La liberalización de la estiba se pagará con dinero público

El Gobierno es el único responsable de la anomalía que vive el sector de la estiba en España. Esa es una de las principales conclusiones que se recogen en un informe realizado por Portrius, la consultora de referencia de la Comisión Europea en materia portuaria y que le ha asesorado durante más de 25 años.

En consecuencia, el estudio dice que «el Gobierno español debe asumir todo el coste social que supone reformar el actual sistema de estiba en los puertos para adaptarlo al modelo de libre contratación que impone la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». 

Cambio de modelo

La actual normativa legal sobre el trabajo de estiba obliga a las operadoras portuarias a ser accionistas de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y las obliga igualmente a contratar sólo a los trabajadores portuarios relacionados en estas sociedades. Un modelo que, a juicio de Portius, impone artificialmente enormes costes adicionales a las empresas, perjudicando su competitividad internacional.

Un argumento muy en consonancia al esgrimido por el propio TJUE. «La actual situación puede impedir a empresas de otros estados miembros establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías», señalaba la sentencia del tribunal, que salió a la luz a finales de 2014. 

¿Quién debe pagar los costes?

El Tribunal estableció que debe haber un mercado libre de trabajo en los puertos españoles. Esto significa que las empresas operadoras no pueden ser obligadas a participar en el sistema SAGEP y que deben tener plena libertad para contratar a trabajadores de su propia elección. El Ministerio de Fomento, liderado por Ana Pastor, planteó en un primer borrador que las empresas del sector asumieran el coste de la transición entre modelos.

No obstante, la consultora belga indica que sería «fundamentalmente injusto» que los actuales operadores portuarios españoles tengan que pagar para liberarse de las obligaciones de contratación forzosa a las que han estado sometidos de manera ilegal por la legislación española.

Una oportunidad para el Gobierno… o un peligro 

Portius estima en su informe que el Gobierno español debería ver esta reforma como una oportunidad histórica para crear un sistema portuario que sea económica y socialmente sostenible, lo que a largo plazo será beneficioso para la actividad económica y el empleo. «Si la reforma que emprende el Gobierno español es limitada, o meramente cosmética, dará lugar a sanciones económicas severas», refleja el informe.

Pero el verdadero riesgo que corre el Gobierno español, precisa Portius, es mantener un sistema de estiba que causará daños a la economía española, que depende de los puertos para la internacionalización de su economía; unos puertos que no pueden competir con un sistema portuario europeo liberalizado, con costes mucho más baratos.

Los puertos del Reino Unido e Irlanda vieron un tremendo renacimiento después de que el sistema de monopolio laboral fuese abolido. Los puertos de Europa del Este en el Báltico han eliminado también las regulaciones laborales arcaicas. Después de las recientes reformas, los puertos de Francia, Italia, Malta, Portugal e incluso los puertos griegos están funcionado mucho mejor. Hay una tendencia general, precisa el informe de Portius, hacia una normalización de las relaciones laborales en los puertos.