Deloitte arroja dudas sobre el futuro de Aliseda (Blackstone) por un aval de 3.000 millones
Deloitte advierte dudas sobre Aliseda, que negocia ampliar el vencimiento de más de 3.000 millones de deuda el próximo mes de marzo.
El CEO de Aliseda y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce. Foto: Aliseda.
Deloitte, autidor de las cuentas de Aliseda, la inmobiliaria con sede en Barcelona controlada por la mayor firma de capital riesgo del mundo, Blackstone, arroja dudas sobre el futuro de la compañía.
La firma advierte en el informe de auditoría del ejercicio pasado de la compañía que esta es garante solidaria de la deuda financiera sindicada formalizada por Grupo Project Quasar Investments 2017, en la que está integrada. Y que mantiene saldos deudores por importe de 2.691 millones de euros con empresas de Grupo Quasar.
Todo ello indica «la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento (…)».
La inmobiliaria dirigida por Eduard Mendiluce negocia la refinanciación de la deuda con acreedores para extender la fecha de vencimiento, el próximo 15 de marzo de 2026.
Los activos de Aliseda provienen en su mayoría de Banco Popular
Aliseda posee una cartera de activos inmobiliarios con un valor, a 31 de diciembre de 2024, de 728 millones de euros para las existencias e inversiones, y de 254 millones en participaciones en empresas del grupo y participadas.
Los activos de Aliseda proceden de Banco Popular, adquiridos en diciembre de 2013.
Como parte de aquella operación, se formalizó también un contrato de gestión de préstamos hipotecarios y activos inmobiliarios entre las dos sociedades, con un plazo de duración de diez años y otros cinco adicionales para la gestión de saldos remanentes.
En 2018, tras la caída de Popular y su adquisición por parte de Santander, Aliseda pasó a formar parte de Quasar Investment, controlada por Blackstone.
En marzo de 2018 se formalizó el traspaso de la participación de Popular en Aliseda a los fondos controlados por la firma de capital riesgo estadounidense por un precio total cercano a los 4.000 millones de euros.
En ese año, Blackstone pasó a controlar el 51% de Aliseda y Santander el 49%, con activos que habían llegado a ser valorados en 30.000 millones de euros. La firma estadounidense y el banco presidido por Ana Botín firmaron un préstamo sindicado por valor de 7.333 millones de euros y aportaron cerca de otros 3.000 millones.

A mediados del pasado año, a través de una operación acordeón -reducción de capital y posterior ampliación-, Blackstone se hizo con cerca del 100% de Aliseda, a través de la sociedad luxemburguesa Quasar Investments.
La compañía admite en sus últimas cuentas que el próximo vencimiento de más de 3.000 millones de deuda «puede ser indicativo de una incertidumbre material que puede suponer una duda significativa sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (…)». Y asegura que existen «diversos factores» que mitigan esas dudas.
Aliseda afirma que ya están abiertas las negociaciones para ampliar ese vencimiento, y que cuenta con el apoyo financiero de Blackstone.
La inmobiliaria precisa que la financiación sindicada que mantiene por importe de 3.735 millones, la mayor parte, 3.085 millones, vence el próximo mes de marzo, y en marzo del año 2028 vencen otros 648 millones.
Aliseda se ha anotado los dos últimos años pérdidas por deterioro por importe cercano a los 1.000 millones
Del importe total, 948 millones corresponden a deuda con entidades vinculadas a Blackstone. La totalidad de las acciones de Aliseda se encuentran pignoradas en función del acuerdo de financiación.
Aliseda posee también una pequeña participación, menos del 3%, de la inmobiliaria cotizada Metrovacesa, de la que percibió el pasado año 2,3 millones en dividendos.
De acuerdo a las cuentas de 2024 de Aliseda, consultadas por este diario a través de Insight View, la compañía finalizó el ejercicio con activos financieros a coste amortizado por importe de 2.700 millones de euros, 700 millones más que en 2023.
Aliseda, venta de Calanza Inmuebles
Entre los factores mitigadores de las dudas que planean sobre su capacidad para mantener la actividad, Aliseda destaca en sus últimas cuentas «la perspectiva de cobro de los pagos contingentes acordados en el contexto de venta de Calanza Inmuebles«.
Algo que, señala, se valora «como una cuestión de tiempo, más que de incertidumbre real».
Como ha publicado este diario, Aliseda se ha introducido recientemente en el negocio de los centros de datos, en el que emplearía fincas adquiridas a través de Calanza Inmuebles.
La tasadora Estava ha ganado en juicio una demanda contra Aliseda por importe de casi 9 millones
La compañía de Blackstone dice que espera obtener 600 millones de euros en la operación de Calanza Inmuebles. No obstante, en otro apartado de sus últimas cuentas, Aliseda revela que el pasado mes de octubre «vendió la totalidad de las participaciones» de Calanza Inmuebles, pero no precisa el precio acordado.
«El resultado derivado de esta venta no ha supuesto un impacto relevante en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio», asegura, y añade que el acuerdo incluye pagos futuros en función del cumplimiento de determinados hitos.
Aliseda, 1.000 millones de pérdidas por deterioro
Al término de 2024 Aliseda posee terrenos valorados en 1.296 millones de euros (1.666 millones en 2023), así como obras en curso y terminadas por un importe cercano a los 250 millones.
Pero cada año la inmobiliaria de Blackstone se anota cerca de 1.000 millones de euros en pérdidas por deterioro (916 millones en 2024 y 1.208 millones un año antes).
Los activos de Aliseda se encuentran ubicados en su mayor parte en Andalucía (173 millones de euros); Cataluña (87 millones); Madrid (85 millones); y Valencia (79 millones).
Aliseda provisionó al cierre de 2024 cerca de 9 millones de euros para hacer frente a procedimientos judiciales.
La mayor parte de esa provisión responde a una demanda interpuesta contra la inmobiliaria de Blackstone por parte de la tasadora Estava. Aliseda presentó recurso de casación, pero el Tribunal Supremo inadmitió el recurso.