Los inspectores admiten la astucia de Pujol para engañar a Hacienda

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El sindicato mayoritario destaca que la complejidad del caso también radica en que los políticos son poco dados a airear los “trapos sucios”

Jordi Pujol en su residencia de vacaciones en Queralbs (Girona) | EFE

08 de agosto de 2014 (12:47 CET)

El presidente del sindicato Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez, ha admitido la complejidad y astucia de la trama que han desarrollado los Pujol para mantener oculta su fortuna presumiblemente ilegal.

Estos casos de corrupción son difíciles de detectar “porque los pagos se hacen en efectivo y el fruto de esos delitos se oculta en paraísos fiscales”.

La complejidad del fraude radica en la liquidación de las comisiones ilegales a cambio de la obtención de contratos públicos con precios inflados.

Complicidad entre políticos

Esos importes permiten pagar las mordidas y, a pesar de ello, obtener grandes beneficios. Detectar los incrementos de importes es la clave para tirar del hilo, pero Pérez recuerda que la clase política es poco dada a airear estos “trapos sucios”.

Los inspectores de Hacienda señalan la denuncia del ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall (PSC), en el Parlament. Se retractó inmediatamente de insinuar que CiU cobraba comisiones del 3% en las adjudicaciones de obras públicas.

Ideas para combatir la corrupción

Desde el IHE defienden la labor de los inspectores, sus representados. A pesar de los obstáculos políticos, se ha “destapado el caso por las investigaciones en curso y no por un arrepentimiento espontáneo del corrupto”, dice su portavoz.

Los inspectores propusieron al Gobierno, después de los numerosos casos de corrupción en la costa del Sol (Andalucía), que fuera Hacienda “la que asumiera competencias anticorrupción, que inspeccionara anualmente a quienes deciden del destino de los fondos públicos y que se potenciara la denuncia de este tipo de irregularidades”.

Oficina única y más recursos

Pérez recuerda que otra propuesta de los inspectores es que un único órgano, como la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, centralice las competencias que ahora están dividas entre la fiscalía, policía y Agencia Tributaria.

La concentración de recursos ayudaría a investigar, “instruir los procedimientos y auxiliar a los jueces”.
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