Cataluña se pierde el aumento de la inversión en Defensa: Madrid y Andalucía, las ganadoras

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El aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del producto interior bruto (PIB) este año y al 2,1% en los próximos ejercicios, de acuerdo con el compromiso del Gobierno con la OTAN en la pasada cumbre de La Haya (Países Bajos), va a suponer un acicate para la economía en un momento de enfriamiento general de la actividad. Pero este impulso no va a ser homogéneo en todo el territorio y va a haber tres grandes ganadoras: Madrid, Andalucía y Galicia.

Así lo estima BBVA Research en su análisis Situación Cataluña, correspondiente al primer semestre de este año, en el que los economistas del centro de estudios calculan que las inversiones militares serán un factor determinante para el impulso de la actividad en los próximos ejercicios. Pero no será así para la principal comunidad analizada: «Cataluña, con una facturación de la industria de defensa inferior al 0,1% del PIB regional, puede experimentar un impacto directo menos relevante».

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa elaborado por La Moncloa contempla una inversión adicional de 10.400 millones de euros este año para alcanzar el 2% del PIB. Son unas seis décimas del PIB español y dos terceras partes están enfocadas a inversiones de capital, que son las que tienen un mayor multiplicador y capacidad de generar retorno económico.

Ahora bien, la especialización de determinadas comunidades en la industria de la Defensa, en detrimento de otras, puede provocar que este aumento del gasto «pueda tener un impacto regional heterogéneo». «Con datos de 2022, Madrid concentra el 65% de las ventas de la industria de defensa, Andalucía el 17% Galicia el 7% y la Región de Murcia, el 4%», apunta el servicio de estudios de la entidad, que cita un estudio del Ministerio del ramo sobre el estado de la industria militar en el año 2022.

Por compararlo en términos de PIB, la facturación de la industria de la Defensa en Madrid supone un 1,7% del PIB regional, el doble de lo que supone en Murcia (0,8%), en Andalucía o en Galicia (0,7% en ambos casos). En cuanto al empleo, la mitad de los puestos de trabajo de la industria militar están en Madrid (más de 15.000, el 56%) y en Andalucía un cuarto (6.900, el 25%), lo que supone que cuatro de cada cinco ocupaciones se producen en estas dos regiones.

Ahora bien, el gran cliente de la industria de la Defensa son los Estados. Y el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, tendrá que hacer equilibrios territoriales con estas inversiones si no quiere enfadar a sus socios parlamentarios.

En apenas cinco meses, según los estadillos que publica la Intervención General del Estado, el Ejecutivo ha disparado un 40% el presupuesto del Ministerio de Defensa sin pasar por el Congreso, mediante modificaciones y ampliaciones de crédito, hasta engordar su crédito disponible hasta los 17.794 millones para 2025. Son casi 5.000 millones adicionales a los previstos en las cuentas prorrogadas de 2023. El Ministerio de Industria, que también canaliza buena parte de estas inversiones, ha recibido cerca de 6.000 millones más, hasta los 14.582 millones.

¿A qué se han dirigido este mayor presupuesto? Las tablas de Hacienda muestran que el grueso van a las inversiones militares, que dispondrán de 7.078 millones de euros para infraestructuras y otros bienes; 1.451 millones para funcionamiento operativo y 37 millones para inversiones militares de carácter militar.

Si el Gobierno ha podido hacer estos cambios ha sido gracias a una previsión en la Ley de Presupuestos de 2023 que permitía hacer modificaciones entre partidas presupuestarias a propuesta de Hacienda y mediante un acuerdo de Consejo de Ministros. El impulso especial para este año se ha hecho mediante partidas sin gastar y derivando gastos de otros departamentos. Pero a futuro este ‘parche’ tendrá que consolidarse en unas nuevas Cuentas y, además, hacer una revisión de las finanzas públicas.

Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, por cada medio punto del PIB de incremento del gasto en Defensa, el Gobierno deberá hacer un ajuste fiscal adicional de 0,13 puntos del PIB. Es decir, que pasar del 1,4% del PIB al 2% ya supondrá cerca de 2.000 millones de euros de descuadre.