Una nueva empresa entra en concurso de acreedores y despide a más de 600 trabajadores en la Vall d’Uixó

Una nueva crisis golpea al corazón del sector citrícola en la provincia de Castellón. La empresa Agribur, dedicada a la producción y exportación de cítricos, ha formalizado su entrada en concurso de acreedores tras no lograr superar una deuda acumulada de más de 30 millones de euros, y ha comenzado el despido masivo de más de 600 trabajadores. Este drástico paso afecta tanto a los empleados de Agribur como a los de su firma asociada, Store Mech, ambas con sede en la Vall d’Uixó, y supone un duro golpe para la economía comarcal y el empleo local.

El expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla ha sido contundente y polémico. Tras semanas de negociaciones entre la empresa y los sindicatos, no se ha alcanzado ningún acuerdo. Los sindicatos UGT y CCOO han decidido impugnar judicialmente el proceso, al considerar que la empresa no ha justificado de forma clara su situación financiera ni ha planteado indemnizaciones dignas.

Las condiciones ofrecidas por Agribur –20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades– han sido rechazadas frontalmente, especialmente por parte de los 155 empleados del área de manipulado, un colectivo en el que predominan mujeres con una larga trayectoria laboral en la compañía. Los sindicatos sostienen que se trata de despidos improcedentes y exigirán indemnizaciones superiores ante los tribunales, lo que podría abrir un largo proceso judicial.

Agricultores, también damnificados por el concurso de acreedores

Los trabajadores no son los únicos afectados por el colapso de Agribur. Una quincena de agricultores de la comarca de la Plana Baixa han denunciado impagos por parte de la empresa, que les adeuda importes de entre 20.000 y 30.000 euros correspondientes a la última campaña de cítricos. En muchos casos, los productores firmaron contratos de compraventa incluso después de que Agribur solicitara el preconcurso voluntario, sin conocer la delicada situación económica de la firma.

Estos agricultores cuentan con el respaldo jurídico de la Unió Llauradora, que ya ha anunciado su intención de personarse en el procedimiento concursal. Además, la organización agraria no descarta emprender acciones legales más contundentes, incluso de carácter penal, al entender que algunos productores pudieron ser engañados o, como mínimo, mal informados sobre la verdadera salud financiera de la empresa.

Agribur ha sido una de las compañías citrícolas más relevantes de Castellón. Especializada en la exportación de clementinas y mandarinas con hoja, operaba junto a Store Mech, encargada de la manipulación de naranja y fruta sin hoja. En conjunto, ambas instalaciones procesaban alrededor de 30 millones de kilos de fruta al año, lo que convertía a la compañía en un referente dentro del sector agroalimentario valenciano.

Su caída repentina deja un vacío muy difícil de cubrir en la Vall d’Uixó y plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de un modelo basado en grandes volúmenes de exportación con márgenes cada vez más ajustados. La falta de financiación y la imposibilidad de reestructurar su deuda de más de 30,6 millones de euros han sido determinantes para llegar a este desenlace.

Consecuencias para la economía local

El cierre efectivo de Agribur implica el despido directo de más de 600 trabajadores, un número que representa un impacto profundo para el tejido social y económico de la Vall d’Uixó y sus alrededores. Muchas de estas personas llevaban años trabajando para la empresa, lo que agrava la situación personal de centenares de familias que ahora deben buscar una nueva salida laboral en una zona ya afectada por otras crisis industriales en el pasado.

Además, la caída de una empresa de este tamaño afecta a toda la cadena de valor agrícola: desde los transportistas hasta los proveedores de envases, maquinaria y logística. En definitiva, el cierre de Agribur supone un terremoto económico cuyas réplicas aún están por medirse.

Este caso reabre el debate sobre la viabilidad del actual modelo citrícola valenciano. La presión de los precios internacionales, la fuerte competencia exterior, el aumento de los costes de producción y la falta de apoyo financiero estructural son factores que amenazan la estabilidad de muchas empresas del sector. Agribur, que parecía una compañía consolidada, no ha podido resistir estas tensiones, lo que pone en alerta al resto de operadores agrícolas de la región.

El futuro, en manos de los juzgados

Con la empresa ya en fase concursal, será ahora la justicia quien deberá ordenar el proceso: resolver los despidos, analizar los posibles delitos mercantiles y establecer el orden de pagos a acreedores, entre los que figuran bancos, proveedores, agricultores y empleados.

En paralelo, la administración concursal deberá valorar si existe alguna posibilidad de reactivación, venta o liquidación ordenada, aunque las fuentes sindicales y agrarias consultadas consideran esta última opción como la más probable.

Lo cierto es que el caso de Agribur representa una herida abierta en el corazón citrícola de Castellón, un episodio que deja en evidencia las fragilidades de un sector esencial para la economía valenciana y que ahora más que nunca requiere de respaldo institucional, reformas estructurales y medidas urgentes para evitar que se repita la historia.