Aena contradice a Fomento y subirá los alquileres de las tiendas con un nuevo concurso

Los operadores comerciales denuncian que la empresa no ha rectificado aún la factura de 2020 y dan por hecho que los nuevos contratos “serán abusivos”

Maurici Lucena, presidente de Aena

Maurici Lucena, presidente de Aena

Aena no va a prorrogar ningún contrato comercial con los inquilinos de los aeropuertos. Cuando venzan (y la mayoría lo hará antes de 2025) los sacará a concurso público. Además, llevará al Tribunal Constitucional a los operadores que habían demandado a la empresa por no estar de acuerdo con la rebaja de la renta que ofreció a principio de año. 

La empresa que dirige Maurici Lucena propuso a los operadores comerciales de las actividades de duty-free, tiendas y restauración, una rebaja del alquiler que pagan por sus locales para ayudar a mitigar el impacto de la crisis sanitaria. 

En concreto, el gestor aeroportuario ofreció en enero una rebaja del 100% de la renta a todos los inquilinos durante el primer estado de alarma y un descuento del 50% desde 21 de junio de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.  

La empresa revela que envió 159 propuestas y la aceptaron 91, los mismos solo representan el 11% de la facturación total de Aena. Los inquilinos que la aceptaron (en general, pequeños comerciantes) siempre han defendido que no estaban de acuerdo con la solución ofrecida. 

Lo que pidieron desde el principio es, que la renta se ajustase al flujo real de pasajeros. Sin embargo, muchos decidieron aceptar porque no tenían recursos para demandar. Pero los principales arrendatarios, donde se encuentran firmas como Dufry, el grupo SSP o Areas rechazaron el acuerdo y optaron por judicializar el proceso. 

Los grandes operadores solicitaron en los Juzgados que se adoptaran medidas cautelares para que Aena no pudiera facturar las rentas mínimas pactadas en los contratos y suspendiera el derecho a la ejecución de las garantías disponibles ante un posible impago de las mismas. 

Entre tanto, grandes y pequeños, decidieron llevar el conflicto al Congreso de los Diputados y ocho meses después del inicio de la disputa lo consiguieron. El 16 de septiembre, el Senado sacaba adelante una enmienda para que Aena adaptara los alquileres al flujo de pasajeros y el día 23, lo refrendaba el Congreso de los Diputados.  

La norma aprobada establece que Aena no puede exigir el pago del alquiler a ningún inquilino durante el periodo del 15 de marzo y el 20 de junio de 2020. Y a partir del día 21 de junio de 2020, la renta mínima fijada en los contratos queda automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019. 

Esta reducción se aplicará hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019 y Aena estima que esto ocurrirá en 2026. Por ello, la empresa informó al mercado de que con esta ley dejaría de ganar 1.500 millones en un periodo de cinco años (entre 2020 y 2025).  

Aeropuerto de Aena
En la imagen, un aeropuerto español operado por Aena.

Pero en la publicación de sus cuentas trimestrales ha hecho una nueva estimación: el impacto será de 1.350 millones de euros, 150 millones menos. ¿La razón? La empresa ha decidido que no va a prorrogar ningún contrato al que afecte la ley si vence de aquí a 2025. 

Lo que hará es licitar, sacando los locales que queden libres de nuevo a concurso público. De esta manera, podrá establecer unas nuevas condiciones sobre el alquiler de los mismos. Para las empresas que han interpuesto una demanda (han sido notificadas 67) también tiene planes. 

Además de no prorrogar sus contratos, les planteará una cuestión de inconstitucionalidad, dejando a los jueces que decidan si se debe o no aplicar la ley. Pese a ello, Aena ha decidido provisionar 30,3 millones de euros en la cuenta de resultados.  

Dufry aporta un 28% de sus ingresos comerciales

Según reflejan estas cuentas, uno de los contratos que vence en octubre de 2023 es el de Dufry, el gestor de los Duty Free, las tiendas libres de impuestos que hay en los aeropuertos, uno de sus principales clientes. En 2019, antes de la pandemia, los ingresos derivados de estas tiendas alcanzaron 345 millones de euros, representando casi el 28% de los ingresos de la actividad comercial.  

Ese año, Aena acordó prorrogar su contrato con este operador en los 25 aeropuertos de su red hasta de octubre de 2020. Pero la prórroga (activada el año pasado) tiene un período de cinco años y se debe revisar en 2023, año en el que Aena decidirá romper el contrato.  

La mayoría de locales comerciales se verá afectado 

Desde AEOCA (Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos) avisan, el de Dufry no es el único contrato que hay que revisar en los próximos ejercicios. “En esta asociación hay 30 operadores y a la mayoría les vence el contrato de aquí a 2025”, explican. 

Los de restauración son más largos que los de retail, añaden, pero en general los contratos de los aeropuertos siempre han tenido una vida de 3-5 años y las prórrogas suelen ser de 6 meses o como mucho un año. 

De manera que “casi todos se verán afectados”, porque hay contratos caducados desde 2020, que se han prorrogado –dadas las circunstancias- porque no hubo concurso, pero Aena aprovechará ahora para licitar nuevos contratos y tienen claro que estos “serán más abusivos”

Los operadores comerciales que decidieron pagar también denuncian que Aena no ha rectificado la factura de 2020. “Dicen que van a aplicar la ley, pero no cuándo”. Y algunos de los que acudieron a los tribunales y no habían pagado la renta a la espera de que la justicia se pronunciase han decidido estar al corriente de pago para eliminar el proceso judicial, comentan. 

“Siempre hemos querido pagar, pero lo que corresponde, sin perder dinero”, así que pedirán una factura rectificativa de 2020 y 2021, aunque prevén que Aena no lo haga porque quiere ganar tiempo en el Tribunal Constitucional. 

Al respecto recuerdan que Aena, como empresa, no puede recurrir y solo puede presentar un recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores, el defensor del Pueblo o los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas o sus Asambleas.    

Cristina Hidalgo