La igualdad, según el PNV: el País Vasco paga 1.500 millones de Cupo y recibe 4.000 millones para poder pagar las pensiones

La firma del acuerdo entre el PSOE y el PNV no solo desatasca cinco votos clave para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, también abre la puerta al traspaso de una transferencia que los nacionalistas vascos llevan décadas reclamando: la del régimen económico de la Seguridad Social (y las pensiones), una competencia clave para su electorado.

Si bien la literalidad del acuerdo no hace referencia a la transmisión de esta gestión clave, el diablo se encuentra en los detalles. «Se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno», detalla el pacto rubricado entre Sánchez y el líder del PNV, Andoni Ortuzar. Y entre esos acuerdos se encontraba, precisamente, el estudio para encomendar la gestión.

Fuentes gubernamentales consultadas restan relevancia al acuerdo, ya que solo implica un marco temporal -dos años- para realizar el estudio de ese traspaso, como ya se acordó en anteriores ocasiones, y aún no se ha comenzado a realizar ningún trabajo para esa potencial transferencia. De hecho, la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, trató de apartar el foco de esta cuestión, asegurando que no estaba «singularizada» en el pacto. «De hecho, esta cuestión ha sido (recogida) exactamente con el mismo literal que figura en los acuerdos clásicos con el PNV: que, por supuesto, el Gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Guernica, que es una ley que obliga a todas las administraciones y entre ellas algunas competencias que todavía no se han podido desarrollar», indicó.

Recaudar las cuotas y mandar las pensiones

En ese listado de competencias que el Estatuto de Guernica contempla y aún no se ha recibido, que elaboró en su última versión junto a un cronograma la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se encuentra el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Ojo, sin romper la caja única, protegida constitucionalmente, pero sí cediendo algunos aspectos clave para la parroquia nacionalista vasca.

De acuerdo con el detalle de la transferencia por completar que dispone el departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, las funciones que habrían de transferirse son, entre otras, la inscripción de empresas y el alta y baja de trabajadores, incluido con la potestad sancionadora; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas; la organización de medios y la ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social. Es decir, trámites administrativos.

"La Constitución exige que se mantenga la caja única, así que básicamente hablamos de temas de gestión, de quién firma el cheque de la pensión y quizá del reconocimiento de las pensiones. Que la pensión lleve el logotipo del Gobierno Vasco", señala el director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en cuestión de las cuentas de la Seguridad Social de nuestro país.

La razón por la que no se romperá la caja única es, precisamente, porque el País Vasco es uno de los máximos beneficiarios de la misma, según explica de la Fuente en conversación telefónica con ECONOMÍA DIGITAL. La población vasca está muy envejecida y cuenta con una pensión alta muy por encima de la media española: 18.915,5 euros anuales, frente a los 15.257,8 euros de media en el conjunto del país.

Un déficit estatal de 38.000 millones

Según los datos recopilados por BBVA Research en un informe del pasado junio, la territorialización del sistema de pensiones deja en mal lugar al País Vasco, ya que cuenta con un déficit en pensiones de 4.002 millones de euros, de los más elevados del Estado.

Estos cálculos, elaborados por el economista José A. Herce, parten de tomar los ingresos por cotizaciones en cada región y restarle el gasto total que suponen las pensiones en esos territorios. En el total de España el balance es de 38.597 millones de euros de déficit, con todas las comunidades en negativo salvo dos: Baleares (209,7 millones) y Madrid (179,8 millones de euros).

"La verdadera importancia del cálculo aproximado del saldo de la cuenta de la Seguridad Social española que se ha realizado en este informe, no obstante, radica en que permite una descomposición por comunidades autónomas que refleja muy bien esa solidaridad territorial que la Seguridad Social española realiza y, sobre todo, expone los principales determinantes de las diferencias observadas", incide el documento. Entre estas claves que explican un mayor o menos gasto en pensiones radican la demografía y la productividad. "Hoy, las regiones con mejores tasas de soporte apenas pueden generar balances positivos que determinen recursos netos para el sistema contributivo y las regiones más deficitarias requieren recursos masivos procedentes del estado para afrontar el pago completo de las pensiones", dice el informe.

En comparación, los 4.000 millones de déficit para pagar las pensiones se quedan bastante cortos con el Cupo que paga el País Vasco al Estado por las competencias que no desarrolla: unos 1.500 millones de euros al año, donde también se incluye una tasa de solidaridad para la redistribución entre comunidades.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social inciden en que, a pesar de trasladarse el régimen económico, esto no implicaría que el Ejecutivo vasco pudiera cambiar aspectos tan importantes como las cotizaciones que empresas y trabajadores abonan al sistema social. "Y solo podrían aumentar las pensiones, quizás, si lo pagan ellos", dice el economista De la Fuente.

Un potencial traspaso de las competencias en Seguridad Social al Ejecutivo ha recibido críticas por parte de los sindicatos UGT y CCOO, que reclaman que se negocie en el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo; pero también de agentes especializados, como los letrados de la Administración de la Seguridad Social o los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Para todos ellos, la cesión supondría atentar contra el régimen "único y unitario" que garantiza la unidad de todos los españoles. La respuesta a si esto tendrá lugar llegará en menos de dos años.