo se deberá producir a los 15 días de que el Gobierno vea la luz— y si el proyecto sale adelante con el paquete tributario que adelantaba el acuerdo entre del PSOE y Unidas Podemos, las grandes empresas españolas asumirán una parte relevante de las subidas de impuestos previstas.

La CEOE ya ha mostrado su preocupación por los posibles cambios en el mercado laboral para dar marcha atrás a la reforma laboral de 2012. Un despido más duro, unido a una fuerte subida del salario mínimo interprofesional (SMI), es un cóctel de difícil digestión en un escenario de ralentización económica, como el que se vislumbra para este año.  

Esta incertidumbre vuelve a dejar a las IBEX en una situación de espera (así se han mantenido desde la moción de censura, ante la exceptativa de que el escenario tributario y del mercado de trabajo se endureciera). Más allá del tipo mínimo obligatorio en Sociedades, que se recupera del proyecto de 2019, uno de los puntos que preocupa a las multinacionales españolas, es el impacto de la eliminación de la exención fiscal de las repatriaciones de dividendos desde las empresas participadas a las matrices. El cómo se articule podría atrofiar la musculatura del IBEX.

Por el momento, el pacto del PSOE y Unidas-Podemos apunta que "se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial".

Un crecimiento a doble dígito, pero con riesgo a la baja 

A la espera del proyecto presupuestario del futuro gobierno, los analistas anticipan un crecimiento de los beneficios del IBEX para 2020 del 10,6%, que se estaría jugando el doble dígito con el cambio impositivo. En su conjunto, de acuerdo con Bloomberg, la banca de inversión espera que las 35 empresas que forman parte del IBEX ganen 46.700 millones este año; sin tener en cuenta posibles modificaciones tributarias.

Una de las partes más débiles del índice volverá a ser la banca, que, por el momento, ha escapado a la implementación de un impuesto específico, pero que sí verá subir su tipo mínimo en Sociedades hasta el nivel del 18%. Solo en el caso de Banco Santander se espera una mejora del resultado neto superior al 5%. En el caso de BBVA, Bankia, Bankinter y Banco Sabadell, se pronostican menores beneficios.

El otro flanco en el que el IBEX se puede ver damnificado es por el impuesto de transacciones financieras. Este tributo, que también formaba parte del proyecto presupuestario el año pasado, gravará las operaciones de compra y venta de empresas con sede en España y más de 1.000 millones de capitalización. En un principio, se preveía que lo pagaron los intermediarios financieros, pero esto abría la puerta a que trasladaran el coste a sus clientes. 

A la espera de que el gobierno del PSOE y Unidas-Podemos vea la luz, el cambio de contexto tributario ya ha tenido un efecto: un adelanto a diciembre del pago de dividendos. Las medidas fiscales serán retroactivas para todo 2020.

 

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