Caza de brujas en CEOE: Garamendi lanza controles e inspecciones a equipos y empleados
CEOE ha establecido restricciones de entrada a la sede que dirige Antonio Garamendi y realiza entrevistas con empleados de varios departamentos para detectar filtraciones como la publicada hace una semana por ECONOMÍA DIGITAL
Gerardo Cuerva, Antonio Garamendi y Ángela de Miguel. ECONOMÍA DIGITAL
Las medidas de control y seguridad en CEOE suben de nivel. La patronal dirigida por Antonio Garamendi ha estrechado la seguridad a sus cuarteles generales en la calle Diego de León 50 de Madrid y lanado una serie de «entrevistas» sobre empleados de diversos departamentos con el fin de bloquear cualquier salida de información sensible del organismo, así como descubrir posibles fugas de filtraciones anteriores como la publicada hace una semana por ECONOMÍA DIGITAL.
CEOE ha tomado una serie de medidas internas que van dirigidas a incrementar el control sobre los movimientos de empleados y de visitas, según cuentan a ECONOMÍA DIGITAL empleados de la casa que están sufriendo la nueva política doméstica asumida por Garamendi en la casa de los empresarios.
Garamendi y los controles en la CEOE
La sede de CEOE no permite ya entradas y salidas de la sede fuera del horario laboral, con contadas excepciones; todas las visitas externas que reciban los distintos departamentos y empleados deben ser registrados y comunicados a la cúpula de la patronal. Y, más concretamente, después que este diario publicara que CEOE como organización pagó también el viaje de la mujer de Garamendi, María Acha Satrústegui, a una audiencia institucional con el Papa Francisco en Roma, adjuntando extractos bancarios que lo demuestran, la patronal ha arrancado una caza de brujas en el personal.
Desde la dirección de CEOE se presume que la información ha sido filtrada por el Departamento Financiero y de Administración. La gerencia de la patronal ha lanzado una serie de «entrevistas» con miembros del equipo y registrado ordenadores corporativos con el fin de detectar posibles filtraciones e indagar sobre puntos débiles en la organización. Se indaga desde la gerencia sobre los desempeños concretos de cada empleado y cómo se trata la información y documentación que se recibe.
Según fuentes internas, la sensación en CEOE es de mucho nerviosismo por las fugas de documentación bancaria y corporativa que no está al alcance del grueso de la patronal. ECONOMÍA DIGITAL ha decidido publicar noticias muy sensibles que implican a la mujer de Garamendi como esta porque considera que la patronal es una institución que, por un lado, se financia de forma notable de fondos públicos y, por otra, es la seleccionada por el ámbito público para representar y decidir por los empresarios en organismos preescriptores como los que conforman el diálogo social, al igual que los sindicatos.
Por este motivo, nuestro diario considera que la dirección de la CEOE debe ser fiscalizada y sometida prácticamente al mismo escrutinio que un cargo público, sobre todo en el ámbito presupuestario y círculos de negocios que atañen a la dirección de los organismos patronales.
Por esto, ECONOMÍA DIGITAL publicó hace unos meses que la mujer de Garamendi había accedido a suculentos contratos públicos con los departamentos que dirige la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La también líder de Sumar es la principal interlocutora de CEOE en el diálogo social, que abarca tanto las subidas del SMI, la reducción de jornada, las reformas laborales… etc.
Fundación CEOE
En este sentido, resulta igualmente reseñable que CEOE mantenga fuera del escrutinio público los datos financieros de la Fundación CEOE, dependiente de la patronal. Los ingresos y gastos de la institución que preside Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo con Mariano Rajoy y estrecha colaboradora de Garamendi son desconocidos y no se registran en plataforma alguna, al contrario de lo que sucede con las cuentas de la CEOE. También se desconoce el sueldo público de su presidenta, aunque CEOE reconoció hace uños años que era un cargo retribuido. No sé sabe la cantidad (se especuló con que rondaba los 200.000 euros) y tampoco la vinculación laboral con la institución.