Indra se lleva las autonómicas por dos millones de euros

Indra se ha adjudicado por poco más de dos millones de euros el concurso público para realizar el escrutinio de las elecciones catalanas previstas para el próximo otoño, tras superar a otra candidatura de la que formaban parte Fujitsu e Ibermática. La empresa ha rebajado en medio millón de euros el presupuesto básico de licitación, que el Govern había situado en los 2,55 millones de euros.

En la decisión tomada por el gobierno catalán ha pesado la experiencia en este ámbito de la multinacional española. La compañía que preside Javier Monzón recuenta votos en municipales, autonómicas y generales desde hace años. La concesión no ha tenido en cuenta los errores de bulto registrados en el referéndum sobre la reforma de la Diagonal de Barcelona del mes de mayo pasado, que Indra, junto con Scytl, especializada, precisamente, en democracia electrónica, se encargó de gestionar. Errores que la empresa atribuye a la mala gestión municipal y no a su tecnología.

Y es que la gran novedad que presentaba la convocatoria del ayuntamiento barcelonés (la posibilidad de votar electrónicamente) se convirtió en una chapuza de tal calibre que costó, junto con la propaganda y los preparativos, 3,7 millones a las arcas municipales y la destitución de Carles Martí, el primer teniente de alcalde.

Errores encadenados

Cientos de personas no pudieron ejercer el voto al no poder entrar en el sistema, incluidos el alcalde Jordi Hereu. El primer edil intentó hacer creer que sí había emitido su voto, mientras que el líder de la oposición, Xavier Trias, lo intentó hasta siete veces antes de desistir. El principal fallo fue de seguridad. El regidor del PP Alberto Fernández Díaz denunció que alguien había suplantado su identidad y había votado por él, hecho que le llevó a presentar una denuncia en los juzgados. Posteriormente, un rotativo barcelonés constató que incluso los no empadronados en Barcelona podían votar en la consulta.Con todo, la participación sólo alcanzó el 11,38% del censo teórico, que incluía a todos los empadronados mayores de 16 años.

Todos estos problemas provocaron la indignación y el bochorno de Hereu, que pidió responsabilidades a Indra y Scytl. «No se cumplieron todos los requisitos que había en la base contractual”, afirmó en aquel momento, pero las dos empresas decidieron no polemizar con el ayuntamiento. Ahora, el referéndum de mayo está ya olvidado e Indra mantiene la confianza de la administración.