Yolanda Díaz organiza una jornada sobre banca con el BBVA mientras presiona para bloquear la opa al Sabadell
El economista jefe de la entidad, Jorge Sicilia, participará en una de las mesas y también Alejandra Kindelán, la presidenta de la AEB
El presidente del BBVA, Carlos Torres, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno. ECONOMÍA DIGITAL
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inaugurará una jornada organizada por Sumar sobre el sector financiero en la que participarán representantes del BBVA, justo cuando la líder gubernamental está presionando para que no salga adelante la opa hostil lanzada por la entidad sobre el Banco Sabadell.
El jueves 5 el partido fundado por Díaz celebra una jornada «sobre los retos económicos y sociales del sector bancario en España», unas sesiones que coinciden con la intervención del Gobierno en la operación del BBVA, después de que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, decidiera elevar al Consejo de Ministros el expediente para autorizar la opa.
La primera semana de cada mes habitualmente no hay Pleno del Congreso, lo que permite a los diputados trabajar en sus respectivas circunscripciones o, como es el caso, organizar jornadas temáticas en la sede de la Cámara baja. La jornada organizada por el grupo político de la vicepresidenta segunda contará con representantes destacados del sector financiero.
Así, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, impartirá una ponencia sobre macroeconomía después de que Díaz y la portavoz del grupo parlamentario Sumar, Verónica Martínez Barbero, inauguren la jornada.
A la ‘número dos’ de Escrivá le seguirá una conversación sobre «Situación y perspectivas de la banca española» entre la presidenta de la Asociación Española de la Banca y vicepresidenta de CEOE, Alejandra Kindelán, y el portavoz económico y co-coordinador general de Movimiento Sumar, Carlos Martín Urriza. Después, está prevista una intervención sobre solvencia y rentabilidad del sector bancario a cargo del Inspector del Banco de España y exdirector de Regulación Contable de la entidad, Jorge Pérez.
Será en la tercera mesa, sobre «Competencia, Inclusión y calidad de los servicios financieros» donde intervenga el único representante de BBVA en la sala, el economista jefe de la entidad y director de su servicio de estudios, Jorge Sicilia, que charlará junto a la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, y al Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos.
La última conferencia abordará la «Diversidad en el modelo bancario: banca local y grandes bancos», con la responsable global de Public Policy de Banco Santander, Gloria Hervás, y con el presidente de Caja de Ahorros de Ontinyent, José Pla Barber.
Aunque no hay ninguna mesa específica sobre la opa, se trata del gran asunto que hay encima de la mesa del sector bancario y las menciones a la competencia o a la banca local de los títulos de algunas de las intervenciones dan pistas de que se hablará, y mucho, del elefante en la habitación.
La vicepresidenta Díaz se ha mostrado muy contundente en las últimas semanas sobre la posibilidad de que el Gobierno bloquee, de facto, la opa lanzada por el BBVA imponiendo una serie de compromisos desde la mesa del Consejo de Ministros que hagan leonina la operación. Hace pocos días llegó a tachar de «gravísimo error» el facilitarla.
De hecho, el Ministerio de Trabajo -uno de los cinco departamentos que pidió a Economía elevar la cuestión a la máxima reunión del gabinete- es el único que ha desvelado los argumentos y potenciales exigencias que planteará para autorizar la operación, una vez la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde.
Así, a través de un comunicado, la Vicepresidencia Segunda informó que pedirá al Consejo de Ministros la «garantía total del empleo», para evitar los 4.000 potenciales despidos que calculan que podría acarrear la adquisición de la entidad catalana. También pedirán que se mantengan abiertas todas las oficinas, así como la protección del crédito a empresas y autónomos. Igualmente, exigen la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria. «De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución», concluyen.
