Así arranca Casa 47, la nueva empresa pública que gestionará vivienda en España

La nueva entidad pública asume el mandato de impulsar vivienda asequible y coordinar proyectos urbanos en todo el país

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Foto: Diego Radamés / Europa Press

La puesta en marcha de Casa 47 marca un antes y un después en la política estatal de vivienda, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto que transforma el clásico Sepes en una entidad renovada y con un mandato mucho más amplio. La nueva denominación refleja la intención del Gobierno de situar la vivienda en el centro de la estrategia pública, en un momento de máxima presión por la escasez de oferta y el creciente coste del acceso a un hogar.

Con personalidad jurídica propia y plena autonomía de gestión, Casa 47 nace con la misión de convertirse en un actor determinante en la promoción de vivienda asequible, un ámbito donde España arrastra un déficit histórico. La entidad queda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, bajo la coordinación directa de la Secretaría de Estado del ramo, lo que supone integrar su funcionamiento en el núcleo del diseño de políticas públicas.

La transformación responde a la necesidad de dotar al Estado de una herramienta más flexible, capaz de ejecutar proyectos de suelo y vivienda con mayor rapidez y de coordinarse tanto con administraciones autonómicas y municipales como con el sector privado.

Una entidad con herramientas ampliadas y capacidad para firmar acuerdos

Casa 47 tendrá la facultad de suscribir convenios con organismos públicos y empresas privadas, una vía que permite activar proyectos de urbanización, regeneración o promoción residencial sin depender exclusivamente de la maquinaria administrativa tradicional. Estas colaboraciones se ajustarán a la normativa urbanística vigente en cada territorio, lo que garantiza la integración de los proyectos en los planes municipales y autonómicos.

La autonomía patrimonial y financiera permitirá a la entidad manejar su propio presupuesto y encarar operaciones de mayor escala, un aspecto clave en un contexto donde se requiere movilizar suelo y acelerar construcción para aumentar la oferta de vivienda asequible. Además, los convenios tendrán una duración máxima de 12 años prorrogables, lo que ofrece margen para proyectos complejos que requieren continuidad y estabilidad institucional.

El Gobierno defiende que esta estructura reforzada permitirá a Casa 47 convertirse en un motor para dinamizar suelo público, especialmente en áreas tensionadas, y desplegar nuevas promociones de alquiler asequible de manera más eficiente.

Un organigrama diseñado para abarcar toda la cadena de valor de la vivienda

La nueva entidad contará con un amplio abanico de direcciones generales, que cubren desde la gestión financiera hasta la promoción o la transformación urbana. Un diseño que busca evitar cuellos de botella y asegurar que los proyectos avancen de forma coordinada. La Secretaría General actuará como eje operativo, mientras que más de media docena de direcciones generales se ocuparán de ámbitos específicos.

Entre ellas destacan la Dirección General de Urbanización y Agenda Urbana y la Dirección General de Edificación, responsables de planificar el desarrollo de suelo y de ejecutar las obras de construcción. También se crea la Dirección General de Parque de Vivienda Asequible, cuyo objetivo será expandir y mantener el stock de vivienda pública en alquiler.

El organigrama se completa con áreas dedicadas a la promoción, a la colaboración interadministrativa, a la transformación urbana y a la comunicación institucional, reflejando la intención de que la entidad opere con criterios profesionales y transparencia.

Un libro con el Artículo 47 de la Constitución Española durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda
Un libro con el Artículo 47 de la Constitución Española durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda. Foto: Diego Radamés / Europa Press

El Consejo Rector, núcleo de gobierno y control estratégico

Casa 47 estará dirigida por un Consejo Rector compuesto por siete vocalías más la Presidencia, una estructura relativamente reducida con la que se busca agilizar decisiones y evitar la parálisis que a veces afecta a los órganos colegiados más amplios. Cinco de los vocales serán designados por el Ministerio de Vivienda y dos por el Ministerio de Hacienda, reflejo del peso presupuestario que tendrá la entidad.

Entre estos miembros se elegirá una Vicepresidencia, que apoyará a la Presidencia en la supervisión de la hoja de ruta y en la interlocución con otras administraciones. Además, la Secretaría del Consejo asistirá a las sesiones con voz pero sin voto, garantizando la precisión jurídica y el funcionamiento administrativo del órgano.

Los directores generales podrán participar en las reuniones del Consejo cuando sean convocados, aportando información técnica relevante, aunque sin derecho a voto. Esta combinación pretende equilibrar la independencia del órgano de gobierno con la necesaria conexión con la gestión diaria.

Un reto mayúsculo para un mercado tensionado

El nacimiento de Casa 47 llega en un momento en el que España acumula un déficit estructural de vivienda, especialmente en alquiler y en ubicaciones urbanas donde la demanda supera con creces la oferta disponible. La nueva entidad se presenta como una pieza clave para desbloquear suelo, impulsar promociones y acelerar la construcción de vivienda asequible, un ámbito donde el Estado había perdido capacidad de intervención directa.

Para muchos expertos, la clave estará en la rapidez con la que la entidad pueda desplegar proyectos y cerrar acuerdos con ayuntamientos, comunidades autónomas y actores privados, ya que muchas promociones dependen de trámites largos o de la coordinación entre distintos niveles institucionales. La autonomía de gestión de Casa 47 será puesta a prueba desde sus primeras actuaciones, especialmente en terrenos estratégicos donde el desarrollo lleva años estancado.

El Gobierno, por su parte, defiende que esta transformación permitirá evitar bloqueos, profesionalizar la gestión y asegurar un flujo continuado de nuevas viviendas en alquiler asequible, algo que considera indispensable para frenar la escalada de precios y mejorar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias.

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Alba Carbajal

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