La juez exige a Extremadura que destruya 20.000 kilos de carne podrida. En la imagen, un camión se lleva los jamones caducados encontrados en otra empresa de la trama en Badajoz). Foto:ED

La juez exige a Extremadura destruir 20.000 kilos de carne podrida

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La juez que investiga "la trama del jamón" advierte a la Junta de Extremadura que está poniendo en riesgo “muy grave” la salud pública

David Placer

Economía Digital

La juez exige a Extremadura que destruya 20.000 kilos de carne podrida. En la imagen, un camión se lleva los jamones caducados encontrados en otra empresa de la trama en Badajoz). Foto:ED

Madrid, 03 de julio de 2018 (04:55 CET)

La juez que investiga la trama del jamón que vendía carne en mal estado ha lanzado un ultimátum a la Junta de Extremadura para que destruya unos 20.000 kilos de carne podrida, en mal estado o cuyo origen es desconocido por un riesgo inminente para la salud pública.

El tribunal exigió a la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, la destrucción de la carne en mal estado hallada en una de las naves industriales que se han revisado en las investigaciones judiciales para destapar esta trama empresarial. Pero hasta ahora el gobierno extremeño no ha cumplido con las exigencias de la juez por motivos desonocidos. 

El tribunal investiga una trama de 30 empresas que adquirían mercancía caducada o a punto de caducar para reetiquetarla, reenvarsarla y venderla como apta.  La nave donde se encontró la carne pertenece a una empresa distribuidora investigada por la venta de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en las cárceles españolas, tal como ha destapado en exclusiva Economía DIgital. 

El juzgado de instrucción de Fregenal de la Sierra ha emitido una providencia el viernes pasado para advertir a la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura que destruya la carne podrida localizada en una nave de Malpartida de Plasencia (Cáceres), que además presenta problemas de refrigeración.

La juez señala a la Junta por “desacato”

La juez ha acreditado que la carne se encuentra “en estado de putrefacción” y emite “malos olores que pueden ocasionar perjuicios muy graves para la salud pública”.

El tribunal también ha dado un último toque de atención al gobierno extremeño, que hasta ahora no ha acatado las órdenes judiciales. La magistrada les advierte que en caso de que no destruyan la mercancía de forma inmediata, la administración podría incurrir en un delito de desacato a la autoridad judicial, con independencia de otros posibles delitos contra la salud pública que pudieran desencadenar su inacción. 

La Junta de Extremadura es conocedora de la investigación judicial, al menos, desde que, hace un año, comenzaron las pesquisas para detectar la trama de fraude alimentario.

La trama del jamón que salpica a Carrefour

La trama empresarial del jamón en mal estado tiene ramificaciones en toda España y ha implicado a empresas líderes en el sector como Comapa, el mayor distribuidor de productos ibéricos de España y proveedor estrella de Carrefour. La cadena de supermercados francesa continuó vendiendo los productos prohibidos por Sanidad (jamones marca Oro de la Ermita) durante una semana. El sábado pasado, después de la publicación de la noticia en este diario, retiró toda la mercancía de los supermercados y de su web. 

La Comunidad Valenciana también ha descubierto carne putrefacta, en mal estado y llena de gusanos y larvas de moscas. Fueron los mismos hallazgos que en Extremadura. El gobierno valenciano activó de inmediato una alerta sanitaria difundida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria Aecosan, dependiente del ministerio de Sanidad.

Una loncha de jamón con gusanos en una nave de Extremadura.

Una loncha de jamón con gusanos en una nave de Extremadura

Pero, a diferencia del gobierno valenciano, en Extremadura han optado por el silencio. El gobierno extremeño tiene pánico de que la trama afecte negativamente las ventas de su jamón, una de sus mayores industrias. El consejero de Sanidad de la comunidad, José María Vergeles, ha explicado que se trata de un problema de “falta de etiquetado” que afecta a varias comunidades autónomas, pero no ha dado explicaciones sobre los posibles delitos contra la salud pública y desacato en los que podría haber incurrido su administración. 

La destrucción de la carne podrida almacenada podría suponer un coste de entre 50.000 y 60.000 euros, según han explicado a este diario fuentes cercanas a las incineradoras. La Junta de Extremadura deberá hacerse cargo de la destrucción, ya que la empresa propietaria de la carne se rehúsa a pagar los costes. 

Hasta ahora, las autoridades sanitarias y la Guardia Civil han encontrado unos 900.000 kilos de carne irregular en Valencia y Extremadura. En Cáceres y Badajoz ya se han destruido al menos 100.000 kilos, según ha informado a este medio la fiscalía. La investigación acumula, hasta ahora, una decena de imputados, pero no se descarta ampliar la lista en las próximas semanas. 

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