Acciona, Adif, SEPI, Servinabar, Carreteras del Estado… las señaladas en la trama de obra pública que salpica al Gobierno
La constructora, junto a varias empresas y organismos públicos, figura en la lista de señaladas por la UCO
Montaje realizado por Economía Digital.
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Acciona, Adif, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Servinabar y Carreteras del Estado forman parte del grupo de entidades y empresas que la UCO ha colocado en el centro de la investigación por presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, más conocido como el ‘Caso Cerdán‘ que ya salpica de lleno al Gobierno.
En el núcleo económico de esta posible red se sitúan Acciona, uno de los gigantes de la construcción en España, y Servinabar 2000 SL, una pequeña compañía navarra que, según los investigadores, habría actuado como intermediaria para canalizar pagos irregulares.
La UCO analiza al menos cinco adjudicaciones de obra pública presuntamente amañadas a favor esta Unión de Empresas Temporal (UTE).
El método habría sido constante: Servinabar cobraba una comisión del 2% sobre el importe de las obras concedidas a la constructora presidida por Entrecanales, generando así 6,7 millones de euros en ingresos que los investigadores consideran irregulares.
Entre las figuras clave destacan Antxón Alonso, socio de Servinabar —detenido el jueves como parte de la nueva fase de la operación—, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuya presunta participación en un 45% de la empresa está siendo investigada.
La conexión entre este circuito empresarial y el ámbito institucional pasa por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, que según la UCO habría utilizado su influencia para favorecer a determinadas empresas en los procesos de adjudicación dependientes del Ministerio de Transportes.
Koldo, actualmente en prisión, es señalado como el intermediario político que abría puertas, ejercía presión y facilitaba la salida adelante de contratos millonarios.
Las adjudicaciones bajo sospecha se concentran en organismos clave del Ministerio de Transportes: ADIF y Carreteras del Estado. Estos entes gestionan algunos de los contratos más voluminosos y estratégicos del país.
En este nivel emerge la figura de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, imputada por cinco delitos graves, entre ellos malversación y tráfico de influencias. La UCO la vincula a adjudicaciones que habrían favorecido a empresas conectadas con Koldo García.
Uno de los contratos analizados es especialmente significativo: una adjudicación de 342 millones de euros, que incluye un lote de 92,4 millones para una UTE en la que participaba Acciona, destinada a obras en Logroño.
La SEPI también ha quedado atrapada en esta derivada del caso. La detención ayer de su expresidente, Vicente Fernández Guerrero, ha añadido un elemento de alto voltaje institucional. Tras dejar la presidencia de la SEPI, Fernández fue contratado en 2021 por Servinabar 2000 SL, la empresa investigada por gestionar las comisiones del 2%.
La UCO ha registrado además Sepides, Enusa y Mercasa, sociedades vinculadas a la SEPI, lo que indica que los investigadores sospechan que la red de irregularidades podría haber alcanzado a múltiples empresas estatales.
Con las detenciones simultáneas de Antxón Alonso y Vicente Fernández, los investigadores consideran que la supuesta red está lejos de ser un caso aislado.
La causa —bajo secreto de sumario— investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Un escándalo que ya trasciende al Caso Cerdán
La fotografía que emerge es la de un entramado en el que empresas del IBEX, sociedades públicas, cargos del Estado y asesores ministeriales habrían actuado en paralelo para influir en la adjudicación de grandes obras.
Aunque la investigación continúa, la amplitud institucional del caso es ya evidente. La trama de obra pública salpica a organismos dependientes del Gobierno y apunta a decisiones adoptadas en años recientes bajo el Ministerio de Transportes.
Lo que parecía una ramificación del caso de las mascarillas adquiere ya un peso político propio y amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados de la contratación pública española en la última década.
