Un año del fracaso de la Ley de Vivienda: solo una autonomía aplica el índice de alquiler

La Ley por el Derecho a la Vivienda cumple hoy un año en vigencia frente a la crítica del sector inmobiliario y la oposición, y con solo una región en toda España con zonas declaradas de mercado tensionado. Cataluña es la única comunidad autónoma donde ya se ha podido introducir límites a los precios de arrendamiento.

Considerada la última gran norma de la legislatura anterior, esta ley ha tenido que desarrollar su reglamento enfrentándose a la resistencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de aplicar cualquier límite.

Esta normativa establece la regulación en los precios de alquiler en las zonas tensionadas, aunque en la actualidad solo se aplica a 140 municipios de Cataluña.

No se ha podido efectuar este control durante muchos meses debido a que, hasta el pasado marzo, el Ejecutivo de Sánchez estuvo terminando de fijar el índice de referencia de los precios.

Los contratos de alquiler que pertenezcan a propietarios con 10 o más pisos deberán acogerse a este índice, al igual que las viviendas que recién entren al mercado de arrendamiento en un periodo de cinco años, así sus propietarios sean pequeños.

Índice de referencia

Para elaborarlo, se ha tomado en cuenta los datos del IRPF que proporcionaron los propietarios sobre sus inmuebles en alquiler, fijando rangos mínimos y máximos en función de ciertas características de la vivienda, como si cuenta con ascensor o consejería, su certificado energético, etc.

En cuanto a los pequeños propietarios, sus alquileres en vigor no deberán acogerse al índice, aunque en el caso de un nuevo contrato, tendrán que indicar el precio de alquiler del inquilino anterior.

Con todo ello, las comunidades del PP han rechazado acogerse al índice de precios pese a la presión del Gobierno, al igual que lo ha hecho Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García Page. Asturias, Navarra y País Vasco se encuentran todavía analizando la situación del arrendamiento en sus territorios.

Caída en la oferta

Esta medida intervencionista ha causado caídas en las ofertas de alquiler, según han denunciado los portales inmobiliarios. En el primer trimestre de este año, este indicador se desplomó en un 11% a comparación con el mismo periodo de 2023, mientras que el alquiler de temporada, el cual no está regulado por esta ley, habría subido hasta en un 56%, según datos de Idealista.

El Ministerio de Vivienda tiene en agenda la propuesta de una regulación para este tipo de alquileres por mandato de la Ley de Vivienda.

Esta norma también ha tenido que afrontar recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades autónomas aduciendo una invasión de competencias. Esta semana, incluso, se ha conocido que el TC avala el grueso de la norma, aunque cuestiona la constitucionalidad de varios artículos.

Por otra parte, la Ley de Vivienda exigía la creación del Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo que incluye la participación de los agentes sociales en la elaboración de la política estatal de vivienda. A finales del pasado abril, la cartera presidida por Isabel Rodríguez inició el trámite de consulta pública para su creación.

La norma, en vigor poco antes de la disolución de las Cortes, no podría ser aprobada en esta legislatura, debido a que salió adelante con 176 votos a favor, en virtud del acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que ahora no suman mayoría absoluta.

Deducciones fiscales y protección de la vivienda pública

Entre otras novedades de la norma, se encuentra la obligación de los propietarios de asumir exclusivamente los honorarios de las inmobiliarias, así como la prohibición de trasladar al inquilino otros gastos como la tasa de basuras o los gastos de la comunidad. No obstante, el Sindicato de Inquilinos ha acusado a algunas inmobiliarias de continuar cobrando ello a los inquilinos bajo otros conceptos.

La normativa también incluye deducciones fiscales para los pequeños propietarios, las cuales son más altas en áreas de alta demanda. La reducción fiscal llega hasta el 90% si la renta se reduce más de un 5% en comparación con el alquiler anterior; y al 70% cuando se alquila a personas de entre 18 y 35 años.

A nivel nacional, la deducción puede ser del 60% si se ha realizado una rehabilitación en los dos años anteriores y del 50% en otros casos.

Otro punto es la protección de la vivienda pública protegida. Desde la aprobación de la ley, las viviendas protegidas construidas a partir de su entrada en vigor están sujetas a un «régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo».

Por último, la ley de vivienda ha suscitado críticas significativas por parte de la oposición debido a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece nuevas condiciones para los desahucios de personas vulnerables. Desde el PP han calificado esta medida como «un chollo para los okupas».