Madrid vs Cataluña: ¿por qué la comunidad de Ayuso es más competitiva fiscalmente?

Un estudio del IEE establece que una política fiscal baja en las CCAA influye positivamente en el crecimiento y reduce la economía sumergida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM), única feria en Europa especializada en arte moderno y vanguardias, que reúne más de 300 obras de grandes maestros del siglo XX como Picasso, Miró, Dalí, Calder, Luis Feito, Chillida y Tàpies, entre otros. EFE/ Luca Piergiovanni

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM), única feria en Europa especializada en arte moderno y vanguardias, que reúne más de 300 obras de grandes maestros del siglo XX como Picasso, Miró, Dalí, Calder, Luis Feito, Chillida y Tàpies, entre otros. EFE/ Luca Piergiovanni

La rivalidad en materia fiscal entre las distintas comunidades autónomas ha ido ‘in crescendo’ en los últimos años entre acusaciones de ‘dumping fiscal’ a las regiones con una baja tributación, como la Comunidad de Madrid, y en el otro lado el rechazo a los modelos fiscales autonómicos que abogan por la armonización fiscal y el alza de tributos como el de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio.

Este conflicto impositivo se ha reavivado en los últimos días con motivo de la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, región gobernada por Isabel Díaz Ayuso que presenta una baja carga impositiva e impuestos a la riqueza bonificados, y sobre todo a raíz del anuncio de la pretendida reforma fiscal integral del Gobierno para conseguir un sistema más “progresivo”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado lunes en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) el comité de expertos para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma tributaria, para lo que dispondrán de plazo hasta el próximo 28 de febrero para elaborar las conclusiones finales.

Sin embargo, Montero precisó que el comité podrá ir trasladando algunos de los trabajos en los que avance con anterioridad a esa fecha, de forma que algunos de los cambios fiscales se adelantarán y verán la luz en enero, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, con “especial interés” en el impuesto de Sociedades y la armonización fiscal (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio).

Desde el Gobierno, incluida la propia Montero, han criticado en varias ocasiones a Ayuso por considerar que su política de bajos impuestos y bonificaciones casi totales a Patrimonio o Sucesiones crean una desventaja comparativa con otras regiones, llegando a afirmar que regiones del PP como Andalucía o Galicia comparten la postura gubernamental al respecto.

Madrid y País Vasco, únicas CCAA con una presión fiscal por debajo de la UE

Lo cierto es que Ayuso ya ha prometido que seguirá bajando los impuestos y acometerá la mayor bajada de la historia del IRPF, al tiempo que su contrincante, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, también ha prometido no subir los impuestos a los madrileños en los dos próximos años, algo que se interpretó como cierta incoherencia ante el discurso de Monteo que auguraba alzas ya en enero.

Lo cierto es que Madrid es la región junto a las tres provincias vascas que presenta un sistema fiscal más competitivo, entendido como las regiones que tendrían una menor presión fiscal normativa, según se refleja del Informe de competitividad fiscal elaborado y publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEE).

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal y el Indicador de Presión Fiscal Normativa Autonómica muestran que estas regiones (Madrid y País Vasco) serían las únicas que tendrían una presión fiscal normativa inferior al promedio de la UE.  

Con los resultados para el año 2020, y asignando a la UE un valor de 100 y a España un valor de 110, como se desprende de la presión fiscal normativa elaborada para los países de la OCDE a partir de la información de la Tax Foundation, se extrae que los territorios que mejores resultados presentan, es decir, que soportan una menor presión fiscal normativa, son Madrid (87,6) y las provincias de Vizcaya (88,9), Álvava (89,8) y Guipúzcoa (92,9%).

Por el contrario, la mayor parte de las comunidades autónomas españolas presenta una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la UE, con “un claro sesgo hacia una elevada presión fiscal normativa”. Las regiones menos competitivas en materia fiscal son Cataluña (134,5), Asturias (125) y Aragón (124,4), con unos niveles “sensiblemente más desfavorables” que el promedio de la UE. 

Según el estudio, una vez tenidos en cuenta los efectos de la economía sumergida, la presión fiscal efectiva española ajustada de economía sumergida está ya en el promedio de la UE, pero si se incorporan la circunstancia de la mejor renta española se observa que el esfuerzo fiscal es en realidad un 6,6% superior a la media europea y la presión fiscal normativa es un 10% superior a la media europea. 

En detalle, se sitúa en 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE y por tanto muy alejada de las principales referencias internacionales en este campo como Estonia (46,9 puntos), Letonia (70,8 puntos) y Nueva Zelanda (73,8 puntos). 

Factores determinantes

En el artículo elaborado por el socio de PwC, Alberto Monreal, se recogen una serie de factores determinantes de la competitividad fiscal que van mucho más allá del nivel de las cuotas tributarias. Entre ellos, destaca una normativa clara y sistematizada, que incorpore los principios básicos de un buen sistema tributario, donde los riesgos de cambios sorpresivos estén limitados y que prevea normas de transición claras y respetuosas con operaciones realizadas o en curso.
También el número y nivel alcanzado por los impuestos en vigor es un elemento primordial, ya que a menudo existen muchas cargas fiscales o parafiscales menos conocidas o tratadas, pero que pueden lastrar la actividad económica en uno o múltiples sectores.

Influye también la concepción política del gasto y de los servicios públicos que desea ofrecer una administración, según el estudio, subrayando la observancia del principio de legalidad y una buena presupuestación (gobernanza), así como la seguridad jurídica que ofrece un territorio, referida al establecimiento de impuestos claros dentro de un sistema bien ordenado, pero también a la existencia de una Administración tributaria eficiente y cercana al contribuyente, que disponga de mecanismos bien acabados de información y asistencia, prevención y resolución de conflictos.

Los resultados de ese análisis del artículo apuntan también que la Comunidad de Madrid es la única que logra
la máxima categoría de clasificación “A”, situándose como la región con fiscalidad más favorable
, seguida de Canarias, Ceuta y Melilla, que obtienen la segunda máxima puntuación (“B”) gracias a su régimen especial. En la cola (con calificación “E”) se sitúan, finalmente, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Nivel de renta y economía sumergida

Comparando este indicador de presión fiscal normativa con estas variables, según el informe, se verifica que se dan correlaciones negativas apreciables entre la presión fiscal normativa y el crecimiento económico, es decir, que una fiscalidad con menor presión fiscal normativa influye positivamente sobre un mayor crecimiento del PIB.

Por el contrario, se obtiene una relación positiva entre la presión fiscal normativa y el peso de la economía sumergida, es decir, que aquellos territorios con mayor presión fiscal normativa y, por tanto, una fiscalidad “menos favorable”, son, en general, los que presentan mayores ratios de economía sumergida, según el análisis del IEE.

El informe explica que el nivel relativo de la presión fiscal recaudatoria bruta está muy condicionada por factores como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida y apunta que el promedio aritmético arroja que la economía sumergida española representa el 23,1% del PIB, mayor que el promedio de la UE (13%). 

Por regiones, Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones con la menor tasa de economía sumergida, mientras que, por el contrario, Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%) y Castilla-La Mancha (27,2%) son las comunidades con las mayores tasas, según el estudio del IEE. 

Por debajo de la media se sitúan también Cantabria (20,6%), Aragón (20,8%), La Rioja (22,6%) y Cataluña (23%), mientras que por encima se encuentran Baleares (23,2%), Galicia (23,9%), Asturias (24,3%), Murcia (24,6%), Castilla y León (24,7%) y Comunidad Valenciana (24,8%) y Canarias (26,1%). 

Madrid, la región que más recauda por habitante, un 63% más que la media

A pesar de ser la región con una menor presión fiscal normativa, la Comunidad de Madrid es en cambio la región con una mayor recaudación por habitante, algo que en el IEE explican por su sistema tributario competitivo y su política de bajos impuestos que incentivaría la actividad y la generación de puestos de trabajo, impulsando como consecuencia el consumo y la recaudación.

La importancia de la competitividad, y su capacidad para hacer que una región sea más atractiva para la inversión y la creación de empleo, se observa al analizar las elevadas correlaciones existentes entre dicha competitividad con la tasa de desempleo, del -0,78, y con el PIB per cápita, del 0,88. Es decir, a medida que una región es más competitiva, mayor es su capacidad para generar empleo y menor su tasa de paro, mejorando también su calidad de vida y su nivel económico.

A partir de los datos utilizados para elaborar los indicadores de presión y esfuerzo fiscal por los impuestos sobre la renta personal y la propiedad, el IEE ha elaborado un indicador de recaudación procedente de estos impuestos (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) por habitante.

Con datos a 2018, la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la región con una mayor recaudación por habitante relativa a estos impuestos sobre la renta personal y la propiedad, alcanzando el valor 163,6 (frente al valor 100 para España), es decir, que Madrid recauda por habitante un 63,6% más que la media de España.

Le siguen, por este orden, Cataluña, el País Vasco, Islas Baleares y Navarra, todos ellos con valores del indicador superiores a 120. En cambio, en el lado contrario, Extremadura es la región con una menor recaudación por habitante relativa a los impuestos mencionados, con un índice que se sitúa en el valor 52,9. En este sentido, también destacan Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Andalucía, cuyo indicador de recaudación por habitante se sitúa en un valor en torno a 65.

Impuestos propios: Madrid, Baleares y Cataluña, a la cabeza

A pesar de la menor presión fiscal normativa, el estudio recoge también los datos de la presión fiscal de los impuestos sobre la renta personal y la propiedad por CC. AA. para el año 2018, último ejercicio con datos disponibles. Para facilitar la comparación, se ha transformado este indicador en un índice con base España igual a 100.

De esta forma, puede observarse que Comunidad de Madrid (120,2), Islas Baleares (114,5) y Cataluña (11,3) son las CC. AA. con mayor presión fiscal por estos impuestos en 2018. Además, el Principado de Asturias (104,7) cerraría este grupo de regiones cuya presión fiscal se sitúa por encima de la media española.

En el otro extremo, Extremadura (72,4), Canarias (79,45), Murcia (79,6) y Castilla-LaMancha (80,4) son las CC. AA. con menor presión fiscal por los impuestos sobre la renta personal y la propiedad en 2018.

En contra de la armonización fiscal

En el informe el IEE avisa de que acometer una subida fiscal como la pretendida por el Gobierno para cerrar una brecha de 6 puntos de recaudación de PIB con la media europea podría retraer hasta 10 puntos el PIB a largo plazo y destruir unos dos millones de puestos de trabajo.

Por otra parte, el IEE también avisa de que la imposición patrimonial que se plantea intensificar tiene el “dudoso honor” de integrar a las figuras tributarias (Patrimonio y Sucesiones) más cuestionadas y reprobadas del conjunto del sistema fiscal, sin embargo España tiene una tributación patrimonial de las más gravosas de la Unión Europea (UE).  

A su juicio, su existencia obedece más a “las inercias del pasado incluso a prejuicios ideológicos que obvian las más elementales consideraciones prácticas de eficiencia y equidad, que aconsejan su supresión o, cuando menos, su moderación”.  

En la actualidad no existe ningún país de la UE que tenga un Impuesto sobre el Patrimonio como el de España, según el estudio, que añade que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no existe en 15 de los 27 países y los que lo tienen es con tipos residuales. Además, ningún país de la UE aplica conjuntamente, como se hace en España, un Impuesto sobre Sucesiones con un Impuesto sobre el Patrimonio.  

En el ámbito de la OCDE el tipo medio del Impuesto sobre Sucesiones es del 15%, muy alejado del tipo del 34% existente en España, que puede llegar, en los casos más extremos, al 82%, según IEE. 
“La cada vez menor utilización de estas figuras tributarias se está produciendo en la medida en que hay una mayor conciencia de su negativa contribución al bienestar económico y social”, ya que “son impuestos que generan fuertes distorsiones y un exceso de gravamen, por lo que son incompatibles con un sistema fiscal eficiente u óptimo”, añade. 

En este sentido, el IEE asegura que los costes sobre el crecimiento y la actividad de estos impuestos son, sin ninguna duda, los mayores del sistema tributario y los ingresos obtenidos no compensan la pérdida de bienestar que suponen.  
Las consecuencias negativas más directas de la subida de la imposición patrimonial planteada en la armonización serían, entre otras, el encarecimiento de la componente fiscal del coste de capital de las empresas, lo que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico.  

Desde el IEE han avisado de que se provocaría deslocalización del ahorro y de los contribuyentes con más talento a terceros países cercanos que no aplican estas figuras tributarias o que tienen regímenes especiales para expatriados, como es el caso de Portugal. Además, la imposición patrimonial frena la entrada de capitales para financiar los desequilibrios acumulados de deuda externa y pública y conllevaría la desaparición de empresas. 

Por todo ello, frente a la reforma fiscal prevista por el Gobierno, el IEE aboga por un sistema tributario competitivo porque promueve niveles más altos de crecimiento económico e inversión, aumentando los ingresos públicos a largo plazo, lo que permite financiar el gasto público con un menor esfuerzo.  

Por ello, considera que cualquier reforma debe ir enfocada al incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, en la lucha contra el fraude fiscal y en la mejora de la eficiencia del gasto público, ante el diferencial negativo del orden del 14% frente a la media de la OCDE.