José Luis Ábalos, ministro de Fomento. EFE

Fomento se estrella contra el primer peaje suprimido

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El Gobierno sigue sin licitar el tramo de la AP-1 que se recuperó en enero por problemas con el concurso, que está recurrido por las empresas del sector

Barcelona, 21 de julio de 2019 (04:55 CET)

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió terminar con los peajes en las autopistas, por lo que, cuando tomó el poder tras la moción de censura en mayo de 2018, anunció que recuperaría todas las autopistas cuya concesión terminara durante su mandato. Así lo hizo, y la primera fue un tramo de la AP-1, que dejó de ser de pago por peaje tras 44 años, pero el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos ha encallado en la reversión de la concesión.

Siete meses después de que venciera la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), el mantenimiento de este tramo de 84 kilómetros sigue sin adjudicarse a ninguna empresa y, de hecho, el concurso está parado tras el recurso de la patronal del sector. Mientras tanto, Itínere, antiguo gestor, se ocupa provisionalmente del servicio.

El retorno de la gestión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón nació ya cojo. La precipitación con la que se recuperó provocó que no se llegara a tiempo para el 1 de enero. El Gobierno dijo no a los peajes pero no tenía, ni tiene, un modelo alternativo para sufragar la infraestructura. Ábalos anunció en noviembre de 2018 la creación de una subcomisión del Congreso para debatir el modelo de gestión y pago de la red vial, pero no llegó a ponerse en marcha por la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes.

El plazo de la AP-1 recuperado por Fomento sigue sin concesión de mantenimiento siete meses después

Sin modelo, el Gobierno admitió que el mantenimiento de las autopistas recuperadas iría a cargo del Estado. Pero como el Estado no tiene capacidad de asumirlo, debía subcontratarlo, así que, de la manera que sea, terminará a cuenta de los presupuestos del Estado. Hay alternativas a los peajes físicos, como los peajes a la sombra o la viñeta —el modelo que se plantea ahora Cataluña—, para intentar que sean los usuarios los que paguen la infraestructura, pero de momento ni siquiera se han estudiado.

Para subcontratar el mantenimiento de la vía, se debía sacar a concurso, pero el ministerio no llegaba a tiempo para el 1 de enero. Así que prorrogó de urgencia el servicio durante seis meses a la propia Itinere, en un acuerdo que se vistió de éxito porque lograba subrogar 62 de los 111 empleados que hasta el 31 de diciembre trabajaban en el tramo. En realidad, los puestos de trabajo podían salvarse igualmente mediante el concurso.

Mientras tanto, el Gobierno hizo con calma el concurso, al que se podían presentar ofertas hasta el 18 de marzo, con el objetivo de adjudicar el servicio a partir del 1 de julio. La concesión era para dos años con un coste estimado de casi 27 millones de euros, según la información de la licitación publicada en la web de contratación del Estado.

No obstante, a pocos días para finalizar el mes de julio, el procedimiento sigue abierto y el servicio se ha prorrogado de urgencia con Itinere, ya que la vía no puede quedarse sin servicio de mantenimiento, aunque sea de mínimos. La causa es que La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) recurrió el concurso y el ministerio decidió pararlo mientras se resolvía.

Las empresas de mantenimiento piden más dinero

El recurso de las empresas de mantenimiento al concurso pone en cuestión la subrogación de los empleados de Itinere. No por el hecho en sí ni por la cifra, sino por falta de información en cuanto a las condiciones laborales y un cálculo inexacto de su coste.

Acex denunció que, en el apartado en el que se especifica los puestos de trabajo que la empresa adjudicataria debe respetar, el ministerio no tenía en cuenta que las condiciones laborales de estos son distintas a las que ofrecen las empresas de mantenimiento. Por ello, el presupuesto previsto debía revisarse para adaptarse a los salarios de los trabajadores subrogados.

La dirección general de carreteras decidió a finales de marzo suspender la concesión mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales decidía sobre el fondo de la cuestión, al entender que seguir adelante con la adjudicación podía provocar un daño irreparable en el concurso si luego se admitía el recurso. Hizo bien.

El mayo, el tribunal aceptó parcialmente el recurso de Acex e instó al ministerio a corregir el cálculo de las subrogaciones y el presupuesto de la licitación. En ello está, y aun no ha reanudado el concurso. En la web de contratación pública aparecen todavía las fechas iniciales de la licitación, que debería haberse resuelto hace tres meses.

Ahora las concesiones de Abertis

El Gobierno ha encallado en el primer peaje que levanta —de hecho, el peaje siguió en su sitio, sin barreras, hasta hace unas semanas, cuando se empezaron a retirar— a causa de las prisas y la falta de modelo. Ahora, con Aumar, concesión de Abertis que termina el 31 de diciembre, están teniendo algo más de previsión y ya han mandado a los hombres de negro.

No obstante, el hecho de que el gobierno, y el ministro, estén en funciones puede ralentizar el proceso. Fuentes del sector explican que esperaban el pliego de condiciones para el concurso del mantenimiento de los tramos de la AP-7 y la AP-4 de Aumar este julio, pero parece que podría quedar para septiembre, a menos de cuatro meses de la fecha límite. Otra vez con prisas.

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