El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, y el consejero delegado de Nissan Motor Iberica, Genís Alonso, durante la rueda de prensa celebrada este martes en la fábrica de Nissan en la Zona Franca (Barcelona). EFE/Alejandro Garcia

Nissan rompe con los sindicatos y ya prepara el ERE

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La dirección del fabricante de coches japonés se levanta de la mesa tras una semana de negociación con los sindicatos

Carles Huguet

Economía Digital

El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, y el consejero delegado de Nissan Motor Iberica, Genís Alonso, durante la rueda de prensa celebrada este martes en la fábrica de Nissan en la Zona Franca (Barcelona). EFE/Alejandro Garcia

Barcelona, 03 de mayo de 2019 (10:51 CET)

Tras una semana de negociación, la dirección de Nissan rompe relaciones con los sindicatos. Las conversaciones trataban de evitar la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 600 personas, pero las exigencias de los trabajadores hicieron que este viernes a las tres de la madrugada, las conversaciones saltaran por los aires, lamenta la empresa en un comunicado.

"Ante este inesperado cambio de postura, la dirección de Nissan Motor Ibérica ha decidido informar a la cúpula de la multinacional para que tome las decisiones que considere oportunas", amenaza el fabricante japonés en el mismo texto.

Y eso que, bajo la mediación de la Generalitat de Catalunya, ambos bandos parecían haber enterrado el hacha de guerra y haber acercado posiciones en los últimos días. De hecho, la sociedad incluso aparcó la presentación del ERE a comienzos de semana.

Según explican desde la compañía, la cúpula prometió ofrecer el 85% del salario hasta la jubilación a los prejubliados, que además recibirían una prima de adhesión del 5% por acogerse al plan de bajas. Además, proponía un plan de bajas incentivadas hasta el 31 de marzo con el que los empleados percibirían la indemnización legal correspondiente y 50.000 euros netos.

Para los que se quedasen, la empresa daba un incremento salarial del 3% durante la vigencia del nuevo convenio colectivo. Mientras, también ofrecía, en un solo pago, el pago del 1% de las tablas salariales en el caso de que, al finalizar el convenio, no hubiera llegado ningún vehículo nuevo a la fábrica barcelonesa del fabricante.

"Estas condiciones satisfacían las demandas del comité de empresa expresadas a lo largo de todo el proceso negociador", dice la compañía. Además, aprobar el recorte de plantilla es condición imprescindible para aprobar una inversión de 70 millones de euros en una nueva planta de pintura, pues la actual quedará obsoleta con la nueva normativa medioambiental europea.

Nissan quiere así reducir el número de trabajadores, especialmente en la fábrica de la Zona Franca, hasta los 2.500 empleados con tal de reducir los costes fijos ante el abrupto descenso de la producción. En el ejercicio 2018/2019, la instalación sacará a la carretera apenas 57.000 unidades frente a las 200.000 para las que está capacitada y también lejos de los 75.000 vehículos que salieron de la planta catalana la temporada anterior.

La atonía no tiene visos de remediarse. A finales de marzo, el presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, fijó en 60.000 unidades el nuevo suelo de la fábrica catalana. "No podemos controlar los flujos del mercado", lamentó el directivo. 

Un recorte obligatorio para la construcción de la nueva planta de pintura

Las negociaciones que debía encabezar Genís Alonso, primer ejecutivo de Nissan España, versaban sobre dos puntos: recortar 600 empleos a cambio de invertir 70 millones de euros en una nueva planta de pintura. El tiempo tampoco sobra, pues en 2023 la actual instalación ya no podrá utilizarse según la nueva normativa europea. 

La Generalitat de Catalunya subvencionará parte del proyecto, que costará 70 millones de euros, en concepto de apoyo a la investigación y el desarrollo y la eficiencia energética. El esquema ya se utilizó en la reinvención de Nissan Ávila como fábrica de componentes. Entonces, el fabricante puso 40 millones de euros de su bolsillo y la Junta de Castilla y León aportó los 50 millones restantes hasta alcanzar los 90 millones requeridos para el proyecto.

“Todo está regulado por la Comisión Europea”, dijo De los Mozos, que declinó realizar estimaciones de la parte del pastel que llegaría financiada con el apoyo público.

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