Florentino se queda con las aceras de Madrid

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Dragados se adjudica un 'megacontrato' de 260 millones para renovar la vía pública hasta 2022

Florentino Pérez, presidente del grupo ACS I EFE

29 de enero de 2014 (18:57 CET)

El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado su último macrocontrato, denominado operación asfalto, con Dragados, una de las empresas del grupo ACS presidido por Florentino Pérez.

La compañía se encargará del mantenimiento y conservación de las calles de la ciudad durante los próximos ocho años y a cambio, ingresará poco más de 260 millones de euros. El gobierno local se vanagloria de que es una inversión en infraestructuras viarias similar a las que se realizaban antes de la crisis.

Integración de contratos

En concreto, la empresa remozará 4,5 millones de metros cuadrados de calzadas, aceras, puentes, pasarelas y túneles. Entre los tramos afectados se encuentran el paseo de la Castellana, la avenida de los Poblados, el paseo de las Delicias y Río Rosas. Los tres contratos divididos en lotes por zonas, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), finalizará en 2022.

Pero la novedad de la adjudicación reside en el nuevo patrón que sigue Madrid a la ahora de conferir contratos públicos. El consistorio, gobernado por Ana Botella (PP), está inmerso en un proceso de simplificación. Integra bajo un mismo paraguas lo que hace años se adjudicaba por separado. El caso más llamativo y reciente ha sido el contrato de la limpieza. Ahora, Dragados se encargará de gestionar servicios que en ocasiones anteriores se podían repartir varias empresas.

Contratos de ocho años

La unificación de los contratos pretende reducir costes y facilitar la gestión, indican desde el gobierno municipal. Pero fuentes del Ayuntamiento sostienen que este nuevo mantra contractual es un arma de doble filo porque en realidad el consistorio paga mucho menos a las empresas. “Dicen que centralizándolos se ahorra pero en realidad se esconde un recorte”, aseguran estos interlocutores.

Además, las mismas fuentes critican que el gobierno municipal pretende cerrar contratos que duren entre seis u ocho años. “Están hipotecando al siguiente grupo, sea cual sea”, argumentan.
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