Avalancha de consultas a los despachos tras la sentencia del TJUE sobre los interinos

Los despachos de abogados ya están recibiendo un elevado número de consultas tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abre la puerta a que cientos de miles de interinos de la Administración Pública adquieran fijeza en su relación con el Estado.

Así lo atestiguan dos de los despachos que representan a cientos de empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales con la Administración, unas condiciones que el TJUE ha señalado ahora como abusivas, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre litigios de trabajadores de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social.

Se trata de empleados que enlazaron durante muchos años contratos temporales sucesivos porque no se convocaron las plazas para cubrir esos puestos de manera permanente.

Esta sentencia tiene que ser interpretada por los tribunales nacionales pero, hasta entonces, las partes interesadas difieren en el significado. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige José Luis Escrivá ha querido templar los ánimos, asegurando, en palabras del ministro, que el fallo se ha entendido de manera «muy extensiva» y sin justificación, ya que se refiere a casos y ámbitos «muy concretos». De hecho, fuentes del departamento insisten en que esta sentencia «no obliga» a la contratación indefinida de hasta un millón de empleados interinos.

Hasta un millón de interinos afectados

Este es el cálculo que realizan los despachos consultados: entre 800.000 y un millón de personal laboral temporal de la Administración. Ellos sí entienden que la sentencia forzará la conversión de todos estos contratos. Y las llamadas se han disparado, confirman, con interesados para saber si pueden acogerse a la decisión judicial.

El letrado Javier Araúz, representante de algunos de los trabajadores e interinos del sector público, explica en conversación con ECONOMÍA DIGITAL que el Gobierno debería paralizar los procesos de empleo público en los que estén involucradas plazas que serían susceptibles de ser reclamadas por algunos de los trabajadores afectados. «El Gobierno tiene que dictar una ley para estabilizar el personal y convocar procesos selectivos con las plazas restantes», indica al teléfono.

Araúz sostiene que son miles los ceses que se han producido como consecuencia de la situación abusiva de estos interinos, decisiones que ahora trabajará para impugnar y que los trabajadores puedan recuperar sus puestos. No solo eso, sino que también apuesta por impugnar procesos selectivos donde estén involucradas posibles plazas perjudicadas. «El derecho comunitario está por encima del derecho nacional», recuerda.

Equiparar a los interinos con indefinidos

El socio-director del bufete Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, presentó una queja ante la Comisión Europea en julio de 2021 en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA). A su juicio, la cuestión prejudicial es un argumento más pero la «eficacia global» vendrá cuando haya una resolución a la queja por parte de la Comisión.

¿Qué conllevará para los potenciales afectados? «Tendrán que equipararlos a los fijos en todas las circunstancias y se abren varias ventanas: iguales retribuciones, antigüedad y trienios…», asevera en conversación con este periódico. Sobre la impugnación de los ceses o de los procesos selectivos, Navas detalla que es una de las medidas que están estudiando.

El TJUE realiza varias consideraciones sobre la temporalidad en el sector público en España aunque deja la resolución concreta a los tribunales españoles correspondientes, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para empezar, considera que las indemnizaciones establecidas en España para hacer frente al despido de este tipo de personal laboral son insuficientes y pide medidas para evitar el uso abusivo de esta figura, que considera temporal, para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal.

Así, y aunque reconoce que la resolución concreta depende de los tribunales españoles, resuelve que a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales (…) «la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida».

El sindicato CSIF, de gran implantación en el sector público, ha celebrado la sentencia del TJUE y ha asegurado que reclamarán un endurecimiento contra las administraciones que no cumplan «y denunciaremos aquellas que abusen de la precariedad del empleo».