APCEspaña cifra en 50.000 millones los impuestos que pierde el Estado por el déficit de vivienda
Montaje realizado por Economía Digital.
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La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha lanzado una cifra que pretende sacudir los cimientos del debate sobre la vivienda: el Estado español está dejando de ingresar 50.000 millones de euros por el déficit habitacional. Un titular rotundo que, sin embargo, se desmorona cuando se somete al escrutinio de los expertos en fiscalidad inmobiliaria y capacidad productiva del sector.
«Esa cifra no significa nada, no es representativa», sentencia una fuente con gran peso en el sector inmobiliario. «Para que lo fuera habría que anualizarla, que sería lo que deja de ingresar el Estado por no construirlas, que sabemos que están en el entorno de 100.000 a 125.000 viviendas al año«.
El cálculo de APCE parte de una premisa aparentemente sencilla: si faltan 700.000 viviendas en España y cada una genera aproximadamente 71.000 euros en tributos a lo largo de su construcción y venta, el resultado es una factura de 50.000 millones que el Estado «no quiere recoger». Pero esta aritmética básica obvia un factor fundamental: el tiempo.
«Una vivienda no se construye en un año. Desde que se compra el suelo hasta que se entrega, fácilmente transcurren tres años», explican las fuentes. «Luego ese 25% de carga tributaria que soporta una vivienda lo ingresa el Estado a lo largo de todo ese tiempo».
El IVA, que representa la partida más importante (el 10% sobre el precio final), no se devenga hasta el momento de la entrega de llaves, es decir, 36 meses después de iniciar el proyecto.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, las tasas municipales de licencias, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles… todos ellos se generan en momentos distintos del proceso constructivo.
Presentar los 50.000 millones como si fueran un cheque que el Estado tiene sobre la mesa y decide no cobrar es, en palabras de fuentes del sector consultadas por este diario, «mezclar dinero de hoy con dinero de dentro de diez años, un error financiero básico».
Pero el problema no es solo temporal. Es también físico. APCE calcula el impuesto sobre la totalidad del déficit habitacional (700.000 unidades), como si España pudiera construirlas de golpe. La realidad es que el sector tiene un límite de producción muy claro.
En los años del boom inmobiliario, España llegó a construir hasta 800.000 viviendas anuales. Aquello terminó quebrando la economía. Hoy, con una falta estimada de 700.000 trabajadores en el sector de la construcción, es físicamente imposible superar las 120.000-150.000 viviendas al año de forma sostenible.
«Es como decir que un restaurante pierde un millón de euros porque tiene una lista de espera de 10.000 personas, cuando el restaurante solo tiene diez mesas», compara un analista del sector que prefiere mantener el anonimato. «No puedes calcular pérdidas sobre algo que no puedes producir».
Si la industria pudiera aumentar su producción en 50.000 viviendas anuales más —pasando de las 100.000 actuales a 150.000—, la pérdida de recaudación real se situaría en torno a los 3.125 millones de euros al año. Una cifra importante, sin duda, pero muy lejos de los 50.000 millones del titular.
Hay un tercer factor que APCE obvia en su cálculo: el tipo de vivienda necesaria para resolver el problema habitacional. La patronal utiliza un valor medio de mercado elevado —en torno a los 2.000 euros por metro cuadrado para una vivienda de 90 metros cuadrados— que maximiza la recaudación por IVA y otros impuestos.
Pero si realmente se construyeran 700.000 viviendas de forma acelerada, ocurrirían dos cosas. Primero, el precio de la vivienda bajaría por pura ley de oferta y demanda, reduciendo automáticamente la base imponible. Segundo, gran parte de ese parque debería ser Vivienda de Protección Oficial para atender precisamente al segmento de población más afectado por la falta de acceso a la vivienda.
Y la VPO tiene un IVA superreducido del 4% (frente al 10% de la vivienda libre) y goza de múltiples exenciones en tasas e impuestos municipales. «La cifra de 50.000 millones asume que todas las casas son de precio libre y caro, lo cual es incompatible con solucionar un problema social de vivienda», señalan fuentes del sector.
Las fuentes plantean otra cuestión clave: «Una vivienda paga tributos durante toda su vida útil, ¿habría que considerar los impuestos que pagarían las 700.000 viviendas adicionales durante todo su ciclo de vida? Obviamente no».
Si APCE está incluyendo en su cálculo no solo los impuestos de construcción y primera transmisión, sino también IBI, plusvalías municipales y otros tributos que se generarían durante las próximas décadas, estaría mezclando plazos temporales que ningún análisis fiscal serio puede combinar.
«Quiero decir que la cifra redonda de 50.000 millones es muy impactante, pero nada más», concluyen.
La cifra real: entre 3.000 y 5.000 millones anuales
Aplicando los filtros de realidad —tiempo de ejecución, capacidad productiva limitada y mix de vivienda libre y protegida—, las estimaciones más razonables sitúan la pérdida de recaudación anual del Estado por el déficit habitacional entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año.
Una cantidad nada desdeñable, equivalente al presupuesto de varios ministerios, pero que dista mucho del impacto mediático de los 50.000 millones.
