Garamendi (CEOE) vuelve a hacerse la foto de la unidad con Yolanda Díaz y agentes sociales

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha aprovechado la firma de la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para lanzar una pulla a la vicepresidenta por anunciar "medidas que no están contrastadas"

MADRID, 23/02/2023.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz (c), presenta este jueves junto con interlocutores sociales como el presidente de la CEOE Antonio Garamendi (2d), el secretario general de CCOO Dani Sordo (3d), el secretario general de UGT Pepe Álvarez (2i) y el presidente de CEPYME Gerardo Cuevas (i), entre otros, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, en Madrid. EFE/ Fernando Villar

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, han escenificado este jueves una nueva foto de unidad con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con los sindicatos UGT y CCOO con motivo de la firma de la Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Esta es una escena que no se producía desde el acuerdo de la reforma laboral en 2021 y que llega después de que ambas patronales emitieran un comunicado en diciembre en el que anunciaban la ruptura de la interlocución con el Ministerio de Trabajo por aprobar una enmienda de EH Bildu en la Ley de Empleo.

Garamendi ha mostrado un tono conciliador con Díaz después de la polémica por su sueldo en CEOE y de no acudir a la mesa de diálogo social para subir el SMI en 2023. «Es una buena noticia y el comienzo de un buen camino», ha asegurado, tras explicar que la estrategia ha sido negociada durante año y medio.

Menos conciliador ha sido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha aprovechado el acto para reprochar a la vicepresidenta segunda que haga «anuncios de medidas que no están contrastadas», aunque no ha especificado a cuáles se refiere. En esta línea, ha pedido a Díaz «el máximo respeto y consideración por los empresarios» porque «lo están pasando muy mal» y dichos anuncios «solo generan inseguridad jurídica y ruido». No obstante, Cuerva ha reconocido que esta firma supone un momento «importante» porque «se pone en valor» el diálogo social.

Díaz ha contestado a Cuerva haciendo gala de que este es el 17º acuerdo que se formaliza en el marco del diálogo social en lo que va de legislatura y ha anunciado la apertura de una nueva mesa de diálogo social para actualizar el marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, que data de 1995.

Frenar el aumento de la siniestralidad laboral

La nueva estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo es la tercera de este tipo firmada en España y tiene el objetivo principal de reducir la siniestralidad laboral, que, según ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, lleva seis años incrementándose. En concreto, en 2022 se produjeron casi 1.200.000 accidentes de trabajo en España, de los cuales más de 630.000 fueron accidentes con baja, lo que supone un aumento del 10,4% respecto a 2021.

La estrategia establece una «hoja de ruta» para los planes y programas de acción que se deben aprobar en adelante las distintas comunidades autónomas, también representadas en el acuerdo de este jueves por Eugenia Gómez de Diego, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.

Como novedades, la estrategia incluye por primera vez planes específicos en materia de salud mental y la creación de una Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional. Además, refuerza la inclusión de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y pretende adaptar las actuaciones a la transformación digital, ecológica y al cambio demográfico, que producirá un envejecimiento de las plantillas.

Aunque todos los firmantes han valorado estos avances, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vinculado la eficacia de la estrategia a la financiación de más recursos en las empresas para implementar las medidas. En concreto, ha pedido más medios para los delegados de prevención de riesgos laborales porque «tienen muchas responsabilidades y pocos medios para la función legal que desempeñan» y ha reprochado que las organizaciones sindicales sustentan con «medios propios» la labor de estos delegados.

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