El fracaso del Gobierno con su decreto ómnibus deja en vilo a 1,8 millones de consumidores vulnerables de luz
El bono social eléctrico queda paralizado mientras los hogares vulnerables que lo demandan aumentan
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control en el Senado
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El fracaso parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez deja en vilo a más de 1,8 millones de consumidores vulnerables de luz. La caída del decreto ómnibus del Gobierno para sacar adelante un paquete de medidas en materia de vivienda, pensiones, fiscalidad o energía paraliza la prórroga del bono social eléctrico.
El martes el Congreso de los Diputados tumbó el Real Decreto-ley 16/2025 gracias a los votos del PP, Vox y Junts. La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición ha puesto en jaque la extensión de uno de las medidas energéticas más demandadas en los últimos años y que cuenta con un mayor número de beneficiados cada año.
Más allá de la nueva subida de las pensiones o el escudo anti-desahucios, uno de los objetivos era prorrogar los descuentos que los consumidores vulnerables disfrutan en sus tarifas de suministro de luz con los mismos porcentajes de 2025.
Así, el decreto preveía un descuento del 42,5% para los consumidores domésticos de energía considerados «vulnerables», y del 57,5% para los «vulnerables severos».
Los beneficiarios son aquellos que cumplan umbrales de renta específico y que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC) y una potencia inferior a 10 kW, incluyendo familias con bajos ingresos, personas mayores, pensionistas con ingresos mínimos, desempleados, discapacitados, familias numerosas o monoparentales, o que son víctimas de violencia de género.
Cabe destacar que los porcentajes mantenidos han ido rebajándose progresivamente tras el periodo marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania.
Como parte de las medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno, los descuentos se llegaron a elevar de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo eléctrico
Ambas rebajas, suspendidas por el momento, se suman a la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a quien no pague, que también quedan en el limbo con la caída del real decreto ómnibus.
Los consumidores vulnerables aumentan
Con este escenario, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra el promedio anual de los hogares vulnerables que dependerán del bono social este 2026 en 1,83 millones.
Así se desprende de su propuesta de actualización del coste para la financiación del bono social que ha remitido recientemente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico liderado por Sara Aagesen.
Según el documento, un total de 867.342 son suministros «vulnerables» (unidad familiar, familias numerosas, pensionistas y receptores del Ingreso Mínimo Vital), mientras que hasta 962.690 se enmarcan en «vulnerables extremos».
Las cifras de Competencia son elaboradas en base a la información remitida por las comercializadoras de referencia (las que ofrecen el bono), la base de datos de liquidaciones y las propias cifras que maneja el organismo.
En esta línea, se observa un aumento progresivo en los últimos años del número de consumidores que demandan un descuento que supone un alivio para los hogares con pocos recursos.
Según los datos de Transición Ecológica, a cierre de diciembre de 2025 había 1,72 millones de beneficiarios del bono social eléctrico, frente a los 1,64 millones de 2024 y los 1,59 millones que obtuvieron este tipo de descuento en diciembre de 2023.
Un coste de 517 millones para 2026
El bono social es una herramienta que financian todas las empresas del sector eléctrico, desde las productoras de energía, al transportista, las distribuidoras y las comercializadoras.
No obstante, el coste final acaba trasladándose a todos los consumidores mediante cargos en la factura eléctrica, aunque no se beneficien de la medida.
El coste de estos descuentos lo calcula la CNMC y es más tarde establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualmente liderado por Sara Aagesen.
Según la propuesta para 2026 del organismo que lidera Cani Fernández, la financiación del bono social eléctrico asciende a unos 517 millones de euros, frente a los 241,7 millones que se establecieron en el ejercicio anterior.
Este descuento para hogares vulnerables está garantizado por ley y lo ofrecen las comercializadoras energéticas de referencia, principalmente las controladas por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP.
El PNV advierte al Gobierno
Con todo, la caída del decreto ómnibus congela por el momento un descuento en materia energética clave para muchas familias. Una situación que está generando tensiones entre los socios del Gobierno por su modo de actuar para sacar adelante paquetes de medidas importantes.
“Estamos hartas del trilerismo político que solo perjudica a la ciudadanía. No compartimos que se negocie a espaldas del Congreso según el oportunismo político del gobierno», destacó este miércoles la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.
La diputada vasca advirtió además a Sánchez de que lo que ocurrió con el decreto ómnibus «no puede volver a producirse» y que «el Gobierno no tiene carta blanca para todo”.
Es por ello que instó al Ejecutivo a negociar las medidas antes de llevarlas a votación en el Congreso porque sino «va a ser muy difícil llegar a acuerdos».
