Florentino Pérez (ACS) pierde el primer gran contrato de Ayuso para la Ciudad de la Salud en Madrid
Grupo Ortiz logra un contrato clave de 29,4 millones de euros en el Hospital La Paz tras un desempate técnico con ACS, donde el porcentaje de inclusión laboral fue el factor decisivo
Montaje realizado por Economía Digital.
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El macroproyecto de la Ciudad de la Salud de Madrid sigue moviendo millones en adjudicaciones, y la última licitación para el primer edificio de la futura Ciudad de la Salud de Madrid ha recaído en el Grupo Ortiz en un ajustado proceso frente a otros gigantes del sector, incluyendo a la gran favorita, ACS, gracias a un factor que va más allá del precio o el diseño técnico: la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El contrato adjudicado, valorado en 29,4 millones de euros, corresponde a la demolición del punto limpio y la construcción del edificio industrial y la galería de instalaciones, una pieza clave en el arranque de la profunda renovación de La Paz.
La Mesa de Contratación, tras la exclusión de Seranco por no acreditar correctamente los requisitos de solvencia técnica (en concreto, el título habilitante del Responsable de Instalaciones), se encontró con un escenario de empate técnico entre las dos ofertas mejor valoradas que quedaban en liza: Grupo Ortiz y Vías y Construcciones (filial de ACS).
Según la documentación interna a la que ha tenido acceso Economía Digital, la resolución del empate se produjo en estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La LCSP establece una jerarquía de criterios de desempate en los que, en última instancia, se recurre a criterios sociales.
El Acta concluye que estando ambas empresas «en igualdad de condiciones respecto al resto de criterios de desempate establecidos en el PCAP, dicho porcentaje constituye el elemento determinante para resolver el empate, conforme a lo previsto en la cláusula 17 del pliego.»
El factor decisivo fue, precisamente, el mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla acreditado por Grupo Ortiz. Este criterio no solo le permitió romper el empate, sino hacerse con la jugosa adjudicación.
Este caso ejemplifica cómo la normativa de contratación pública está evolucionando para utilizar el gasto público como palanca de impacto social. Desde la reforma de la LCSP, la Administración tiene la obligación de introducir criterios cualitativos y sociales que fomenten la igualdad y la inserción laboral de colectivos vulnerables.
Para las grandes constructoras, acostumbradas a competir al milímetro en precio y experiencia técnica, la incorporación de estos criterios sociales se ha convertido en una «ingeniería de ofertas» estratégica. Ya no basta con ser la más barata o la más rápida; las empresas deben demostrar un compromiso corporativo real que se traduce en puntos de valoración.
Grupo Ortiz gana a ACS
El resultado es doble: por un lado, se premia a las empresas que lideran la inclusión; por otro, se abre el debate sobre el peso que deben tener estos criterios frente a la solvencia económica o el impacto presupuestario. No obstante, en un contexto de empate, la ley respalda de forma clara la prevalencia de los criterios de índole social.
Finalmente, la adjudicación confirma que Grupo Ortiz ha dado cumplimiento a todos los requisitos de solvencia, elevando la propuesta de adjudicación formal por casi 30 millones de euros a la empresa, dando así luz verde al inicio de los trabajos para el edificio industrial de la Ciudad de la Salud.
